{"id":10607,"date":"2016-08-10T09:48:56","date_gmt":"2016-08-10T07:48:56","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/08\/10\/reestructurando-las-reglas-y-excepciones-acerca-de-la-relacion-entre-la-soberania-regulatoria-y-el-derecho-internacional-de-las-inversiones\/"},"modified":"2024-08-16T20:15:44","modified_gmt":"2024-08-16T18:15:44","slug":"reestructurando-las-reglas-y-excepciones-acerca-de-la-relacion-entre-la-soberania-regulatoria-y-el-derecho-internacional-de-las-inversiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/08\/10\/reestructurando-las-reglas-y-excepciones-acerca-de-la-relacion-entre-la-soberania-regulatoria-y-el-derecho-internacional-de-las-inversiones\/","title":{"rendered":"\u00bfReestructurando las Reglas y Excepciones? Acerca de la Relaci\u00f3n entre la Soberan\u00eda Regulatoria y el Derecho Internacional de las Inversiones"},"content":{"rendered":"

Revisi\u00f3n del libro Public Purpose in International Law: Rethinking regulatory sovereignty in the global era<\/em>[1]<\/a> por Pedro J. Martinez-Fraga y C. Ryan Reetz<\/h3>\n

Las obligaciones de los Estados que restringen su poder regulatorio \u2014proyectadas en los tratados o contratos\u2014 tradicionalmente han sido consideradas como excepciones al derecho internacional consuetudinario[2]<\/a>. Es en este contexto, por ejemplo, que en el Cap\u00edtulo de Inversi\u00f3n del Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global (AECG<\/span>), la Uni\u00f3n Europea y el Canad\u00e1 \u201creafirman<\/em> su derecho a regular dentro de sus territorios para alcanzar objetivos leg\u00edtimos de pol\u00edticas, tales como la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica, seguridad, medio ambiente y la moral p\u00fablica, as\u00ed como la protecci\u00f3n social o del consumidor y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de la diversidad cultural\u201d[3]<\/a>. Para asegurarse de esto, estas excepciones han cobrado gran peso e importancia durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, especialmente en la pr\u00e1ctica de los arbitrajes basados en tratados que fomentan una interpretaci\u00f3n expansiva de los est\u00e1ndares de trato a los cuales los Estados se han comprometido. Pero aun as\u00ed, una visi\u00f3n tradicional sostiene que la prohibici\u00f3n de la expropiaci\u00f3n sin compensaci\u00f3n y la obligaci\u00f3n de dar un trato justo y equitativo, aunque<\/em> puedan resultar invasivas en la soberan\u00eda de los Estados, se encuentran debidamente enmarcadas como excepciones al derecho internacional consuetudinario[4]<\/a>.<\/p>\n

En vista del descontento general por los excesos en el r\u00e9gimen del derecho internacional de las inversiones, la tarea intelectual m\u00e1s urgente parece ser la de formular una doctrina coherente donde se definan y moderen los derechos de los inversores que derivan del derecho internacional. Mart\u00ednez-Fraga y Reetz, sin embargo, tienen una visi\u00f3n fuera de serie que resulta estimulante. Viven en un \u201cnuevo espacio y era\u201d definidos por la globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, donde las \u201cnociones tradicionales de soberan\u00eda westfaliana ya no pueden responder a las necesidades comunes de las naciones\u201d, y donde el paradigma de la independencia da lugar a un paradigma de interdependencia[5]<\/a>. Estos autores se han lanzado a la tarea intelectual de trabajar en pos de la formulaci\u00f3n de una doctrina coherente donde se moderen las excepciones de inter\u00e9s p\u00fablico con respecto a la regla contenida en las obligaciones generalizadas de los Estados hacia los inversores extranjeros.<\/p>\n

Para lograrlo, en la publicaci\u00f3n Public Purpose<\/em> investigan y discuten la definici\u00f3n y el papel de la doctrina del inter\u00e9s p\u00fablico en todas sus iteraciones y combinaciones dentro del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN<\/span>), en la jurisprudencia surgida de su Cap\u00edtulo Once, en el derecho internacional consuetudinario, en una gran variedad de tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBIs), en una amplia gama de instrumentos de derechos humanos, en el contexto del principio de soberan\u00eda permanente sobre los recursos naturales y en un n\u00famero extraordinario de leyes internas sobre inversi\u00f3n extranjera. La lucidez reflejada en cientos de p\u00e1ginas producto de un arduo trabajo de investigaci\u00f3n da como resultado una doctrina \u201cinsolvente\u201d muy dispersa que por un lado cubre demasiado, y por otro, muy poco. En la conclusi\u00f3n, los autores establecen un n\u00famero de principios para la (re-)construcci\u00f3n de la doctrina. Un est\u00e1ndar de car\u00e1cter \u201cdiscrecional\u201d totalmente subjetivo no podr\u00e1 lograrlo: deber\u00e1 formularse un est\u00e1ndar objetivo, sujeto a un razonamiento discursivo. Deber\u00e1 ser una doctrina unificada que albergue una jerarqu\u00eda entre los objetivos p\u00fablicos. Quiz\u00e1s, la carga de la prueba deba ser revertida m\u00e1s en\u00e9rgicamente:<\/p>\n

Los Estados que apliquen el inter\u00e9s p\u00fablico apoy\u00e1ndose en el ejercicio de la soberan\u00eda regulatoria deben llevar la carga de la prueba con la finalidad de demostrar \u201cclara y convincente\u201d las bases del inter\u00e9s p\u00fablico y los fundamentos conmensurables de la aplicaci\u00f3n de la doctrina. En relaci\u00f3n a esto, los inversores deben gozar de una presunci\u00f3n refutable de que el inter\u00e9s p\u00fablico no sea suficiente para justificar una intromisi\u00f3n en la obligaci\u00f3n internacional de proteger la inversi\u00f3n extranjera[6]<\/a>.<\/p>\n

Public Purpose<\/em> es un libro inquietante. Propone un \u201ccambio de paradigma\u201d y consecuentemente asume la necesidad de formular una nueva doctrina de inter\u00e9s p\u00fablico. Adem\u00e1s, la reconstrucci\u00f3n de la misma tiene lugar en el contexto de una serie de obligaciones no diferenciadas, claras y de amplio alcance por parte de los Estados en torno a la protecci\u00f3n de los inversionistas extranjeros cuya presunta existencia ocurre \u00fanicamente bajo una forma unificada, inherentemente obligatoria. Lo m\u00e1s extra\u00f1o de todo es que el libro, en su mayor parte, muestra una preocupaci\u00f3n por las aseveraciones relativas al inter\u00e9s p\u00fablico por parte de los Estados en donde uno pensar\u00eda que menos importa: como una de las condiciones de la expropiaci\u00f3n legal.<\/p>\n

Repasemos: los tratados de inversi\u00f3n generalmente proh\u00edben a los Estados expropiar las inversiones excepto en el caso de: a) un fin p\u00fablico, b) bajo un debido proceso legal, c) de manera no discriminatoria, y d) mediante el pago de una compensaci\u00f3n oportuna, adecuada y eficaz. Considerando esto, resulta dif\u00edcil pensar qu\u00e9, si es que algo podr\u00eda depender de la condici\u00f3n de fin p\u00fablico: ella ayuda a distinguir entre las expropiaciones legales (cuando el inversor es compensado) y las expropiaciones ilegales (cuando el inversor debe ser indemnizado por da\u00f1os). En ausencia de cualquier diferenciaci\u00f3n entre compensaci\u00f3n y da\u00f1os, no resulta obvio por qu\u00e9 un inversor dedicar\u00eda tanto tiempo y esfuerzo para presentar una demanda alegando la falta de un fin p\u00fablico. Tambi\u00e9n es dif\u00edcil imaginarse qu\u00e9 ganar\u00eda un Estado al defender esta posici\u00f3n. Tal como dispuso el tribunal en el famoso caso Santa Elena<\/em>:<\/p>\n

Las medidas ambientales expropiatorias \u2014sin importar cuan loables y beneficiosas sean para la sociedad como un todo\u2014 son, a este respecto, similares a cualquier otra medida expropiatoria que un Estado pueda adoptar para implementar sus pol\u00edticas: cuando una propiedad es expropiada, aun por motivos ambientales, ya sea de orden interno o internacional, la obligaci\u00f3n del Estado de pagar compensaci\u00f3n sigue vigente[7]<\/a>.<\/p>\n

Considerando lo antedicho, la falta de una evaluaci\u00f3n eficaz sobre la doctrina del inter\u00e9s p\u00fablico por las cortes y tribunales no resulta tan sorprendente y deplorable como Mart\u00ednez-Fraga y Reetz hacen creer que es[8]<\/a>. Los autores pretenden emplear la doctrina no para marcar una distinci\u00f3n entre expropiaciones legales o ilegales, sino entre medidas regulatorias y expropiaciones. Por supuesto, esto es una falacia l\u00f3gica, o, tal como lo describi\u00f3 el tribunal del caso Fireman\u2019s Fund<\/em>, \u201cser\u00eda como poner la carreta delante de los caballos\u201d[9]<\/a>: determinar si hubo expropiaci\u00f3n l\u00f3gicamente debe ser diferente y previo a la determinaci\u00f3n de si la misma fue ilegal. Cualquiera sea el contenido de la doctrina del inter\u00e9s p\u00fablico a los efectos de la \u00faltima etapa del an\u00e1lisis, debe ser distinto a cualquier doctrina de inter\u00e9s p\u00fablico que juegue un papel importante en la etapa anterior.<\/p>\n

No obstante, los autores no presentan nada semejante. En la jurisprudencia del TLCAN, remarcan que, para su disgusto, los tribunales se propusieron \u201creconfigurar\u201d la doctrina del inter\u00e9s p\u00fablico como una doctrina de \u201cpoder policial\u201d para hacer una distinci\u00f3n entre los actos regulatorios \u201cbona-fide\u201d o \u201crazonables\u201d y las medidas que constituyen una expropiaci\u00f3n. Esto nos lleva a algunos de los pasajes m\u00e1s memorables del libro, la diatriba sobre una \u201cficci\u00f3n legal\u201d que es \u201cpoco m\u00e1s que un pretexto para expandir la soberan\u00eda regulatoria\u201d, que brinda a \u201clos Estados sin escr\u00fapulos una justificaci\u00f3n jur\u00eddica formal de las desigualdades sustantivas que se elevan al nivel de una conducta il\u00edcita\u201d, y, algo que los autores consideran aun peor,\u00a0la visi\u00f3n de que la prerrogativa de un Estado en una entrada posterior al mercado para cambiar o modificar programas regulatorios ya existentes en perjuicio material de un inversor extranjero puede tornar una actividad econ\u00f3mica en \u201cmenos rentable o incluso sin valor econ\u00f3mico para continuar\u201d sin necesariamente constituir una expropiaci\u00f3n indirecta o progresiva[10]<\/a>.<\/p>\n

En este punto, resulta sorprendente el poder de la globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica para derribar c\u00e1nones aceptados y la sabidur\u00eda adquirida en el derecho internacional: \u00bfrealmente podr\u00eda decirse que la intensificaci\u00f3n de la interacci\u00f3n econ\u00f3mica entre las naciones pueda llevar, al parecer por necesidad, a una situaci\u00f3n en la cual toda excepci\u00f3n se convierte en regla y toda regla en excepci\u00f3n? Si se considera una conclusi\u00f3n l\u00f3gica del libro, Public Purpose in International Law<\/em> afirmar\u00eda que toda y cada una de las medidas tomadas por los Estados que posiblemente provoquen una p\u00e9rdida material para los inversores extranjeros son ilegales conforme al derecho internacional a menos que los Estados brinden evidencia clara y convincente de que tales medidas son objetivamente necesarias para el alcance de un fin p\u00fablico objetivamente definido.<\/p>\n

La mejor visi\u00f3n, seguramente, es que los Estados poseen el derecho inherente para determinar qu\u00e9 es o qu\u00e9 no es beneficioso para el inter\u00e9s p\u00fablico. Tambi\u00e9n tienen una obligaci\u00f3n inherente bajo el derecho internacional de las inversiones \u2014tal como ocurre en el derecho mercantil internacional\u2014 de asegurarse de que los efectos perjudiciales de las medidas tomadas en pos del inter\u00e9s p\u00fablico sobre las empresas extranjeras sean minimizados. Esto, a su vez, requiere un test de proporcionalidad que separe los medios del fin, de la misma manera que opera el Art\u00edculo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros\u00a0y Comercio (GATT<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s)[11]<\/a>. Lo que Mart\u00ednez-Fraga y Reetz consideran una encrucijada indeseable entre el derecho mercantil y el derecho de las inversiones[12]<\/a> bien podr\u00eda convertirse en lo que salve al derecho de las inversiones de s\u00ed mismo.<\/p>\n

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Autor<\/strong><\/h2>\n

Harm Schepel es Profesor de Derecho Econ\u00f3mico de la Facultad de Derecho de Kent y de la Facultad de Estudios Internacionales de Bruselas, Universidad de Kent. Traducido al espa\u00f1ol por Mar\u00eda Candela Conforti. La traducci\u00f3n de las citas pertenece a la traductora.<\/em><\/p>\n

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Notas<\/h2>\n

[1]<\/a> Mart\u00ednez-Fraga, P. J., & Reetz, C. R. (2015). Public purpose in international law: Rethinking regulatory sovereignty in the global era<\/em>. Cambridge: Cambridge University Press.<\/p>\n

[2]<\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Vi\u00f1uales, J. E. (2014). Sovereignty in foreign investment law. En Z. Douglas, J. Pauwelyn, & J. E. Vi\u00f1uales (eds.), The foundations of international investment law <\/em>(pags. 317\u2013362). Oxford: Oxford University Press.<\/p>\n

[3]<\/a> Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global (AECG), Cap\u00edtulo de Inversi\u00f3n, Art\u00edculo 8.9, p\u00e1rrafo 1. Extra\u00eddo de http:\/\/trade.EC<\/span>.europa.EU<\/span>\/doclib\/docs\/2016\/february\/tradoc_154329.pdf<\/a>.<\/p>\n

[4]<\/a> V\u00e9ase, por ejemplo, Saluka vs. Rep\u00fablica Checa<\/em>, CNUDMI<\/span>, Laudo Parcial del 17 de marzo de 2006, p\u00e1rrafo 262.<\/p>\n

[5]<\/a> Mart\u00ednez-Fraga & Reetz, 2015, nota 1 supra<\/em>, p\u00e1g. 7.<\/p>\n

[6]<\/a> Mart\u00ednez-Fraga & Reetz, 2015, nota 1 supra<\/em>, p\u00e1g. 353.<\/p>\n

[7]<\/a> Santa Elena vs. Costa Rica<\/em>, Laudo del 17 de febrero de 2000, p\u00e1rrafo 72.<\/p>\n

[8]<\/a> Los autores observaron la situaci\u00f3n descripta en Restatement of Foreign Relations Law<\/em> del American Law Institute<\/em>, donde se remarca que la limitaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico \u201cno ha figurado de manera prominente en la pr\u00e1ctica de las demandas internacionales, tal vez esto sea porque el concepto de \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d es amplio y no es sometido a una revaluaci\u00f3n eficaz por otros Estados. Presumiblemente, la toma de un dictador u oligarqu\u00eda para uso privado podr\u00eda ser refutada bajo esta regla\u201d. American Law Institute. (1987). Restatement (Third) of Foreign Relations Law<\/em>, Secci\u00f3n 712, Comentario e<\/em>. Reinisch piensa diferente, argumentando que \u201cla pr\u00e1ctica de las cortes y tribunales internacionales tambi\u00e9n demuestra que \u2014pese a una amplia deferencia otorgada a los Estados expropiadores\u2014 los mismos est\u00e1n dispuestos a evaluar si un fin p\u00fablico como tal ha sido genuinamente perseguido\u201d. Reinsich, A. (2008). Legality of expropriations. En A. Reinisch (ed.), Standards of investment protection <\/em>(p\u00e1gs. 171\u2013204). Oxford: Oxford University Press, p\u00e1g. 186. Por justicia, la declaraci\u00f3n se basa casi exclusivamente en la \u00fanica instancia del caso ADC vs. Hungr\u00eda<\/em>, Laudo del 2 de octubre de 2006, p\u00e1rrafo 432.<\/p>\n

[9]<\/a> Fireman\u2019s Fund vs. M\u00e9xico<\/em>, Laudo del 17 de julio de 2006, p\u00e1rrafo 174.<\/p>\n

[10]<\/a> Mart\u00ednez-Fraga & Reetz, 2015, nota 1 supra<\/em>, pags. 106\u2013107.<\/p>\n

[11]<\/a>\u00a0 V\u00e9ase, por ejemplo, Kingsbury, B., & Schill, S. W. (2010). Public law concepts to balance investors\u2019 rights with state regulatory actions in the public interest: The concept of proportionality. En S. W. Schill (ed.), International investment law and comparative public law <\/em>(pags. 75\u2013106). Oxford: Oxford University Press.<\/p>\n

[12]<\/a> Mart\u00ednez-Fraga & Reetz, 2015, nota 1 supra<\/em>, p\u00e1g. 264 et seq<\/em>.<\/p>\n