{"id":10653,"date":"2016-12-12T08:51:18","date_gmt":"2016-12-12T07:51:18","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/12\/12\/impuesto-de-ecuador-sobre-ganancias-extraordinarias-de-petroleo-a-una-tasa-de-99-viola-las-expectativas-legitimas-de-murphy-segun-decision-del-tribunal-de-la-cpa\/"},"modified":"2024-08-16T20:15:22","modified_gmt":"2024-08-16T18:15:22","slug":"impuesto-de-ecuador-sobre-ganancias-extraordinarias-de-petroleo-a-una-tasa-de-99-viola-las-expectativas-legitimas-de-murphy-segun-decision-del-tribunal-de-la-cpa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/12\/12\/impuesto-de-ecuador-sobre-ganancias-extraordinarias-de-petroleo-a-una-tasa-de-99-viola-las-expectativas-legitimas-de-murphy-segun-decision-del-tribunal-de-la-cpa\/","title":{"rendered":"Impuesto de Ecuador sobre ganancias extraordinarias de petr\u00f3leo a una tasa de 99% viola las expectativas leg\u00edtimas de Murphy, seg\u00fan decisi\u00f3n del tribunal de la CPA"},"content":{"rendered":"

Murphy Exploration & Production Company – International vs. La Rep\u00fablica de Ecuador, Caso de la CPA<\/span> No. 2012-16 (anteriormente AA 434) <\/em><\/h3>\n

En el procedimiento iniciado por la empresa estadounidense Murphy Exploration & Production Company \u2013 International contra Ecuador, un tribunal constituido bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) concluy\u00f3 que Ecuador viol\u00f3 el est\u00e1ndar de trato justo y equitativo (FET<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s) bajo el tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Ecuador y Estados Unidos al promulgar la Ley 42 y el Decreto 662, los cuales establec\u00edan un impuesto sobre las ganancias derivadas de la venta de petr\u00f3leo cuando superaban un determinado precio de referencia.<\/p>\n

Esta no es la primera vez que un tribunal arbitral decide sobre un caso presentado por Murphy contra Ecuador. En diciembre de 2010, despu\u00e9s de un procedimiento que dur\u00f3 casi 3 a\u00f1os y medio, la mayor\u00eda de un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI<\/span>) rechaz\u00f3 su jurisdicci\u00f3n para atender la demanda (Caso del CIADI No. ARB\/08\/4).<\/p>\n

El Contrato de Participaci\u00f3n <\/em><\/h3>\n

El punto de partida de la controversia es un Contrato de Participaci\u00f3n firmado en 1996 entre Corporaci\u00f3n Estatal Petrolera Ecuatoriana<\/em>, predecesora de la compa\u00f1\u00eda estatal Petroecuador, y un consorcio de inversores extranjeros para la exploraci\u00f3n y producci\u00f3n de petr\u00f3leo (Consorcio). Murphy control\u00f3 una de las empresas participantes del Consorcio hasta marzo de 2009.<\/p>\n

Bajo el Contrato de Participaci\u00f3n, los miembros del Consorcio ten\u00edan derechos de propiedad sobre las acciones en la producci\u00f3n de petr\u00f3leo. Las mismas fueron calculadas utilizando una formula, que seg\u00fan Murphy, no inclu\u00eda el precio del petr\u00f3leo como variable. No obstante, seg\u00fan Ecuador, \u201cel precio del petr\u00f3leo era una parte integral de la f\u00f3rmula para calcular la participaci\u00f3n accionaria de las partes\u201d (p\u00e1rrafo 74).<\/p>\n

El aumento mundial del precio del petr\u00f3leo, Ley 42 y Decreto 662<\/em><\/h3>\n

A principios de 2002, el precio mundial del petr\u00f3leo crudo comenz\u00f3 a subir, alcanzando un pico de US$75 por barril en julio de 2006, casi cuatro veces m\u00e1s que el precio promedio durante las dos d\u00e9cadas anteriores (aproximadamente US$20 por barril).<\/p>\n

Frente a este escenario, Ecuador promulg\u00f3 la Ley 42, modificando la ley de hidrocarburos de dicho pa\u00eds para permitir \u201cal Estado recaudar de las empresas petroleras que poseen contratos de participaci\u00f3n lo que fue descripto como una \u2018participaci\u00f3n en los excedentes de los precios de venta de petr\u00f3leo\u201d (p\u00e1rrafo 82). Dicho de otra manera, la Ley 42 dispon\u00eda que Ecuador participar\u00eda en las ganancias extraordinarias del Consorcio provenientes de la venta de petr\u00f3leo crudo por encima<\/em>del precio de referencia\u2014es decir, del precio establecido cuando se celebr\u00f3 el Contrato de Participaci\u00f3n. Mediante la Ley 42, Ecuador determin\u00f3 su participaci\u00f3n en, como m\u00ednimo, un 50 por ciento de las ganancias extraordinarias resultantes de los precios que excedieran el precio de referencia; y en 2007, a trav\u00e9s del Decreto 662, Ecuador pas\u00f3 a exigir un 99 por ciento.<\/p>\n

Murphy aleg\u00f3 que la Ley 42 hab\u00eda sido una modificaci\u00f3n unilateral del Contrato de Participaci\u00f3n y que, debido a los efectos perjudiciales de la Ley sobre la inversi\u00f3n, \u201cno tuvo otra opci\u00f3n m\u00e1s que renunciar a su inversi\u00f3n vendiendo sus intereses en el Consorcio\u201d (p\u00e1rrafo 5). Ecuador, por otro lado, respondi\u00f3 que la Ley 42 constitu\u00eda una \u201ccuesti\u00f3n tributaria\u201d que se encontraba excluida expl\u00edcitamente del TBI, implementada en vista de un aumento excepcional en el precio del petr\u00f3leo, y que la Ley 42 estaba destinada a conservar los acuerdos con los operadores del sector petrolero mientras tambi\u00e9n se proteg\u00eda el inter\u00e9s p\u00fablico en los recursos naturales.<\/p>\n

La jurisdicci\u00f3n del tribunal: el significado de \u201ccuesti\u00f3n tributaria\u201d<\/em><\/h3>\n

Ecuador declar\u00f3 que la Ley 42 era una \u201ccuesti\u00f3n tributaria\u201d, que el Art\u00edculo X del TBI exclu\u00eda de la soluci\u00f3n de controversias, a menos que estuvieran relacionadas con ciertas demandas espec\u00edficas (por ejemplo, expropiaci\u00f3n). El tribunal rechaz\u00f3 esta afirmaci\u00f3n de Ecuador. Siguiendo el enfoque adoptado en los casos EnCana vs. Ecuador<\/em>,Occidental vs. Ecuador <\/em>y\u00a0Duke Energy vs. Ecuador <\/em>para interpretar el significado de \u201ccuesti\u00f3n tributaria\u201d, el tribunal consider\u00f3 necesario evaluar \u201csi esa medida reca\u00eda dentro del r\u00e9gimen tributario nacional\u201d (p\u00e1rrafo 166) y si la medida podr\u00eda ser caracterizada como un impuesto bajo el derecho internacional.<\/p>\n

Seg\u00fan el tribunal, la Ley 42, a diferencia de la medida impugnada en EnCana<\/em>, \u201cno fue promulgada como un impuesto o como parte del r\u00e9gimen tributario nacional\u201d (p\u00e1rrafo 175), sino que fue una modificaci\u00f3n de la Ley de Hidrocarburos bajo el mandato de Presidente para presentar un borrador de legislaci\u00f3n de emergencia. Bas\u00e1ndose en el caso Burlington vs. Ecuador<\/em>, el primer tribunal en determinar si la Ley 42 constitu\u00eda una medida tributaria, y en Occidental II vs. Ecuador<\/em>, donde tambi\u00e9n se analiz\u00f3 este tema, el tribunal sostuvo que la Ley 42 no era una cuesti\u00f3n tributaria seg\u00fan el significado del TBI. Consider\u00f3 la medida como \u201cun cambio unilateral por parte del Estado de los t\u00e9rminos de los contratos de participaci\u00f3n que se encontraban regidos por la Ley de Hidrocarburos\u201d (p\u00e1rrafo 190).<\/p>\n

Violaci\u00f3n de FET<\/em><\/h3>\n

En cuanto a los m\u00e9ritos de la controversia, el tribunal analiz\u00f3 si la disposici\u00f3n FET del TBI reflejaba un est\u00e1ndar aut\u00f3nomo m\u00e1s all\u00e1 del derecho consuetudinario internacional. En cambio, consider\u00f3 \u201cque no existe una diferencia material\u201d (p\u00e1rrafo 208) entre estos est\u00e1ndares y procedi\u00f3 a analizar si la Ley 42 y el Decreto 662 violaban las expectativas leg\u00edtimas de Murphy.<\/p>\n

El tribunal acept\u00f3 la moci\u00f3n, sugerida por Murphy, de que las expectativas leg\u00edtimas \u201cestaban fundadas en el marco jur\u00eddico tal como era al momento en que realiz\u00f3 la inversi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 249). Por lo tanto, consider\u00f3 que Murphy podr\u00eda esperar leg\u00edtimamente que los t\u00e9rminos del Contrato de Participaci\u00f3n no ser\u00edan modificados y que los cambios ser\u00edan realizados \u00fanicamente \u201cdentro de los l\u00edmites de la ley y conforme a un acuerdo negociado mutuamente entre los socios contractuales\u201d (p\u00e1rrafo 273).<\/p>\n

El tribunal no estuvo de acuerdo con la afirmaci\u00f3n de Murphy de que el Contrato de Participaci\u00f3n conten\u00eda una cl\u00e1usula de estabilizaci\u00f3n, que no imped\u00eda ajustes regulatorios y legislativos incluso en circunstancias excepcionales, tales como un aumento significativo en el precio del petr\u00f3leo. Concluy\u00f3 que la Ley 42, al no haber alterado el Contrato de Participaci\u00f3n de una manera fundamental, no violaba las expectativas leg\u00edtimas de Murphy.<\/p>\n

Sin embargo, el tribunal s\u00ed concluy\u00f3 que el Decreto 662, el cual aument\u00f3 la participaci\u00f3n estatal en las ganancias extraordinarias a un 99 por ciento, viol\u00f3 las expectativas leg\u00edtimas de Murphy. Seg\u00fan la opini\u00f3n del tribunal, el Decreto 662 convirti\u00f3 el Contrato de Participaci\u00f3n en un contrato de servicios, cambiando \u201cla premisa fundacional sobre la cual se acord\u00f3 el Contrato de Participaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 282), a saber, la capacidad del Consorcio para participar en el alza del precio del petr\u00f3leo. Tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a un \u201cambiente de inversi\u00f3n hostil y coercitivo\u201d (p\u00e1rrafo 281) que prevalec\u00eda cuando el Decreto 662 fue adoptado como un elemento que reforzaba la conclusi\u00f3n de que Ecuador viol\u00f3 su obligaci\u00f3n FET.<\/p>\n

El tribunal conden\u00f3 a Ecuador y orden\u00f3 el pago de casi US$20 millones en compensaci\u00f3n por los da\u00f1os incurridos por Murphy como resultado de los pagos, e intereses pre-laudo (aproximadamente US$7,2 millones) y post-laudo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n orden\u00f3 a Ecuador el pago de la diferencia entre el precio en que Murphy fue vendida en 2009 (US$78,9 millones) y el valor justo de mercado de la empresa como si Murphy hubiera continuado realizando pagos bajo la Ley 42 a un 50 por ciento, m\u00e1s intereses. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el valor final dentro de tres meses, entonces \u201cel Tribunal har\u00e1 las averiguaciones necesarias\u201d (p\u00e1rrafo 504).<\/p>\n

Notas: <\/em>el tribunal arbitral estuvo compuesto por Bernard Hanotiau (Presidente designado por los co-\u00e1rbitros), Kaj Hob\u00e9r (designado por la demandante) e Yves Derains (nominado por la demandada, luego de la renuncia de Georges Abi-Saab en diciembre de 2013). El laudo del 6 de mayo de 2016 est\u00e1 disponible en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7489_0.pdf<\/a>http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7336.pdf<\/a>.<\/p>\n

Ina\u00ea Siqueira de Oliveira\u00a0<\/strong>es estudiante de Derecho de la Universidad de Rio Grande do Sul, Brasil.<\/p>\n