{"id":10769,"date":"2017-03-13T14:41:58","date_gmt":"2017-03-13T13:41:58","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/03\/13\/pac-rim-vs-el-salvador-todas-las-demandas-desestimadas-oceanagold-debe-pagar-us8-millones-por-gastos\/"},"modified":"2024-08-16T20:14:33","modified_gmt":"2024-08-16T18:14:33","slug":"pac-rim-vs-el-salvador-todas-las-demandas-desestimadas-oceanagold-debe-pagar-us8-millones-por-gastos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/03\/13\/pac-rim-vs-el-salvador-todas-las-demandas-desestimadas-oceanagold-debe-pagar-us8-millones-por-gastos\/","title":{"rendered":"Pac Rim vs. El Salvador: todas las demandas desestimadas; OceanaGold debe pagar US$8 millones por gastos"},"content":{"rendered":"

Pac Rim Cayman LLC vs. la Rep\u00fablica de El Salvador, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/09\/12<\/em><\/h2>\n

El 14 de octubre de 2016, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestim\u00f3 todas las demandas presentadas por Pac Rim Cayman LLC (Pac Rim) contra El Salvador en base a los m\u00e9ritos. El tribunal orden\u00f3 a la empresa minera \u2014actualmente de propiedad de la empresa australiano-canadiense OceanaGold\u2014 que pague US$8 millones por las costas legales de El Salvador.<\/p>\n

Antecedentes de hecho <\/em><\/h3>\n

Entre 2002 y 2008, dos subsidiarias de Pac Rim en El Salvador adquirieron varias licencias de exploraci\u00f3n minera en dicho pa\u00eds. La principal actividad de Pac Rim se realizaba a trav\u00e9s del proyecto El Dorado, en Caba\u00f1as, una de las regiones m\u00e1s pobres del pa\u00eds. Habiendo verificado que el \u00e1rea conten\u00eda una cantidad importante de reservas de oro de alto grado, en diciembre de 2004 la subsidiaria de Pac Rim, Pac Rim El Salvador (PRES), solicit\u00f3 que sus licencias de exploraci\u00f3n \u2014que expirar\u00edan en enero de 2005\u2014 fueran convertidas en una concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n.<\/p>\n

La solicitud no inclu\u00eda determinados documentos exigidos por la Ley de Miner\u00eda de El Salvador, tales como permisos ambientales y el consentimiento de los propietarios de la superficie de terreno de la concesi\u00f3n solicitada.<\/p>\n

A fines de 2005, las autoridades salvadore\u00f1as propusieron una reforma a la Ley de Miner\u00eda para limitar expresamente la documentaci\u00f3n requerida al \u00e1rea afectada por la infraestructura de la mina; de ser aprobada la enmienda reducir\u00eda el n\u00famero de documentos que PRES necesitaba obtener. A pesar de apoyar a PRES esperando que la reforma fuera aprobada, las autoridades tambi\u00e9n solicitaron formalmente que PRES presentara los documentos faltantes exigidos por la ley.<\/p>\n

Sin embargo, PRES nunca los present\u00f3, y en febrero de 2008, la legislatura de El Salvador rechaz\u00f3 la reforma. El 10 de marzo de 2008, el Presidente salvadore\u00f1o, Antonio Saca, declar\u00f3 que en principio estaba otorgando nuevos permisos de explotaci\u00f3n minera; un a\u00f1o despu\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 que Pac Rim no ser\u00eda otorgada la concesi\u00f3n.<\/p>\n

Demandas y decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n<\/em><\/h3>\n

El 30 de abril de 2009, Pac Rim \u2014en su propio nombre y de sus subsidiarias\u2014 inici\u00f3 un arbitraje contra El Salvador en virtud de la Ley de Inversiones del pa\u00eds y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroam\u00e9rica y Rep\u00fablica Dominicana (CAFTA).<\/p>\n

Solicitando un pago por da\u00f1os de US$314 millones, aleg\u00f3 que la denegaci\u00f3n de la concesi\u00f3n a El Dorado dio como resultado una prohibici\u00f3n de explotaci\u00f3n minera de facto<\/em>, en violaci\u00f3n a las obligaciones del pa\u00eds bajo el derecho salvadore\u00f1o y el derecho internacional. El Salvador argument\u00f3 que Pac Rim no estaba facultada para recibir una concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n, y que el Estado no viol\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n y, por lo tanto, no era responsable por da\u00f1os.<\/p>\n

En su decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n del 1 de junio de 2012, el tribunal desestim\u00f3 las demandas presentadas en virtud del CAFTA, pero confirm\u00f3 su jurisdicci\u00f3n bajo la Ley de Inversiones de El Salvador.<\/p>\n

Tribunal omite presentaci\u00f3n de CIEL como <\/em>amicus curiae<\/h3>\n

En una presentaci\u00f3n de una parte no contendiente, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) aleg\u00f3 que las medidas de El Salvador en torno a El Dorado se fundaban en sus obligaciones internacionales de derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, el tribunal consider\u00f3 innecesario abordar la postura de CIEL, ya que las partes contendientes no consintieron dar a conocer a dicha organizaci\u00f3n el cuerpo de pruebas, y porque las decisiones del tribunal \u201cno obligan al tribunal a considerar espec\u00edficamente el supuesto planteado por CIEL; y, en las presentes circunstancias, no ser\u00eda apropiado que el Tribunal as\u00ed lo hiciera\u201d (p\u00e1rrafo 3.30).<\/p>\n

Tribunal rechaza objeciones adicionales a la jurisdicci\u00f3n por El Salvador<\/em><\/h3>\n

El Salvador aleg\u00f3 que las demandas fundadas en el derecho internacional y la Constituci\u00f3n de El Salvador ca\u00edan fuera del alcance del consentimiento a arbitrar contenido en el Art\u00edculo 15 de la Ley de Inversiones. El tribunal desestim\u00f3 la objeci\u00f3n. Remarcando que el derecho aplicable no estaba especificado en la Ley de Inversiones ni en ning\u00fan acuerdo entre las partes, el tribunal invoc\u00f3 el Art\u00edculo 42(1) del Convenio del CIADI para decidir el arbitraje de acuerdo con el derecho salvadore\u00f1o (incluyendo la Constituci\u00f3n) y las normas aplicables del derecho internacional.<\/p>\n

Seg\u00fan El Salvador, el consentimiento a arbitraje internacional bajo el Art\u00edculo 15 se ve obstaculizado por otras disposiciones del derecho salvadore\u00f1o, dado que la Ley de Inversiones somete espec\u00edficamente la explotaci\u00f3n del subsuelo a la Constituci\u00f3n y las leyes secundarias, y la Ley de Miner\u00eda hace referencia a que las controversias relacionados con licencias de exploraci\u00f3n minera o concesiones de explotaci\u00f3n quedan sometidas a la jurisdicci\u00f3n exclusiva de los juzgados salvadore\u00f1os. El tribunal, sin embargo, afirm\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de El Salvador no era vinculante, y se rehus\u00f3 a \u201caplicar otras disposiciones legislativas que invalidar\u00edan una expresi\u00f3n de consentimiento a la jurisdicci\u00f3n que es leg\u00edtima, clara e inequ\u00edvoca como cuesti\u00f3n [de] derecho internacional\u201d (p\u00e1rrafo 5.68).<\/p>\n

El Salvador tambi\u00e9n invoc\u00f3 el C\u00f3digo Civil salvadore\u00f1o para alegar que algunas demandas hab\u00edan prescripto. El tribunal no acept\u00f3 esta objeci\u00f3n recordando que: \u201cuna disposici\u00f3n de la legislaci\u00f3n salvadore\u00f1a otorgue consentimiento al arbitraje no implica que las decisiones sobre jurisdicci\u00f3n del tribunal se rijan por el derecho salvadore\u00f1o\u201d (p\u00e1rrafo 5.71). Tambi\u00e9n sostuvo que los tribunales de inversi\u00f3n no est\u00e1n necesariamente obligados a aplicar los plazos de prescripci\u00f3n dom\u00e9sticos.<\/p>\n

Laudo se enfoca en proyecto El Dorado<\/em><\/h3>\n

Al determinar si Pac Rim estaba facultada para obtener la concesi\u00f3n de El Dorado, el tribunal se enfoc\u00f3 en dos aspectos: la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica del Art\u00edculo 37(2)(b) de la Ley de Miner\u00eda y la demanda de estoppel<\/em>o actos propios. Ambos se encuentran resumidos de la siguiente manera.<\/p>\n

Pac Rim tambi\u00e9n plante\u00f3 demandas subordinadas en torno a cinco \u00e1reas de explotaci\u00f3n minera, pero el tribunal no las admiti\u00f3, dado que el inversor no pudo probar su caso en relaci\u00f3n con la responsabilidad, causalidad y la afectaci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo 37(2)(b) interpretado adversamente para el caso de Pac Rim<\/em><\/h3>\n

El Art\u00edculo 37(2)(b) exige que el postulante de una concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n presente \u201cescritura de propiedad del inmueble o autorizaci\u00f3n otorgada en forma legal por el propietario\u201d. Para Pac Rim, esto meramente requer\u00eda documentaci\u00f3n para el \u00e1rea (probablemente) directamente afectada<\/em>, mientras que El Salvador entendi\u00f3 que se requer\u00eda documentaci\u00f3n para el \u00e1rea total<\/em>de superficie de la concesi\u00f3n solicitada. El tribunal rechaz\u00f3 el argumento de Pac Rim en base a tres factores.<\/p>\n

El primer factor fue el consentimiento de Pac Rim y PRES: pese a saber que la interpretaci\u00f3n del Art\u00edculo 37(2)(b) por parte del Estado no los favorec\u00eda, confiaron en la posibilidad de una reforma legislativa, y no avanzaron con ning\u00fan otro plan: \u201cConfiaban que una reforma legislativa los llevar\u00eda al camino correcto. En este sentido, estaban equivocados\u201d (p\u00e1rrafo 8.30).<\/p>\n

Segundo, el tribunal hizo deferencia a la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n por parte de El Salvador, sosteniendo que: \u201cComo regla general, tiene que haber deferencia de los tribunales internacionales a la interpretaci\u00f3n un\u00e1nime de las propias leyes, ofrecida de la buena fe por las autoridades responsables de un Estado en un momento anterior a que surja la diferencia entre las partes\u201d (p\u00e1rrafo 8.31).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el tribunal observ\u00f3 el factor teleol\u00f3gico. Aplicando el principio de proporcionalidad bajo la Constituci\u00f3n salvadore\u00f1a, concluy\u00f3 que el Art\u00edculo 37(2)(b) exig\u00eda el consentimiento de propietarios y ocupantes superficiales que corran un riesgo potencial o real \u2014m\u00e1s all\u00e1 de aquellos que se encuentran directamente afectados por la actividad\u2014 y concluy\u00f3 que Pac Rim no cumpli\u00f3 con este requisito.<\/p>\n

Tribunal desestima demanda fundada en la doctrina de <\/em>estoppelo actos propios<\/em><\/h3>\n

Pac Rim tambi\u00e9n aleg\u00f3 que El Salvador hab\u00eda realizado \u201cdeclaraciones claras e inequ\u00edvocas\u201d de que la cuesti\u00f3n del Art\u00edculo 37(2)(b) no llevar\u00eda a la denegaci\u00f3n de la concesi\u00f3n, y que Pac Rim hab\u00eda confiado en la buena fe de dichas declaraciones; por lo tanto, El Salvador, bajo el derecho internacional y las leyes salvadore\u00f1as, estar\u00eda impedido o excluido de alegar lo contrario. Sin embargo, el tribunal no encontr\u00f3 ninguna representaci\u00f3n de El Salvador a los efectos de que, en ausencia de la reforma de la disposici\u00f3n, PRES hubiera cumplido con los requisitos, o que la concesi\u00f3n le habr\u00eda sido otorgada incluso sin dicho cumplimiento.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por V. V. Veeder (Presidente designado por las partes, ciudadano brit\u00e1nico), Guido Santiago Tawil (nominado por la demandante, nacional argentino) y Brigitte Stern (designada por la demandada, ciudadana francesa). El laudo se encuentra disponible en ingl\u00e9s en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7640_0.pdf<\/a>y en espa\u00f1ol en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7641_0.pdf<\/a>.<\/p>\n

Martin Dietrich Brauch<\/strong> es un Asesor Legal Internacional y Asociado del Programa de Inversiones y Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>, basado en Latinoam\u00e9rica<\/b><\/span><\/p>\n