{"id":10734,"date":"2017-03-13T14:35:58","date_gmt":"2017-03-13T13:35:58","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/03\/13\/tribunal-de-la-cpa-no-admite-demandas-de-expropiacion-y-fet-en-relacion-con-emprendimiento-ecoturistico\/"},"modified":"2024-08-16T20:14:36","modified_gmt":"2024-08-16T18:14:36","slug":"tribunal-de-la-cpa-no-admite-demandas-de-expropiacion-y-fet-en-relacion-con-emprendimiento-ecoturistico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/03\/13\/tribunal-de-la-cpa-no-admite-demandas-de-expropiacion-y-fet-en-relacion-con-emprendimiento-ecoturistico\/","title":{"rendered":"Tribunal de la CPA no admite demandas de expropiaci\u00f3n y FET en relaci\u00f3n con emprendimiento ecotur\u00edstico"},"content":{"rendered":"

Peter A. Allard vs. El Gobierno de Barbados, Caso de la CPA<\/span> No. 2012-06<\/em><\/h2>\n

El 27 de junio de 2016, un tribunal conformado bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) no admiti\u00f3 ninguna de las demandas presentadas por el empresario canadiense Peter A. Allard contra Barbados en virtud del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Canad\u00e1 y Barbados y del Reglamento de Arbitraje de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI<\/span>). Solicitando m\u00e1s de CAD29 millones por da\u00f1os, Allard reclam\u00f3 que Barbados no tom\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n ambiental y por ende viol\u00f3 el TBI, lo cual dio como resultado un gran prejuicio al valor de su inversi\u00f3n en un sitio de ecoturismo.<\/p>\n

Antecedentes<\/em><\/h3>\n

En 1994, Allard decidi\u00f3 establecer una atracci\u00f3n ecotur\u00edstica en la zona oeste de la costa sur de Barbados. Entre 1996y 1999 constituy\u00f3 una sociedad y adquiri\u00f3 tierras en Barbados para la construcci\u00f3n de un Santuario, abierto al p\u00fablico en 2004. Despu\u00e9s de una falla en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Costa Sur en 2005, Allard decidi\u00f3 vender el Santuario en 2007, anunciando su cierre el 29 de octubre de 2008.<\/p>\n

Allard inici\u00f3 un arbitraje contra Barbados el 21 de mayo de 2010 reclamando que las acciones del gobierno y la indecisi\u00f3n en el cierre de la esclusa de la planta de tratamiento de aguas residuales provocaron un grave da\u00f1o ambiental, lo cual dej\u00f3 sin valor su inversi\u00f3n en el sitio eco-tur\u00edstico, violando as\u00ed las disposiciones del TBI sobre trato justo y equitativo (FET<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s),protecci\u00f3n y seguridad plenas (FPS, por sus siglas en ingl\u00e9s) yexpropiaci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan Allard,el Santuario sufri\u00f3 una seria degradaci\u00f3n ambiental que gradualmente la transform\u00f3 en \u201calgo as\u00ed como un pantano infestado de mosquitos\u201d(p\u00e1rrafo 56) al momento de su cierre en 2009. Barbados rechaz\u00f3 esta acusaci\u00f3n, afirmando que la ecolog\u00eda del sitio no era prometedora cuando Allard decidi\u00f3 comenzar su negocio.<\/p>\n

En un laudo de 2014, el tribunal desestim\u00f3 dos objeciones jurisdiccionales de Barbaros, ratione materiae <\/em>y ratione personae<\/em>. Concluy\u00f3 que Allard pose\u00eda y controlaba los bienes conforme al derecho de Barbados, y que dichos bienes constitu\u00edan una inversi\u00f3n bajo el TBI. Sin embargo, pospuso la evaluaci\u00f3n de la objeci\u00f3n de Barbados a la jurisdicci\u00f3nratione temporis<\/em>del tribunal a la etapa de consideraci\u00f3n de los m\u00e9ritos.<\/p>\n

Decisi\u00f3n de Allard de invertir precede a declaraciones de Barbados; no hay violaci\u00f3n de FET<\/em><\/h3>\n

Allard aleg\u00f3 que Barbados no satisfizo sus expectativas leg\u00edtimas como inversor y, por lo tanto, no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n FET bajo el TBI. Seg\u00fan Allard, se bas\u00f3 en declaraciones de algunos funcionarios de Barbados que reflejaban un compromiso de preservar el ambiente ecol\u00f3gico en el \u00e1rea que circundaba al santuario.<\/p>\n

Barbados sostuvo que el est\u00e1ndar FET corresponde al nivel m\u00ednimo de trato de extranjeros bajo el derecho consuetudinario internacional. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que las declaraciones y circunstancias alegadas por Allard se suscitaron despu\u00e9s de su decisi\u00f3n de invertir.<\/p>\n

El tribunalconcluy\u00f3 que ninguna de dichas declaraciones calificaba como promesas espec\u00edficas que podr\u00edan generar expectativas leg\u00edtimas: sino que se trataba de planes o informes elaborados por peritos contratados de manera privada por el mismo Allard.Adem\u00e1s, el tribunal concluy\u00f3 que, a excepci\u00f3n de un documento con fecha del 1986, totas las declaraciones fueron realizadas despu\u00e9s de su decisi\u00f3n de invertir, en 1994. Por lo tanto, el tribunal concluy\u00f3 que Barbados no viol\u00f3 su obligaci\u00f3n FET.<\/p>\n

Barbados cumple con su compromiso de FPS <\/em><\/h3>\n

Allard aleg\u00f3 que el compromiso de FPSimplicaba algo m\u00e1s que garantizar la no interferencia f\u00edsica con su inversi\u00f3n. Afirm\u00f3 que Barbados no manej\u00f3 adecuadamente la esclusa, lo cual consider\u00f3 como la principal raz\u00f3n de la degradaci\u00f3n ambiental del Santuario, adem\u00e1s de su falla en la ejecuci\u00f3n de las leyes ambientales. En respuesta, Barbados afirm\u00f3 que el est\u00e1ndar FPS se encuentra limitado a la protecci\u00f3n contra un da\u00f1o f\u00edsico directo al inversor o su propiedad.<\/p>\n

El tribunalconcluy\u00f3 que Barbados tom\u00f3 todas las medidas necesarias para proteger la inversi\u00f3n:los funcionarios p\u00fablicos implementaron procedimientos para prevenir el da\u00f1o ambiental del Santuario. Asimismo, el tribunal concluy\u00f3 que la presunta falta de Barbados en la aplicaci\u00f3n de la ley ambiental pertinente no resulta relevante para la violaci\u00f3n alegada del est\u00e1ndar FPS. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que Allard nunca advirti\u00f3 a Barbados sobre los problemas asociados con la falta de aplicaci\u00f3n de dichas leyes. En consecuencia, el tribunal declar\u00f3 que Barbados cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de FPS.<\/p>\n

Demanda indirecta de expropiaci\u00f3n no comprobada<\/em><\/h3>\n

Allard aleg\u00f3 que las medidas tomadas por Barbados eran equivalentes a la expropiaci\u00f3n. En particular, indic\u00f3 que, en 2003, Barbados implement\u00f3 un plan de reclasificaci\u00f3n de las tierras adyacentes al Santuario, lo cual presuntamente gener\u00f3 un aumento de impurezas en el Santuario convirti\u00e9ndolo en un proyecto de conservaci\u00f3n en lugar de ser un proyecto tur\u00edstico. Agreg\u00f3 que la falla de Barbados al no aplicar las leyes ambientales pertinentes y en la operaci\u00f3n adecauda de la esclusa provoc\u00f3 la degradaci\u00f3n ambiental del Santuario.A su vez, Barbados objet\u00f3 que Allard nunca fue privado del Santuario o de su valor econ\u00f3mico. Al contrario, afirm\u00f3 que el sitio atrajo visitantes hasta su cierre en 2009.<\/p>\n

El tribunalse mostr\u00f3 convencido de que Allard sigui\u00f3 siendo el \u00fanico operador del sitio ya sea como una atracci\u00f3n ecotur\u00edstica o posteriormente como un caf\u00e9: no fue privado de la posesi\u00f3n f\u00edsica del bien inmueble. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Allardobtuvo un beneficio econ\u00f3mico de operar su negocio hasta que decidi\u00f3 cerrarlo. El tribunal tambi\u00e9n concluy\u00f3 que Allard no estableci\u00f3 un v\u00ednculo de causa y efecto entre la presunta degradaci\u00f3n del ambiente circundante y su decisi\u00f3n de poner fin a su negocio. De acuerdo con el tribunal, tampoco prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o excepcional a su ambiente marino antes de tomar la decisi\u00f3n de salirse del Santuario. Para el tribunal, la supuesta falla de Barbados para hacer cumplir las leyes ambientales pertinentes no reflejaba una violaci\u00f3n de sus obligaciones bajo el TBI. Similarmente, el tribunal no admiti\u00f3 la demanda de expropiaci\u00f3n.<\/p>\n

Desestimaci\u00f3n de objeciones jurisdiccionales restantes <\/em><\/h3>\n

El Art\u00edculo XIII(3) del TBI establece una prohibici\u00f3n de tres a\u00f1os para la presentaci\u00f3n de unademanda para cubrir un da\u00f1o por la violaci\u00f3n del TBI. Dado que Allard present\u00f3 la controversia el 21 de mayo de 2010, Barbados sostuvo que el tribunal no ten\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre los hechos sucedidos antes del 21 de mayo de 2007. En su Laudo sobre Jurisdicci\u00f3n de 2014, el tribunal pospuso la decisi\u00f3n sobre su jurisdicci\u00f3n ratione temporis <\/em>a la etapa de consideraci\u00f3n de los m\u00e9ritos en torno al presunto mal manejo de la esclusa antes del 21 de mayo de 2007. En el laudo de 2016, habiendo concluido que Barbados cumpli\u00f3 con sus compromisos bajo el TBI, el tribunal consider\u00f3 in\u00fatil examinar la objeci\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n restante.<\/p>\n

En su \u00faltima declaraci\u00f3n en la audiencia, Barbadosreclam\u00f3 que las respuestas de Allard en el interrogatorio cruzado dieron lugar a dos nuevos asuntos jurisdiccionales. Sin embargo, el tribunal afirm\u00f3 que estas nuevas objeciones no se basaban en ning\u00fan hecho o circunstancia nueva, y concluy\u00f3 que deber\u00edan haber sido planteadas antes del Laudo sobre Jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal de la CPA estuvo compuesto por Gavan Griffith (Presidente designado por los co-\u00e1rbitros, ciudadano australiano), Andrew Newcombe (nominado por el demandante, nacional canadiense) y W. Michael Reisman (designado por el demandado, ciudadano estadounidense). El laudo del 26 de junio de 2016, incluyendo la Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n del 13 de junio de 2014 como anexo, se encuentra disponible en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7593.pdf<\/a>.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Amr Arafa Hasaan\u00a0<\/strong>es Alumnus del Graduate Institute of Geneva<\/em>y la Universidad de Ginebra, y Asesor legal de la Autoridad de Litigios del Estado Egipcio.<\/p>\n