{"id":10570,"date":"2016-08-10T09:36:57","date_gmt":"2016-08-10T07:36:57","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/08\/10\/demandante-no-cumple-con-el-periodo-de-prescripcion-de-tres-anos-bajo-el-dr-cafta\/"},"modified":"2024-08-16T20:16:06","modified_gmt":"2024-08-16T18:16:06","slug":"demandante-no-cumple-con-el-periodo-de-prescripcion-de-tres-anos-bajo-el-dr-cafta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/08\/10\/demandante-no-cumple-con-el-periodo-de-prescripcion-de-tres-anos-bajo-el-dr-cafta\/","title":{"rendered":"Demandante no cumple con el per\u00edodo de prescripci\u00f3n de tres a\u00f1os bajo el DR-CAFTA"},"content":{"rendered":"

Corona Materials, LLC vs. Rep\u00fablica Dominicana, Caso del CIADI<\/span> No. ARB(AF)\/14\/3<\/em><\/h3>\n

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) declar\u00f3 su falta de competencia en el caso de Corona Materials LLC (una empresa norteamericana) contra la Rep\u00fablica Dominicana. En el laudo del 31 de mayo de 2016, el tribunal afirm\u00f3 que carec\u00eda de competencia para entender en la controversia, dado que la demanda de Corona se encontraba fuera del t\u00e9rmino de tres a\u00f1os establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la Rep\u00fablica Dominicana y Am\u00e9rica Central (DR-CAFTA).<\/p>\n

Antecedentes de hecho y demandas<\/em><\/h3>\n

El caso se refiere a un proyecto minero para construir y operar una mina en la Rep\u00fablica Dominicana de la cual Corona exportar\u00eda agregados para la construcci\u00f3n.<\/p>\n

En 2007, Corona present\u00f3 una solicitud para operar una concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n y pocos meses despu\u00e9s una solicitud de licencia ambiental. La empresa aleg\u00f3 que existieron dilaciones en el procesamiento de la licencia; la Rep\u00fablica Dominicana refut\u00f3 que fue Corona quien dilat\u00f3 el procedimiento al omitir su respuesta a las solicitudes de documentos y al modificar el alcance del proyecto en diversas oportunidades.<\/p>\n

En agosto de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente le inform\u00f3 a Corona que el proyecto \u201cno era ambientalmente viable\u201d (p\u00e1rrafo 43). Seg\u00fan la demandante, la decisi\u00f3n negativa no ten\u00eda bases suficientes, mientras que la demandada argument\u00f3 que la comunicaci\u00f3n no s\u00f3lo le inform\u00f3 la decisi\u00f3n sino tambi\u00e9n los motivos que condujeron a la misma. En octubre de 2010, Corona present\u00f3 un recurso de reconsideraci\u00f3n de la decisi\u00f3n, respecto del cual no recibi\u00f3 una respuesta formal. Seg\u00fan la Rep\u00fablica Dominicana, el plazo l\u00edmite para solicitar una reconsideraci\u00f3n hab\u00eda vencido.<\/p>\n

Corona inici\u00f3 el arbitraje contra la Rep\u00fablica Dominicana el 30 de julio de 2014, cuestionando las siguientes medidas: (i) la denegaci\u00f3n de la licencia ambiental, que seg\u00fan Corona, violaba los art\u00edculos del DR-CAFTA sobre trato nacional y nivel m\u00ednimo de trato (incluido el trato justo y equitativo y protecci\u00f3n y seguridad plenas) lo cual constituir\u00eda una expropiaci\u00f3n indirecta, y (ii) la falta de respuesta a la solicitud de reconsideraci\u00f3n, lo cual constituir\u00eda una denegaci\u00f3n de justicia.<\/p>\n

La Rep\u00fablica Dominicana neg\u00f3 todas las demandas y objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal, sosteniendo que las medidas alegadas tuvieron lugar despu\u00e9s del plazo de tres a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 10.18 (1) del DR-CAFTA. La disposici\u00f3n se\u00f1ala que \u201c[n]inguna reclamaci\u00f3n podr\u00e1 someterse a arbitraje conforme a esta Secci\u00f3n, si han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debi\u00f3 haber tenido conocimiento de la violaci\u00f3n alegada [\u2026] y conocimiento de que el demandante [\u2026], o la empresa [\u2026] sufri\u00f3 p\u00e9rdidas o da\u00f1os\u201d.<\/p>\n

Tribunal enfoca su an\u00e1lisis en determinar si la demandante cumpli\u00f3 con per\u00edodo de prescripci\u00f3n de tres a\u00f1os <\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>El tribunal remarc\u00f3 la similitud en la redacci\u00f3n de la disposici\u00f3n sobre el per\u00edodo de prescripci\u00f3n del DR-CAFTA y las correspondientes disposiciones contenidas en los Art\u00edculos 1116(2) y 1117(2) del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN<\/span>). Adoptando el enfoque de los tribunales del TLCAN en casos tales como Grand River vs. Estados Unidos <\/em>y Feldman vs. M\u00e9xico<\/em>, el tribunal del presente caso remarc\u00f3 que dichos tribunales han descrito el per\u00edodo de prescripci\u00f3n como no sujeto a \u201csuspensi\u00f3n, prolongaci\u00f3n u otra calificaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 192).<\/p>\n

Seg\u00fan el mismo, la fecha m\u00e1s temprana posible en la cual se permitiera a Corona haber tenido conocimiento real o impl\u00edcito del supuesto incumplimiento y de las p\u00e9rdidas o da\u00f1os es la \u201cfecha cr\u00edtica\u201d (p\u00e1rrafo 199). Dado que la solicitud de arbitraje fue registrada el 10 de junio de 2014, el tribunal concluy\u00f3 que la fecha cr\u00edtica fue tres a\u00f1os antes, el 10 de junio de 2011, y procedi\u00f3 a determinar si Corona tuvo conocimiento antes de la misma.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1ndo tuvo la demandante conocimiento real o impl\u00edcito?<\/em><\/h3>\n

El tribunal consider\u00f3 que la principal medida adoptada por la Rep\u00fablica Dominicana fue la negativa del Ministerio de Medio Ambiente para otorgar la licencia ambiental, la cual fue notificada a Corona por medio de una carta con fecha del 18 de agosto de 2010, estableciendo expresamente el car\u00e1cter definitivo de dicha decisi\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo consider\u00f3 las pruebas que indicaban que, a principios de 2011, Corona hab\u00eda comenzado a explorar la posibilidad de someter la diferencia a arbitraje en virtud del DR-CAFTA, tal como aparece en la correspondencia entre Corona y funcionarios p\u00fablicos. En cuanto al conocimiento de las p\u00e9rdidas o da\u00f1os, una carta del mismo per\u00edodo demostr\u00f3 que Corona no s\u00f3lo estaba consciente de la realidad del da\u00f1o causado por RD sino que era capaz de poder evaluar dicho da\u00f1o (US$342 millones).<\/p>\n

Seg\u00fan la opini\u00f3n del tribunal, Corona manifest\u00f3 su opini\u00f3n en febrero de 2011 enviando una carta al Ministerio de Medio Ambiente para que reconsiderase la decisi\u00f3n del 18 de agosto de 2010; por lo tanto, reconoci\u00f3 expl\u00edcitamente su conocimiento del da\u00f1o. Dado que esto ocurri\u00f3 antes de la fecha cr\u00edtica, el tribunal concluy\u00f3 que Corona no cumpli\u00f3 con el l\u00edmite de tiempo establecido en el Art\u00edculo 10.18(1) del DR-CAFTA.<\/p>\n

Tribunal aborda la cuesti\u00f3n de denegaci\u00f3n de justicia<\/em><\/h3>\n

Corona afirm\u00f3 que la denegaci\u00f3n de justicia alegada era una violaci\u00f3n separada a la denegaci\u00f3n de otorgamiento de la licencia ambiental. El tribunal, antes de analizar cu\u00e1ndo Corona adquiri\u00f3 conocimiento del da\u00f1o, ya hab\u00eda concluido que no hab\u00eda fundamento para esta demanda, dado que la falta de reconsideraci\u00f3n de la denegaci\u00f3n del otorgamiento de la licencia por parte de la Rep\u00fablica Dominicana no era m\u00e1s que la confirmaci\u00f3n impl\u00edcita de su decisi\u00f3n anterior.<\/p>\n

Si bien podr\u00eda haber simplemente finalizado su tarea en este momento al haber concluido firmemente que el reclamo de Corona hab\u00eda prescripto, el tribunal consider\u00f3 apropiado abordar la denegaci\u00f3n de justicia, que Corona le iba dando cada vez mayor importancia mientras se desarrollaba el procedimiento. En particular, Corona afirm\u00f3 que, durante cinco a\u00f1os y medio, la Rep\u00fablica Dominicana no hab\u00eda respondido a la moci\u00f3n de reconsideraci\u00f3n.<\/p>\n

Primero, el tribunal no estuvo de acuerdo con Corona, y sostuvo que un acto administrativo, per se, y particularmente en el primer nivel jer\u00e1rquico de la toma de decisiones, no puede constituir una denegaci\u00f3n de justicia conforme al derecho internacional consuetudinario. Asimismo, subray\u00f3 que el DR-CAFTA no est\u00e1 redactado en t\u00e9rminos tan amplios, y hace hincapi\u00e9 en diversas formas de \u201cprocedimientos contencioso-administrativos\u201d, a saber, que no todas las cuestiones criminales, civiles o administrativas, o los actos o procedimientos encuadran dentro del alcance del DR-CAFTA. As\u00ed, el tribunal determin\u00f3 que no hab\u00eda procedimiento contencioso-administrativo alguno al momento de la presentaci\u00f3n del recurso de reconsideraci\u00f3n por Corona.<\/p>\n

Asimismo, el tribunal indic\u00f3 que, a\u00fan si se considerara que la moci\u00f3n ha activado un proceso contencioso administrativo, primero deber\u00eda analizar si se han agotado los recursos locales en este caso en particular, ya que el agotamiento de los recursos internos es un requisito previo para alegar la denegaci\u00f3n de justicia. Recordando que la denegaci\u00f3n de justicia se apoya en el fracaso sist\u00e9mico del sistema judicial del Estado, el tribunal concluy\u00f3 que Corona no pudo demostrar que avanzar en el sistema jur\u00eddico de la Rep\u00fablica Dominicana habr\u00eda sido in\u00fatil.<\/p>\n

Como punto final, el tribunal rechaz\u00f3 el argumento de Corona en virtud del Art\u00edculo 10.18(2), el cual exige en primer lugar que la demandante renuncie \u201cde cualquier derecho a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las Partes, u otros procedimientos de soluci\u00f3n de controversias, cualquier actuaci\u00f3n respecto de cualquier medida que se alegue ha constituido una violaci\u00f3n\u201d, y luego establece la posibilidad de presentar una acci\u00f3n que persiga medidas precautorias provisionales, que no impliquen el pago de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os mientras que la demandante promueve su reclamaci\u00f3n por da\u00f1os en virtud del DR-CAFTA.<\/p>\n

Corona aleg\u00f3 que la renuncia exigida para presentar una reclamaci\u00f3n por da\u00f1os le prohib\u00eda agotar los recursos internos. Sin embargo, el tribunal estuvo en desacuerdo, considerando que el DR-CAFTA es claro en sus t\u00e9rminos. Se\u00f1al\u00f3 que dicho acuerdo establece una cl\u00e1usula de bifurcaci\u00f3n (fork-in-the-road<\/em>) que no imped\u00eda a Corona recurrir a remedios locales, sino que le prohib\u00eda incoar una reclamaci\u00f3n por la misma presunta violaci\u00f3n ante los tribunales locales y arbitraje internacional.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el tribunal dictamin\u00f3 que, en virtud del DR-CAFTA, la reclamaci\u00f3n de denegaci\u00f3n de justicia de Corona no es una reclamaci\u00f3n respecto de la cual se pueda dictar un laudo favorable.\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n

Decisi\u00f3n y costas<\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>El tribunal decidi\u00f3 que la solicitud de arbitraje fue extempor\u00e1nea, y que carec\u00eda de competencia sobre las reclamaciones. Tambi\u00e9n orden\u00f3 a cada una partes el pago de la mitad de las costas del arbitraje y asumir sus propios honorarios y gastos legales.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por Pierre-Marie Dupuy (Presidente propuesto por el Presidente del Consejo Administrativo y acordado por las partes, nacional franc\u00e9s), Fernando Mantilla-Serrano (nominado por la demandante, nacional colombiano) y J. Cristopher Thomas (designado por la demandada, nacional canadiense). El laudo se encuentra disponible en espa\u00f1ol en https:\/\/ICSID<\/span>.worldbank.org\/ICSID\/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC8252_Sp&caseId=C366.<\/p>\n

Maria Florencia Sarmiento\u00a0<\/strong>es ayudante de c\u00e1tedra e investigaci\u00f3n de la Universidad Cat\u00f3lica de Argentina.<\/p>\n

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