{"id":11379,"date":"2017-06-12T15:26:31","date_gmt":"2017-06-12T13:26:31","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/06\/12\/demandas-de-inversor-espanol-declaradas-inadmisibles-en-caso-contra-costa-rica\/"},"modified":"2024-08-16T20:14:06","modified_gmt":"2024-08-16T18:14:06","slug":"demandas-de-inversor-espanol-declaradas-inadmisibles-en-caso-contra-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/06\/12\/demandas-de-inversor-espanol-declaradas-inadmisibles-en-caso-contra-costa-rica\/","title":{"rendered":"Demandas de inversor espa\u00f1ol declaradas inadmisibles en caso contra Costa Rica"},"content":{"rendered":"

Supervisi\u00f3n y Control S.A. vs. La Rep\u00fablica de Costa Rica, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/12\/4<\/em><\/h2>\n

Por mayor\u00eda, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) confirm\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre las demandas entabladas por un inversor espa\u00f1ol contra Costa Rica. Sin embargo, declar\u00f3 que las demandas eran inadmisibles por la cl\u00e1usula de selecci\u00f3n del foro o debido al incumplimiento, por parte del inversor, del requisito del per\u00edodo de espera bajo el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Costa Rica y Espa\u00f1a. El tribunal orden\u00f3 a cada parte el pago de sus propias costas legales y la mitad de los costos del arbitraje.<\/p>\n

Antecedentes de hecho y demandas <\/em><\/h3>\n

Supervisi\u00f3n y Control (SyC), constituida en Espa\u00f1a, y Transal, con sede en Costa Rica, conformaron el consorcio Riteve para presentarse en el proceso de licitaci\u00f3n de una concesi\u00f3n para brindar servicios de inspecci\u00f3n t\u00e9cnica vehicular (ITV) en Costa Rica. Riteve gan\u00f3 la licitaci\u00f3n y celebr\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con Costa Rica en mayo de 2001.<\/p>\n

En varias instancias entre 2001 y 2011, el Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transporte de Costa Rica decidi\u00f3 no efectuar aumentos anuales en las tarifas del servicio de ITV tal como supuestamente lo requer\u00eda el contrato de concesi\u00f3n. SyC present\u00f3 una solicitud de arbitraje ante el CIADI el 21 de diciembre de 2011, reclamando que Costa Rica viol\u00f3 la norma de trato justo y equitativo (TJE<\/span>), el art\u00edculo sobre expropiaci\u00f3n, la cl\u00e1usula paraguas y otras disposiciones del TBI entre Costa Rica y Espa\u00f1a, y solicit\u00f3 compensaci\u00f3n por \u20ac261,6 millones.<\/p>\n

Tribunal confirma jurisdicci\u00f3n sobre demandas en virtud de cl\u00e1usula paraguas ampliamente redactada <\/em><\/h3>\n

El tribunal remarc\u00f3 que la violaci\u00f3n de un contrato entre un Estado y un inversor extranjero no constituye en s\u00ed misma una violaci\u00f3n del derecho internacional o de un tratado, sino que el Art\u00edculo III.2 del TBI consist\u00eda en una cl\u00e1usula paraguas, que exig\u00eda a cada Estado que cumpla con toda obligaci\u00f3n asumida en relaci\u00f3n con la inversi\u00f3n de los inversores del otro Estado.<\/p>\n

Costa Rica argument\u00f3 que el tribunal no ten\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre las demandas presentadas en virtud de la cl\u00e1usula paraguas dado que no hab\u00eda una relaci\u00f3n contractual directa entre SyC y Costa Rica bajo el contrato de concesi\u00f3n. Sin embargo, el tribunal consider\u00f3 que la redacci\u00f3n del Art\u00edculo III.2 \u2014que establece que el Estado debe cumplir con las obligaciones \u201crelacionadas con las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante\u201d\u2014 era lo suficientemente amplia para cubrir las obligaciones de Costa Rica hacia Riteve, una empresa controlada por SyC, m\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n contractual directa. Consecuentemente, el tribunal admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre las demandas.<\/p>\n

Admisibilidad: tribunal observa cl\u00e1usula de selecci\u00f3n del foro en el Art\u00edculo XI.3<\/em><\/h3>\n

El Art\u00edculo XI.3 del TBI establece que si el inversor ha presentado la controversia ante los tribunales nacionales, puede iniciar un arbitraje si estos tribunales no emitieron una decisi\u00f3n; en caso de iniciar un arbitraje, el inversor debe adoptar las medidas necesarias para retirarse definitivamente del procedimiento judicial. El tribunal consider\u00f3 que la disposici\u00f3n constituye una cl\u00e1usula de selecci\u00f3n del foro correspondiente a una cl\u00e1usula de renuncia.<\/p>\n

Seg\u00fan la opini\u00f3n del tribunal, la selecci\u00f3n del foro es un requisito de admisibilidad y era necesario determinar si SyC present\u00f3 la controversia ante un tribunal competente en Costa Rica y, de ser as\u00ed, si se retir\u00f3 del procedimiento judicial una vez iniciado el arbitraje.<\/p>\n

Primero, el tribunal analiz\u00f3 el procedimiento iniciado por Riteve ante el Juzgado Contencioso Administrativo (JCA), que seg\u00fan Costa Rica violaba la cl\u00e1usula de selecci\u00f3n del foro. Para determinar si el procedimiento del JCA se relacionaba con la controversia sometida a arbitraje, el tribunal aplic\u00f3 la prueba de la \u201cbase fundamental de una demanda\u201d. Seg\u00fan esta prueba, el tribunal debe analizar si el JCA y los casos arbitrales compart\u00edan la causa fundamental de la demanda y si persegu\u00edan los mismos efectos. Como segundo paso, el tribunal deb\u00eda analizar si las demandas entabladas por Riteve ante el JCA eran atribuibles a SyC.<\/p>\n

El tribunal consider\u00f3 que el JCA y los procedimientos arbitrales persegu\u00edan los mismos efectos: compensaci\u00f3n por da\u00f1os derivados de la conducta u omisi\u00f3n de Costa Rica, la presunta violaci\u00f3n del derecho nacional en los procedimientos locales y la presunta violaci\u00f3n del tratado en el arbitraje. En cuanto al segundo paso, considerando que Riteve era un veh\u00edculo corporativo actuando seg\u00fan los intereses e instrucci\u00f3n de SyC, su accionista mayoritario, el tribunal concluy\u00f3 que el procedimiento del JCA iniciado por Riteve deb\u00eda ser considerado como presentado por SyC.<\/p>\n

Sin embargo, el tribunal remarc\u00f3 que Riteve no se retir\u00f3 del procedimiento del JCA una vez que SyC inici\u00f3 el arbitraje, en violaci\u00f3n del Art\u00edculo XI.3. Por lo tanto, el tribunal sostuvo que las demandas que formaban parte del procedimiento del JCA \u2014es decir, aquellas que surgieron a ra\u00edz de la conducta u omisi\u00f3n de Costa Rica en relaci\u00f3n con las tarifas del servicio de ITV\u2014 eran inadmisibles en el arbitraje. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que las demandas entabladas por SyC, que no se refer\u00edan al ajuste tarifario, en principio eran admisibles si cumpl\u00edan con otros requisitos de admisibilidad.<\/p>\n

Admisibilidad: requisitos de consulta y per\u00edodo de espera bajo el Art\u00edculo XI.1<\/em><\/h3>\n

El Art\u00edculo XI.1 del tratado requiere que el inversor notifique cualquier controversia con el Estado demandado, incluyendo informaci\u00f3n detallada. Los procedimientos judiciales o arbitrales formales \u00fanicamente pueden ser iniciados si no se lleg\u00f3 a una soluci\u00f3n amistosa dentro de un per\u00edodo de seis meses desde la notificaci\u00f3n. El tribunal record\u00f3 que la notificaci\u00f3n adecuada es un elemento del consentimiento del Estado a arbitraje y que la falta de notificaci\u00f3n implica la inadmisibilidad de la demanda dada la ausencia de una negociaci\u00f3n previa obligatoria.<\/p>\n

El tribunal observ\u00f3 que \u00fanicamente las demandas que fueron debidamente notificadas por SyC eran aquellas relacionadas con los ajustes tarifarios del ITV y los da\u00f1os derivados de la conducta de Costa Rica, que el tribunal ya hab\u00eda declarado inadmisibles. Afirm\u00f3, asimismo, que las nuevas demandas presentadas por SyC tambi\u00e9n eran inadmisibles, porque SyC no cumpli\u00f3 con el requisito del Art\u00edculo XI.1 de notificar a la demandante al menos seis meses antes de iniciar el arbitraje. De esta manera, el tribunal sostuvo que todas las demandas eran inadmisibles.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por Claus von Wobeser (presidente designado por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI, nacional mexicano), Joseph P. Klock (nominado por la demandante, nacional de Estado Unidos) y Eduardo Silva Romero (designado por la demandante, nacional colombiano y franc\u00e9s). El laudo est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw8230.pdf<\/a><\/p>\n

Maria Florencia Sarmiento\u00a0<\/strong>es ayudante de c\u00e1tedra e investigaci\u00f3n en la Universidad Cat\u00f3lica de Argentina.<\/p>\n