{"id":11345,"date":"2017-06-12T15:25:54","date_gmt":"2017-06-12T13:25:54","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/06\/12\/tribunal-de-nueva-sumision-pone-fin-a-controversia-de-20-anos-ante-el-ciadi\/"},"modified":"2024-08-16T20:14:08","modified_gmt":"2024-08-16T18:14:08","slug":"tribunal-de-nueva-sumision-pone-fin-a-controversia-de-20-anos-ante-el-ciadi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/06\/12\/tribunal-de-nueva-sumision-pone-fin-a-controversia-de-20-anos-ante-el-ciadi\/","title":{"rendered":"Tribunal de nueva sumisi\u00f3n pone fin a controversia de 20 a\u00f1os ante el CIADI"},"content":{"rendered":"

Victor Pey Casado y la Fundaci\u00f3n Presidente Allende vs. La Rep\u00fablica de Chile<\/em>, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/98\/2<\/em><\/h2>\n

El 13 de septiembre de 2016 un tribunal emiti\u00f3 un laudo final en el caso presentado por Victor Pey Casado y la Fundaci\u00f3n Presidente Allende contra Chile bajo el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Chile y Espa\u00f1a. Concluy\u00f3 que los alegatos de las demandantes eran infundados o que reca\u00edan fuera del alcance del tribunal de nueva sumisi\u00f3n conforme al reglamento de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversi\u00f3n (CIADI). Determinando que los costos del arbitraje deb\u00edan ser compartidos en la proporci\u00f3n de tres cuartos por las demandantes y un cuarto por Chile, el tribunal orden\u00f3 que las demandantes reembolsaran USD159.509,43 a Chile.<\/p>\n

Antecedentes<\/em><\/h3>\n

Pey Casado, chileno naturalizado y nacido en Espa\u00f1a, compr\u00f3 acciones en un peri\u00f3dico chileno de izquierda, El Clar\u00edn,<\/em> en 1972. <\/em>La sede del peri\u00f3dico fue ocupada durante 1973 por un golpe de estado contra el Presidente Salvador Allende. El Clar\u00edn<\/em> fue formalmente nacionalizado dos a\u00f1os despu\u00e9s por el dictador Augusto Pinochet. Pey Casado don\u00f3 el 90 por ciento de su participaci\u00f3n accionaria en El Clar\u00edn<\/em> a la otra demandante, la Fundaci\u00f3n Presidente Allende establecida en Espa\u00f1a, en enero de 1990, poco despu\u00e9s del retorno del gobierno democr\u00e1tico a Chile.<\/p>\n

En octubre de 1995, Pey Casado interpuso ante un juzgado civil chileno una demanda de restituci\u00f3n por la confiscaci\u00f3n de una rotativa Goss que se encontraba en la sede de El Clar\u00edn cuando la propiedad fue tomada durante el golpe de estado. En julio de 1998, Chile inici\u00f3 un programa de reparaciones dise\u00f1ado para compensar a las personas que hab\u00edan sufrido confiscaciones de bienes a manos del gobierno militar, pero las demandantes renunciaron al derecho de solicitar compensaci\u00f3n bajo este programa en junio de 1999. En abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile emiti\u00f3 la Decisi\u00f3n N\u00ba 43, mediante la cual autoriz\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de cuatro personas f\u00edsicas por la expropiaci\u00f3n de El Clar\u00edn<\/em>, pero la lista de beneficiarios no inclu\u00eda a las demandantes.<\/p>\n

Las demandantes iniciaron un arbitraje ante el CIADI en noviembre de 1997. El tribunal emiti\u00f3 su laudo el 8 de mayo de 2009 sobre los m\u00e9ritos de la controversia. Desestim\u00f3 las demandas de expropiaci\u00f3n pero otorg\u00f3 a las demandantes m\u00e1s de US$10 millones en da\u00f1os por la violaci\u00f3n del trato justo y equitativo (TJE<\/span>), concluyendo que la ausencia durante siete a\u00f1os de una decisi\u00f3n del juzgado chileno sobre el fondo en el contexto del caso de la rotativa Goss constitu\u00eda una denegaci\u00f3n de justicia y que el otorgamiento de una indemnizaci\u00f3n en virtud de la Decisi\u00f3n N\u00ba 43 a otras personas, pero no al Sr. Pey Casado y a la Fundaci\u00f3n, constitu\u00eda un acto discriminatorio. El tribunal declar\u00f3 inadmisibles los procedimientos de revisi\u00f3n y anulaci\u00f3n. El 18 de diciembre de 2012, el comit\u00e9 ad hoc decidi\u00f3 anular parcialmente el primer laudo con respecto al m\u00e9todo de c\u00e1lculo de los da\u00f1os.<\/p>\n

El 18 de junio de 2013, las demandantes sometieron nuevamente la controversia al CIADI conforme al Art\u00edculo 52(6) del Convenio de dicho Centro.<\/p>\n

Demanda de expropiaci\u00f3n inadmisible ya que recae fuera de la jurisdicci\u00f3n <\/em>ratione temporis del tribunal <\/em><\/h3>\n

La demandante solicit\u00f3 que se interprete ampliamente el trato justo y equitativo a fin de recibir compensaci\u00f3n por su demanda de expropiaci\u00f3n, que anteriormente fue inadmitida por una objeci\u00f3n rationae temporis<\/em> por parte del primer tribunal. El primer tribunal anteriormente hab\u00eda decidido que las protecciones sustantivas del TBI de 1991 no se extend\u00edan retroactivamente para cubrir la expropiaci\u00f3n de los bienes de las demandantes por Chile entre 1973 y 1975. Considerando el efecto res judicata<\/em> de estas conclusiones y favoreciendo a Chile, el tribunal de nueva sumisi\u00f3n concluy\u00f3 que carec\u00eda de autoridad para examinar nuevamente los alegatos de expropiaci\u00f3n.<\/p>\n

Demandantes no pueden probar da\u00f1os, tribunal niega compensaci\u00f3n <\/em><\/h3>\n

Seg\u00fan el tribunal de nueva sumisi\u00f3n, \u201ctodas las fallas identificadas por el Primer Tribunal, incluida la denegaci\u00f3n de justicia, equival[\u00edan] en su conjunto, de manera global, a no haber garantizado un tratamiento justo y equitativo, y, por ende, constitu[\u00edan] una violaci\u00f3n del TBI\u201d, otorgando a las demandantes derecho a \u201ccompensaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 209). Sin embargo, remarc\u00f3 que el primer tribunal no identific\u00f3 la naturaleza y alcance del da\u00f1o causado por la violaci\u00f3n. Tambi\u00e9n record\u00f3 que el primer laudo fue anulado debido a la metodolog\u00eda utilizada para calcular dicha compensaci\u00f3n.<\/p>\n

El tribunal estuvo en desacuerdo con las demandantes en que la \u201ccompensaci\u00f3n\u201d otorgada en el laudo del primer tribunal se refer\u00eda necesariamente a una compensaci\u00f3n monetaria. En cambio, consider\u00f3 el laudo como un \u201cderecho a reparaci\u00f3n que resulta necesariamente de la determinaci\u00f3n de la violaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n internacional, aunque sin predeterminar qu\u00e9 forma o car\u00e1cter debe adoptar esa reparaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 201). Asimismo, el tribunal concluy\u00f3 que su jurisdicci\u00f3n se limitaba a determinar la forma de la reparaci\u00f3n y, en caso de concluir que una compensaci\u00f3n monetaria resultaba apropiada, la suma de los da\u00f1os.<\/p>\n

El an\u00e1lisis del tribunal se bas\u00f3 en el Art\u00edculo 31 de los Art\u00edculos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Il\u00edcitos redactados por la Comisi\u00f3n de Derecho Internacional (CDI) de 2001, que establece que la obligaci\u00f3n principal del Estado responsable es \u201creparar \u00edntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente il\u00edcito\u201d. El tribunal indic\u00f3 que \u201cla operaci\u00f3n de la norma principal enunciada por la CDI depende del perjuicio, y, a su vez, ese perjuicio depende de la causalidad\u201d (p\u00e1rrafo 204).<\/p>\n

Dado que las demandantes se concentraron en la evaluaci\u00f3n del da\u00f1o, \u201csin proceder al paso previo de demostrar la naturaleza exacta del perjuicio, la causalidad y el propio da\u00f1o\u201d (p\u00e1rrafo 232), el tribunal sostuvo que las demandantes no han satisfecho la carga de probar el perjuicio resultante de las violaciones del tratado establecidas en el primer laudo.<\/p>\n

Entonces, el tribunal \u201cha analizado con inquietud\u201d las opciones que ten\u00eda a su disposici\u00f3n en estas circunstancias (p\u00e1rrafo 244). Explic\u00f3 que no pod\u00eda otorgar compensaci\u00f3n por expropiaci\u00f3n, dado que la demanda se encontraba excluida por el primer tribunal y el comit\u00e9 de anulaci\u00f3n. Tampoco habr\u00eda podido concebir una teor\u00eda de da\u00f1os, separada de los argumentos de las partes (esto es lo que hab\u00eda hecho el primer tribunal\u00a0 y que fue luego invalidada por el comit\u00e9 de anulaci\u00f3n), ni podr\u00eda adjudicar da\u00f1o moral \u201ccomo premio consuelo\u201d, ni pronunciarse ex aequo et bono<\/em>.<\/p>\n

Asimismo, el tribunal desestim\u00f3 todas las demandas monetarias, afirmando que \u201csu reconocimiento formal de los derechos de las Demandantes y su conclusi\u00f3n de que fueron v\u00edctimas de denegaci\u00f3n de justicia constituyen por s\u00ed mismas una forma de satisfacci\u00f3n en virtud del derecho internacional por la violaci\u00f3n por parte de la Demandada del Art\u00edculo 4 del TBI\u201d (p\u00e1rrafo 256.2).<\/p>\n

Tribunal de nueva sumisi\u00f3n desestima nueva demanda por enriquecimiento sin causa <\/em>\u00a0<\/em><\/h3>\n

Las demandantes alegaron que, mediante su posesi\u00f3n y uso de los bienes confiscados, Chile se ha enriquecido sin causa bajo el derecho chileno e internacional, en detrimento de las demandantes. A su vez, Chile aleg\u00f3 que esta demanda separada de enriquecimiento sin causa no se vinculaba con el TBI y no resultar\u00eda en el otorgamiento de compensaci\u00f3n sin una determinaci\u00f3n previa de una violaci\u00f3n del tratado.<\/p>\n

El tribunal se\u00f1al\u00f3 que la conclusi\u00f3n de responsabilidad fue fijada en el primer laudo y en la decisi\u00f3n sobre anulaci\u00f3n. Dado que las demandantes no plantearon la demanda de enriquecimiento sin causa ante el primer tribunal, el tribunal de nueva sumisi\u00f3n concluy\u00f3 que la demanda reca\u00eda fuera de su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Tribunal desestima demanda infundada por da\u00f1o moral <\/em>\u00a0<\/em><\/h3>\n

Las demandantes alegaron que la inclusi\u00f3n de Pey Casado en una lista de personas buscadas era una amenaza a su seguridad personal. Tambi\u00e9n alegaron que la negaci\u00f3n a brindar reparaci\u00f3n por la confiscaci\u00f3n de sus bienes y la conducta de Chile en el arbitraje original agrav\u00f3 su sufrimiento interno. El tribunal no admiti\u00f3 estas demandas remarcando que las demandantes no pudieron satisfacer su carga de probar que sufrieron da\u00f1os de car\u00e1cter moral.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal de nueva sumisi\u00f3n del CIADI estuvo compuesto por Frank Berman (Presidente nominado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, nacional brit\u00e1nico), Philippe Sands (designado por la demandante, nacional brit\u00e1nico) y Alexis Mourre (designado por la demandada, nacional franc\u00e9s). El laudo del 13 de septiembre de 2016 est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7630.pdf<\/a>, en franc\u00e9s en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7605.pdf<\/a> y en espa\u00f1ol en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7607.pdf<\/a>. El laudo del primer tribunal, la decisi\u00f3n sobre anulaci\u00f3n y otros documentos pertinentes al caso est\u00e1n disponibles en http:\/\/www.italaw.com\/cases\/829<\/a>.<\/p>\n

Amr Arafa Hasaan\u00a0<\/strong>es Alumnus del Graduate Institute of Geneva<\/em> y la Universidad de Ginebra, y Asesor legal de la Autoridad de Litigios del Estado Egipcio.<\/p>\n