{"id":10659,"date":"2016-12-12T08:53:18","date_gmt":"2016-12-12T07:53:18","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/12\/12\/tribunal-de-la-cpa-considera-actos-de-la-agencia-de-propiedad-agricola-polaca-no-atribuibles-a-polonia\/"},"modified":"2024-08-16T20:15:17","modified_gmt":"2024-08-16T18:15:17","slug":"tribunal-de-la-cpa-considera-actos-de-la-agencia-de-propiedad-agricola-polaca-no-atribuibles-a-polonia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/12\/12\/tribunal-de-la-cpa-considera-actos-de-la-agencia-de-propiedad-agricola-polaca-no-atribuibles-a-polonia\/","title":{"rendered":"Tribunal de la CPA considera actos de la agencia de propiedad agr\u00edcola polaca no atribuibles a Polonia"},"content":{"rendered":"

Mr. Kristian Alm\u00e5s and Mr. Geir Alm\u00e5s v. The Republic of Poland, Caso de la CPA<\/span> No. 2015-13<\/em><\/h3>\n

En un caso administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), el tribunal decidi\u00f3 que los actos de la agencia de la propiedad agr\u00edcola de Polonia no eran atribuibles a Polonia, rechazando el caso iniciado por las demandantes noruegas, Kristian Alm\u00e5s y Geir Alm\u00e5s, en base a los m\u00e9ritos.<\/p>\n

Antecedentes de hecho y demandas <\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>Las demandantes eran las \u00fanicas accionistas de Pol Farm Sp. z oo (Pol Farm). En 1997, Pol Farm y la agencia de la propiedad agr\u00edcola de Polonia (ANR, por sus siglas en polaco) celebraron un contrato de arrendamiento que abarcaba aproximadamente 4.200 hect\u00e1reas de tierra en la Comuna de \u015awidwin, Polonia (Contrato de Arrendamiento).<\/p>\n

Despu\u00e9s de realizar una serie de inspecciones y encontrar varias irregularidades en Pol Farm, en julio de 2009 ANR cancel\u00f3 el Contrato de Arrendamiento. En octubre de 2009, un Tribunal de Distrito de Polonia abri\u00f3 un procedimiento de quiebra de Pol Farm y liquid\u00f3 la empresa. Posteriormente, en octubre de 2015, un Tribunal Penal polaco declar\u00f3 culpables a las demandantes por malversaci\u00f3n y varios otros cargos. El fallo actualmente se encuentra bajo apelaci\u00f3n.<\/p>\n

En noviembre de 2013, las demandantes iniciaron un arbitraje contra Polonia, reclamando que las acciones de ANR violaron el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Noruega y Polonia al expropiar su inversi\u00f3n sin una compensaci\u00f3n adecuada, al no dispensarles trato equitativo y protecci\u00f3n razonable y al someterlas a medidas discriminatorias y poco razonables. Tambi\u00e9n argumentaron que la cancelaci\u00f3n del Contrato de Arrendamiento por Polonia viol\u00f3 la cl\u00e1usula paraguas del TBI. Tambi\u00e9n solicitaron compensaci\u00f3n por la suma de \u20ac23 millones, aparte de los intereses y costos del arbitraje. Las demandantes no mencionaron las acusaciones penales ni la declaraci\u00f3n de quiebra de Pol Farm en la demanda.<\/p>\n

Alcance del caso de las demandantes determinado por la atribuci\u00f3n de las acciones de ANR a Polonia <\/em><\/h3>\n

La principal demanda de las demandantes se centr\u00f3 en que la cancelaci\u00f3n del Contrato de Arrendamiento por parte de ANR constitu\u00eda una expropiaci\u00f3n indirecta. Por lo tanto, el tribunal se enfoc\u00f3 primero en determinar si la conducta de ANR podr\u00eda atribuirse a Polonia, se\u00f1alando que la falta de atribuci\u00f3n ir\u00eda en detrimento de las otras demandas. Tal como lo sugirieron ambas partes, el tribunal se remiti\u00f3 al Proyecto de Art\u00edculos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Il\u00edcitos de 2001 de la Comisi\u00f3n de Derecho Internacional (los Art\u00edculos de la CDI) para analizar este tema.<\/p>\n

El Art\u00edculo 4 de la CDI: \u00bfla ANR es un \u00f3rgano del Estado?<\/em><\/h3>\n

El Art\u00edculo 4 de la CDI reza que el comportamiento de un \u00f3rgano del Estado\u2014incluyendo a cualquier persona o entidad con dicho estatus bajo el derecho interno del Estado\u2014ser\u00e1 considerado un hecho del Estado. El tribunal remarc\u00f3 que, bajo el derecho interno polaco, ANR pose\u00eda otra personer\u00eda jur\u00eddica y que ejerc\u00eda autonom\u00eda operacional. Por lo tanto, concluy\u00f3 que ANR no podr\u00eda ser considerado un \u00f3rgano estatal de jure\u00a0<\/em>seg\u00fan las leyes de Polonia.<\/p>\n

Asimismo, el tribunal subray\u00f3 que el comentario sobre el Art\u00edculo 4 de la CDI considera que una entidad tambi\u00e9n puede ser un \u00f3rgano estatal de facto<\/em>. A este respecto, las demandantes alegaron que ANR ejerce funciones ejecutivas de Estado porque posee el poder para administrar, vender y arrendar propiedad agr\u00edcola estatal. Tampoco estuvo de acuerdo con la opini\u00f3n de las demandantes, afirmando que un arrendamiento agr\u00edcola es una transacci\u00f3n comercial, aun cuando sea celebrada con una entidad estatal y aunque involucre tierras estatales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, para analizar la autonom\u00eda de ANR, el tribunal observ\u00f3 otros dos casos, Hamester v. Ghana <\/a>y Jan de Nul v. Egypt<\/a>. Bas\u00e1ndose en las caracter\u00edsticas similares de las entidades involucradas en estos casos con las de ANR, el tribunal concluy\u00f3 que ANR no podr\u00eda ser considerada un \u00f3rgano estatal de facto<\/em>ya que goza de autonom\u00eda de gesti\u00f3n y financiera.<\/p>\n

Art\u00edculo 5 de la CDI: \u00bfLa cancelaci\u00f3n del arrendamiento fue realizada en ejercicio de atribuciones de poder p\u00fablico?<\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>Bajo el Art\u00edculo 5 de la CDI, el comportamiento de una entidad que no sea \u00f3rgano del Estado a\u00fan puede ser atribuido a un Estado cuando dicha entidad pueda ejercer atribuciones del poder p\u00fablico y que de hecho ejerza dichas atribuciones al observar ese comportamiento.<\/p>\n

Para analizar este art\u00edculo, el tribunal se bas\u00f3 en la prueba de dos partes del caso Jan de Nu<\/em>, la cual establece que los actos deben ser llevados a cabo por una entidad facultada para ejercer atribuciones de poder p\u00fablico, y que el acto en s\u00ed mismo debe involucrar el ejercicio de dicho poder p\u00fablico.<\/p>\n

El tribunal remarc\u00f3 que aunque ANR celebr\u00f3 un Contrato de Arrendamiento ejerciendo su poder estatutario para administrar la propiedad agr\u00edcola del Estado, no estaba ejerciendo su poder p\u00fablico cuando lo cancel\u00f3. Por lo tanto, concluy\u00f3 que tal acci\u00f3n no pod\u00eda ser atribuida a Polonia.<\/p>\n

Para refutar lo antedicho, las demandantes alegaron que la cancelaci\u00f3n no estaba autorizada por el Contrato de Arrendamiento, y que fue el resultado de una motivaci\u00f3n pol\u00edtica subyacente, que convirti\u00f3 el acto en un ejercicio de poder p\u00fablico de conformidad con el Art\u00edculo 5 de la CDI.<\/p>\n

El tribunal no estuvo de acuerdo con las demandantes, se\u00f1alando que no necesitaba llegar a una \u201cconclusi\u00f3n definitiva sobre la legalidad de la cancelaci\u00f3n del Contrato de Arrendamiento por parte de ANR bajo el derecho polaco\u201d (p\u00e1rrafo 251). Se\u00f1al\u00f3, asimismo, que solamente deb\u00eda decidir, como ya lo hab\u00eda hecho, que la cancelaci\u00f3n constituy\u00f3 un ejercicio del poder contractual.<\/p>\n

En cuanto a la determinaci\u00f3n de si la cancelaci\u00f3n estaba motivada por una pol\u00edtica subyacente, el tribunal analiz\u00f3 el laudo de Vigotop v. Hungary<\/a>, sobre el cual se basaron las demandantes. El tribunal del caso Vigotop<\/em>concluy\u00f3 que Hungr\u00eda expropi\u00f3 su inversi\u00f3n al emplear una disposici\u00f3n de cancelaci\u00f3n contenida en un contrato firmado por su filial con Hungr\u00eda.<\/p>\n

El tribunal remarc\u00f3 en primer lugar que el caso Vigotop<\/em>involucraba la cancelaci\u00f3n de un contrato con el Estado en s\u00ed mismo y no con otra entidad que ten\u00eda poder contractual. Luego analiz\u00f3 si se cumpl\u00edan las condiciones enunciadas por el tribunal de Vigotop<\/em>, y concluy\u00f3 que no.<\/p>\n

Art\u00edculo 8 de la CDI: \u00bfFue la cancelaci\u00f3n del arrendamiento realizada por instrucciones del gobierno polaco?<\/em><\/h3>\n

El tribunal tambi\u00e9n afirm\u00f3 que el Art\u00edculo 8 de la CDI establece que el comportamiento de una entidad puede ser considerado un hecho del Estado si la entidad act\u00faa de hecho por instrucciones o bajo la direcci\u00f3n o el control de ese Estado al llevar a cabo ese comportamiento.<\/p>\n

Bas\u00e1ndose en el comentario sobre el Art\u00edculo 8 de la CDI y los laudos de los casos Jan de Nul v. Egypt <\/a>y White Industries v. India<\/a>, el tribunal indic\u00f3 que para determinar si el acto de una entidad puede ser atribuido a un Estado, el Estado deber\u00eda tener el control tanto de la entidad como del acto espec\u00edfico en cuesti\u00f3n.<\/p>\n

Al no encontrar evidencia de que ANR haya actuado bajo instrucciones o bajo la direcci\u00f3n o control del gobierno polaco, concluy\u00f3 que no hab\u00eda fundamentos para demostrar la atribuci\u00f3n conforme al Art\u00edculo 8 de la CDI.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por James R. Crawford (Presidente, designado por sus co-\u00e1rbitros, ciudadano australiano), Ola Mestad (nominado por la demandante, nacional noruego) y August Reinisch (designado por la demandada, nacional australiano). El laudo del 27 de junio de 2016 est\u00e1 disponible en http:\/\/www.pcacases.com\/web\/sendAttach\/1872<\/a>.<\/p>\n

Claudia Mar\u00eda Arietti L\u00f3pez\u00a0<\/strong>es becaria en Finanzas y Desarrollo Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York para Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n