{"id":10665,"date":"2016-12-12T08:55:18","date_gmt":"2016-12-12T07:55:18","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/12\/12\/venezuela-debe-pagar-us1-000-millones-por-expropiar-inversion-de-empresa-minera-canadiense\/"},"modified":"2024-08-16T20:15:13","modified_gmt":"2024-08-16T18:15:13","slug":"venezuela-debe-pagar-us1-000-millones-por-expropiar-inversion-de-empresa-minera-canadiense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/12\/12\/venezuela-debe-pagar-us1-000-millones-por-expropiar-inversion-de-empresa-minera-canadiense\/","title":{"rendered":"Venezuela debe pagar US$1.000 millones por expropiar inversi\u00f3n de empresa minera canadiense"},"content":{"rendered":"

Rusoro Mining Ltd. vs. La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso del CIADI<\/span> No. ARB(AF)\/12\/5<\/em><\/h3>\n

En un laudo del 22 de agosto de 2016, un tribunal del Mecanismo Complementario (AF) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI) orden\u00f3 a Venezuela el pago de US$966,5 millones m\u00e1s intereses a la empresa canadiense, Rusoro Mining Limited (Rusoro), por expropiar ilegalmente su inversi\u00f3n minera.<\/p>\n

Antecedentes y demandas <\/em><\/h3>\n

Entre 2006 y 2008, a trav\u00e9s de una participaci\u00f3n mayoritaria en 24 empresas venezolanas, Rusoro adquiri\u00f3 indirectamente 58 concesiones mineras y contratos para explorar y producir oro en Venezuela.<\/p>\n

En ese momento, Venezuela ya hab\u00eda establecido, entre otras restricciones, una limitaci\u00f3n sobre las exportaciones de oro. En abril de 2009, impuso m\u00e1s limitaciones, y en julio de 2010 relaj\u00f3 las regulaciones que rigen a las empresas p\u00fablicas mientras que reafirm\u00f3 las limitaciones a las empresas privadas. Finalmente, en julio de 2010, Venezuela redujo las restricciones y unific\u00f3 el r\u00e9gimen para los productores p\u00fablicos y privados.<\/p>\n

El 17 de agosto de 2011, el entonces Presidente Hugo Ch\u00e1vez anunci\u00f3 la nacionalizaci\u00f3n de la industria minera para la extracci\u00f3n de oro en Venezuela. El 16 de septiembre de 2011, emiti\u00f3 un decreto de nacionalizaci\u00f3n que establec\u00eda el control estatal sobre los derechos mineros y de propiedad de todas las empresas productoras de oro y orden\u00f3 la transferencia de todas las concesiones o contratos existentes a empresas mixtas controladas por el Estado.<\/p>\n

Despu\u00e9s de seis meses de negociaci\u00f3n, Rusoro y Venezuela no pudieron llegar a un acuerdo sobre el monto de la compensaci\u00f3n. Consecuentemente, el 17 de julio de 2012, Rusoro inici\u00f3 un procedimiento de arbitraje, reclamando que Venezuela expropi\u00f3 su inversi\u00f3n, entre otras violaciones del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Venezuela y Canad\u00e1. Rusoro solicit\u00f3 una compensaci\u00f3n de aproximadamente US$2,3 mil millones m\u00e1s intereses.<\/p>\n

Tribunal rechaza todas las objeciones jurisdiccionales de Venezuela<\/em><\/h3>\n

Primero, Venezuela argument\u00f3 que dado que las demandas de expropiaci\u00f3n de Rusoro tambi\u00e9n se basaban en las medidas tomadas por Venezuela entre 2009 y 2010, la controversia hab\u00eda prescripto debido al estatuto de limitaci\u00f3n de tres a\u00f1os contenido en el TBI. El tribunal determin\u00f3 que solo las medidas adoptadas por Venezuela antes del 17 de julio de 2009 (tres a\u00f1os antes de que la solicitud de arbitraje fuera registrada) hab\u00edan prescripto.<\/p>\n

En su segunda objeci\u00f3n, Venezuela aleg\u00f3 que el MC del CIADI no ten\u00eda jurisdicci\u00f3n, dado que cuando el arbitraje fue registrado (en agosto de 2012), este pa\u00eds ya se hab\u00eda retirado del Convenio del CIADI. El tribunal, coincidiendo con Rusoro, y en l\u00ednea con la decisi\u00f3n del caso Venoklim v. Venezuela<\/a>, sostuvo que la fecha pertinente era la fecha de solicitud (17 de julio de 2012), cuando Venezuela todav\u00eda era un estado miembro del CIADI.<\/p>\n

Venezuela tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Rusoro viol\u00f3 el Art\u00edculo 29 de la ley de minas de Venezuela, que requiere la autorizaci\u00f3n previa del Ministerio de Energ\u00eda y Minas antes de adquirir derechos mineros, y por lo tanto, no era un inversor protegido y no pose\u00eda una inversi\u00f3n protegida bajo el TBI. El tribunal disinti\u00f3 con Venezuela y concluy\u00f3 que el Art\u00edculo 29 de la ley de minas no se aplica a la adquisici\u00f3n indirecta de las empresas que poseen derechos mineros.<\/p>\n

Demanda de Rusoro por expropiaci\u00f3n directa es aceptada ya que Venezuela no garantiz\u00f3 una \u201ccompensaci\u00f3n oportuna, adecuada y eficaz\u201d<\/em><\/h3>\n

Rusoro argument\u00f3 que, a trav\u00e9s del decreto de nacionalizaci\u00f3n de 2011, Venezuela expropi\u00f3 su inversi\u00f3n, violando el TBI. A su vez, Venezuela indic\u00f3 que el TBI contemplaba la nacionalizaci\u00f3n y que cumpli\u00f3 con los requisitos del tratado, a excepci\u00f3n de la compensaci\u00f3n. Seg\u00fan Venezuela, la falta de acuerdo sobre el monto de la compensaci\u00f3n no torna la nacionalizaci\u00f3n ilegal per se<\/em>.<\/p>\n

Dado que ambas partes coincidieron en que la expropiaci\u00f3n existi\u00f3, el tribunal analiz\u00f3 la legalidad de la misma. Mencion\u00f3 que aunque la expropiaci\u00f3n por Venezuela fue realizada con un fin p\u00fablico, bajo el debido proceso legal y de manera no discriminatoria, \u00a0no garantiz\u00f3 a Rusoro una compensaci\u00f3n oportuna, adecuada y eficaz. Asimismo, concluy\u00f3 que la expropiaci\u00f3n fue ilegal.<\/p>\n

En cuanto al requisito del inter\u00e9s p\u00fablico, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que los estados tienen discreci\u00f3n para establecer sus pol\u00edticas p\u00fablicas y que el decreto de nacionalizaci\u00f3n claramente dispone el inter\u00e9s p\u00fablico de la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el tribunal sostuvo que la expropiaci\u00f3n fue realizada conforme a un debido proceso legal porque Rusoro ten\u00eda dos opciones bajo el derecho venezolano de impugnar el decreto de nacionalizaci\u00f3n, pero que nunca lo hizo.<\/p>\n

En cuanto al prerrequisito de no discriminaci\u00f3n, el tribunal concluy\u00f3 que tanto los inversores venezolanos como los extranjeros se encontraban igualmente afectados por el decreto de nacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n

Con respecto al requisito de compensaci\u00f3n, Rusoro aleg\u00f3 que nunca recibi\u00f3 una compensaci\u00f3n y que la negociaci\u00f3n fue \u201cpura fachada\u201d (p\u00e1rrafo 398), ya que el decreto de nacionalizaci\u00f3n limita la compensaci\u00f3n al valor contable. Venezuela, por el contrario, afirm\u00f3 que negoci\u00f3 con Rusoro de buena fe durante seis meses y que la empresa se qued\u00f3 sin compensaci\u00f3n porque rechaz\u00f3 la oferta de Venezuela.<\/p>\n

El tribunal subray\u00f3 que el est\u00e1ndar de compensaci\u00f3n establecido en el TBI era el \u201cvalor genuino\u201d de la inversi\u00f3n, que deber\u00eda ser considerado que el \u201cvalor justo de mercado\u201d. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que el decreto establec\u00eda un est\u00e1ndar diferente, es decir, el valor contable de la inversi\u00f3n. Finalmente el tribunal se refiri\u00f3 al hecho de que Venezuela no pag\u00f3 la suma ofrecida ni la deposit\u00f3 en fideicomiso en favor de Rusoro.<\/p>\n

Demanda alternativa por expropiaci\u00f3n progresiva o indirecta considerada poco convincente <\/em><\/h3>\n

Rusoro tambi\u00e9n reclam\u00f3 que sufri\u00f3 una expropiaci\u00f3n indirecta como resultado de una serie de medidas adoptadas por Venezuela comenzando en 2009 que culmin\u00f3 con el decreto de nacionalizaci\u00f3n. El tribunal rechaz\u00f3 este reclamo ya que no encontr\u00f3 evidencia concluyente de que, antes de promulgar el decreto de nacionalizaci\u00f3n, Venezuela hubiera previsto e implementado un plan para nacionalizar el sector de explotaci\u00f3n de oro.<\/p>\n

Se admite demanda paralela \u00a0de que las mayores restricciones sobre exportaciones de oro impuesta por Venezuela violan el TBI <\/em><\/h3>\n

Rusoro present\u00f3 varias demandas paralelas. El tribunal concluy\u00f3 que no pudo probar que Venezuela viol\u00f3 las disposiciones del TBI en torno al trato justo y equitativo, protecci\u00f3n y seguridad plenas, no discriminaci\u00f3n y libre transferencias. Sin embargo, concluy\u00f3 que Venezuela viol\u00f3 el TBI al imponerle una mayor restricci\u00f3n sobre la exportaci\u00f3n de oro.<\/p>\n

Rusoro reclam\u00f3 que, con las medidas de 2010, Venezuela impuso varias restricciones sobre la capacidad de Rusoro para exportar oro en violaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n del TBI en cuanto a las restricciones de exportaci\u00f3n. El tribunal estuvo de acuerdo. Remarc\u00f3 que, si bien al momento en que Rusoro realiz\u00f3 su inversi\u00f3n las regulaciones vigentes permit\u00edan que se exporte un 85 por ciento de la producci\u00f3n, la regulaci\u00f3n de 2010 redujo esa cifra al 50 por ciento.<\/p>\n

Tribunal utiliza tres metodolog\u00edas para calcular la compensaci\u00f3n <\/em><\/h3>\n

Para determinar la suma de la \u201ccompensaci\u00f3n adecuada\u201d a ser pagada por Venezuela a Rusoro por la expropiaci\u00f3n ilegal, el tribunal primero remarc\u00f3 que hab\u00eda dos temas sobre los cuales las partes deb\u00edan acordar: que la fecha de valuaci\u00f3n apropiada era la fecha del decreto de nacionalizaci\u00f3n, y que el \u201cvalor genuino\u201d de la inversi\u00f3n era el \u201cvalor justo de mercado\u201d.<\/p>\n

Al evaluar el valor justo de mercado de la inversi\u00f3n, el tribunal concluy\u00f3 que el mejor m\u00e9todo para determinar el monto era el de combinar tres m\u00e9todos de valuaci\u00f3n: otorg\u00f3 un peso del 25 por ciento al valor m\u00e1ximo del mercado (US$700,6 millones), 25 por ciento al valor contable (US$908 millones) y 50 por ciento al valor ajustado de la inversi\u00f3n (US$1,1 mil millones). Bas\u00e1ndose en lo antedicho, el tribunal determin\u00f3 que el valor de la inversi\u00f3n al 16 de septiembre de 2011 era de $966,5 millones.<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 a Venezuela el pago de US$1,2 millones en da\u00f1os por la violaci\u00f3n del TBI en relaci\u00f3n a las restricciones sobre la exportaci\u00f3n, y otorg\u00f3 intereses pre- y post-laudo sobre el monto total del laudo a una tasa LIBOR en d\u00f3lares para los dep\u00f3sitos de un a\u00f1o, m\u00e1s el 4 por ciento, de intereses compuestos anualmente.<\/p>\n

Notas:<\/em>El tribunal del MC del CIADI estuvo compuesto por Juan Fernandez-Arnesto (Presidente, designado por acuerdo de las partes, ciudadano espa\u00f1ol), Francisco Orrego Vicu\u00f1a (nominado por la demandante, nacional chileno) y Bruno Simma (designado por la demandada, ciudadano alem\u00e1n). El laudo est\u00e1 disponible en:http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7507.pdf<\/a>.<\/p>\n

Claudia Mar\u00eda Arietti L\u00f3pez<\/strong>es becaria en Finanzas y Desarrollo Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York para Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n