{"id":10567,"date":"2016-08-10T09:35:57","date_gmt":"2016-08-10T07:35:57","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/08\/10\/venezuela-debe-pagar-us1202-mil-millones-mas-intereses-a-la-empresa-minera-canadiense-crystallex-por-violacion-de-fet-y-expropiacion\/"},"modified":"2024-08-16T20:16:07","modified_gmt":"2024-08-16T18:16:07","slug":"venezuela-debe-pagar-us1202-mil-millones-mas-intereses-a-la-empresa-minera-canadiense-crystallex-por-violacion-de-fet-y-expropiacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/08\/10\/venezuela-debe-pagar-us1202-mil-millones-mas-intereses-a-la-empresa-minera-canadiense-crystallex-por-violacion-de-fet-y-expropiacion\/","title":{"rendered":"Venezuela debe pagar US$1,202 mil millones m\u00e1s intereses a la empresa minera canadiense Crystallex por violaci\u00f3n de FET y expropiaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Crystallex International Corporation vs. la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso del CIADI<\/span> No. ARB(AF)\/11\/2<\/em><\/h3>\n

En un laudo de 273 p\u00e1ginas del 4 de abril de 2016, un tribunal del Mecanismo Complementario (MC) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) orden\u00f3 a Venezuela el pago de US$1,202 mil millones m\u00e1s intereses a la empresa canadiense Crystallex International Corporation (Crystallex). El tribunal consider\u00f3 que la denegaci\u00f3n de un permiso ambiental a Crystallex y la cancelaci\u00f3n de su contrato de operaci\u00f3n minera, entre otras acciones de Venezuela, demostraban una decisi\u00f3n en el m\u00e1s alto nivel de la agenda pol\u00edtica venezolana para nacionalizar una mina de oro sin compensaci\u00f3n.<\/p>\n

Antecedentes de hecho y demandas<\/em><\/h3>\n

El 17 de septiembre de 2002, Crystallex y Corporaci\u00f3n Venezolana de Guayana (CVG), una empresa estatal venezolana, celebraron un Contrato de Operaci\u00f3n Minera (COM) para desarrollar concesiones mineras en el \u00e1rea de Las Cristinas. Se dice que existen grandes yacimientos de oro en el \u00e1rea, localizada dentro de la Reserva Forestal Nacional Imataca de Venezuela.<\/p>\n

Entre 2003 y 2008 Crystallex solicit\u00f3 los permisos necesarios. Para responder a algunas preocupaciones planteadas por Venezuela, la empresa tuvo que presentar un estudio de impacto ambiental revisado. Posteriormente, en una carta del 16 de mayo de 2007, el Ministerio del Ambiente solicit\u00f3 a Crystallex una fianza para \u201cgarantizar la ejecuci\u00f3n de las medidas propuestas en el documento presentado para la Evaluaci\u00f3n del Impacto Ambiental del proyecto, las cuales han sido analizadas y aprobadas por este Despacho\u201d. Adem\u00e1s, en la carta se se\u00f1alaba que, una vez aprobadas las formalidades relativas a la fianza, \u201cel [permiso ambiental] [\u2026] les ser\u00e1 entregado\u201d (p\u00e1rrafo 561).<\/p>\n

Pese a que Crystallex pag\u00f3 la fianza y los impuestos ambientales, el Ministerio del Ambiente le deneg\u00f3 el permiso ambiental en una carta del 14 de abril de 2008, bas\u00e1ndose en las preocupaciones por el impacto ambiental y en los pueblos ind\u00edgenas de la reserva Imataca. En varias declaraciones p\u00fablicas desde 2008 al 2010, el entonces Presidente Hugo Ch\u00e1vez y funcionarios de alto nivel expresaron la intenci\u00f3n de Venezuela de nacionalizar los yacimientos de oro, incluyendo Las Cristinas.<\/p>\n

Crystallex notific\u00f3 al Ministerio de Minas sobre la controversia en noviembre de 2008. Pero, reci\u00e9n el 16 de febrero de 2011 \u2014despu\u00e9s de que CVG rescindiera formalmente el COM el 3 de febrero de 2011\u2014 Crystallex inici\u00f3 el arbitraje contra Venezuela por la expropiaci\u00f3n de sus inversiones y por no otorgarles un trato justo y equitativo (FET<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s) ni protecci\u00f3n y seguridad plenas, en violaci\u00f3n del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Canad\u00e1 y Venezuela. Crystallex solicit\u00f3 una compensaci\u00f3n de US$3,16 mil millones m\u00e1s intereses.<\/p>\n

Venezuela frustr\u00f3 las expectativas leg\u00edtimas de Crystallex, entre otras violaciones del FET <\/em><\/h3>\n

El tribunal se remiti\u00f3 a la jurisprudencia \u2014incluyendo los casos Rumeli vs. Kazakst\u00e1n<\/em>, Lemire vs. Ucrania <\/em>y Bayindir vs. Pakist\u00e1n<\/em>\u2014 para determinar el contenido del est\u00e1ndar FET del tratado, y concluy\u00f3 que estos presentan una serie de elementos comunes que son pertinentes al caso en cuesti\u00f3n: \u201cla protecci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas, la protecci\u00f3n contra el trato arbitrario o discriminatorio, la transparencia y la coherencia\u201d (p\u00e1rrafo 543). Y agreg\u00f3 que no es necesario que la conducta del Estado sea escandalosa o de mala fe para que llegue a constituir una infracci\u00f3n a este est\u00e1ndar.<\/p>\n

Seg\u00fan el tribunal, la mayor\u00eda de las expectativas alegadas por Crystallex \u201cpresentan una circularidad de argumento\u201d (p\u00e1rrafo 551) o eran \u201cdemasiado generales e indeterminadas\u201d (p\u00e1rrafo 553) para fundar una demanda por expectativas leg\u00edtimas, y por lo tanto, una violaci\u00f3n del FET. No obstante, observando en mayor detalle la carta del 16 de mayo de 2007, el tribunal consider\u00f3 que la misma indicaba claramente que Venezuela hab\u00eda completado el proceso de an\u00e1lisis y que entregar\u00eda el permiso una vez consignada la fianza, creando as\u00ed expectativas leg\u00edtimas en Crystallex para que pagase la fianza y los impuestos ambientales.<\/p>\n

Resulta importante que el tribunal no concord\u00f3 con la sugerencia de Crystallex de que ten\u00eda derecho al permiso ambiental. \u201cDesde la perspectiva del derecho internacional\u201d, afirm\u00f3 el tribunal, \u201cno podr\u00eda decirse que un Estado tiene la obligaci\u00f3n de otorgar un permiso para afectar recursos naturales, y siempre conservar\u00eda la libertad de denegar un permiso si lo considera adecuado\u201d (p\u00e1rrafo 581).<\/p>\n

Si bien el tribunal consider\u00f3 que, hasta la carta de fecha 16 de mayo de 2007, \u201cel inversor generalmente recibi\u00f3 un trato sincero\u201d (p\u00e1rrafo 588), concluy\u00f3 que la carta de denegaci\u00f3n del permiso de fecha 14 de abril de 2008 conten\u00eda elementos de arbitrariedad y falta de transparencia y coherencia. Por ejemplo, se\u00f1al\u00f3 que la referencia en la carta al calentamiento global era \u201cespecialmente problem\u00e1tica\u201d, remarcando que \u201cplantear esta inquietud por primera vez en un intento de justificar la denegaci\u00f3n del permiso es un claro ejemplo de conducta arbitraria e injusta\u201d (p\u00e1rrafo 592).<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n consider\u00f3 la falta de datos o estudios cient\u00edficos para justificar la denegaci\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que \u201cno puede entender c\u00f3mo miles y miles de p\u00e1ginas presentadas por Crystallex, luego de a\u00f1os de trabajo y millones de d\u00f3lares en costos, pudieron ser ignoradas de manera tan flagrante\u201d (p\u00e1rrafos 597). Estos \u201cgrandes esfuerzos\u201d seg\u00fan el tribunal, \u201cfacultaban a Crystallex para que sus estudios fueran debidamente analizados y minuciosamente evaluados\u201d (p\u00e1rrafo 597).<\/p>\n

El tribunal afirm\u00f3 que la denegaci\u00f3n del permiso era fundamentalmente deficiente y que frustr\u00f3 las expectativas leg\u00edtimas de Crystallex generadas por la carta del 16 de mayo de 2007. Adem\u00e1s, determin\u00f3 que Venezuela someti\u00f3 a Crystallex a una \u201c\u2018monta\u00f1a rusa\u2019 de declaraciones contradictorias e incoherentes\u201d (p\u00e1rrafo 606) en el manejo de la rescisi\u00f3n del COM, violando as\u00ed el est\u00e1ndar FET en virtud del TBI.<\/p>\n

Demanda por \u201cprotecci\u00f3n y seguridad plenas\u201d rechazada ya que concierne seguridad f\u00edsica, no jur\u00eddica<\/em><\/h3>\n

Crystallex reclam\u00f3 que la \u201cseguridad y protecci\u00f3n plenas\u201d abarca la seguridad y estabilidad jur\u00eddica, mientras que Venezuela argument\u00f3 que este est\u00e1ndar se limita a la seguridad f\u00edsica. El tribunal adhiri\u00f3 a la interpretaci\u00f3n de Venezuela y se bas\u00f3 en una serie de casos que incluyen Saluka vs. Rep\u00fablica Checa <\/em>y Rumeli vs. Kazakst\u00e1n<\/em>. Dado que Crystallex no reclam\u00f3 ni demostr\u00f3 que Venezuela hab\u00eda violado su seguridad f\u00edsica, el tribunal rechaz\u00f3 esta demanda.<\/p>\n

Tribunal encuentra expropiaci\u00f3n indirecta en tres grupos de acciones de Venezuela<\/em><\/h3>\n

Observando la amplia definici\u00f3n de inversi\u00f3n encontrada en el TBI, la cual cubre derechos contractuales \u201ca explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales\u201d (p\u00e1rrafo 661), el tribunal determin\u00f3 que los derechos de Crystallex bajo el COM eran susceptibles de ser expropiados.<\/p>\n

Tres grupos de acciones, en conjunto, llevaron al tribunal a concluir que hubo expropiaci\u00f3n indirecta: primero, la denegaci\u00f3n del permiso y la serie de acciones en torno a la misma; segundo, las declaraciones p\u00fablicas de los altos funcionarios del gobierno venezolano despu\u00e9s de la denegaci\u00f3n del permiso, que daban evidencia de la intenci\u00f3n de dicho gobierno de nacionalizar Las Cristinas y que resultaron en una devaluaci\u00f3n gradual de la inversi\u00f3n de Crystallex; y tercero, la rescisi\u00f3n del COM.<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n evalu\u00f3 si la expropiaci\u00f3n fue il\u00edcita. Acept\u00f3 el argumento de Venezuela de que la expropiaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en pos de un objetivo de inter\u00e9s p\u00fablico, y concluy\u00f3 que Crystallex no pudo demostrar que la expropiaci\u00f3n ocurri\u00f3 en violaci\u00f3n del debido proceso o de manera discriminatoria. Sin embargo, dado que Venezuela no ofreci\u00f3 una compensaci\u00f3n pronta, adecuada y efectiva, el tribunal sostuvo que Venezuela expropi\u00f3 la inversi\u00f3n de Crystallex en violaci\u00f3n del TBI.<\/p>\n

Tribunal usa promedio de dos metodolog\u00edas para calcular compensaci\u00f3n<\/em><\/h3>\n

Considerando la conclusi\u00f3n de que Venezuela viol\u00f3 acumulativamente el est\u00e1ndar FET y la disposici\u00f3n sobre expropiaci\u00f3n del TBI, el tribunal decidi\u00f3 aplicar el est\u00e1ndar de \u201creparaci\u00f3n integral\u201d bajo el derecho consuetudinario internacional, utilizando la metodolog\u00eda de \u201cvalor justo de mercado\u201d. Coincidi\u00f3 con Venezuela en la elecci\u00f3n del 13 de abril de 2008 \u2014d\u00eda anterior a la denegaci\u00f3n del permiso, que el tribunal consider\u00f3 como el primer acto importante que dio lugar a la expropiaci\u00f3n indirecta\u2014 como la fecha apropiada para la valuaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n

Al evaluar el valor justo de mercado de la inversi\u00f3n, el tribunal primero se pregunt\u00f3 si era m\u00e1s apropiado adoptar\u00a0 los enfoques hacia el futuro de Crystallex (todos destinados a calcular el lucro cesante) o el enfoque retrospectivo propuesto por Venezuela (el enfoque de los costos destinado a considerar lo que Crystallex gast\u00f3 en la inversi\u00f3n). As\u00ed la suma de costos por la empresa indic\u00f3 un gasto de US$644,8 millones.<\/p>\n

El tribunal consider\u00f3 que, en este caso en cuesti\u00f3n, era apropiado utilizar una metodolog\u00eda para calcular las ganancias perdidas. Observ\u00f3 los Est\u00e1ndares y Lineamientos para la Valoraci\u00f3n de Yacimientos Minerales del Instituto Canadiense de Miner\u00eda, Metalurgia y Petr\u00f3leo (\u201cLineamientos CIMVal\u201d) para confirmar su elecci\u00f3n metodol\u00f3gica.<\/p>\n

Entonces el tribunal procedi\u00f3 a analizar las cuatro metodolog\u00edas propuestas por Crystallex. Rechazando el m\u00e9todo P\/NAV <\/em>por no brindar datos confiables y el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n indirecta de las ventas <\/em>por arrojar resultados excesivamente especulativos, el tribunal otorg\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de US$1,202 mil millones, bas\u00e1ndose en un promedio de da\u00f1os calculados a trav\u00e9s de los enfoques del mercado de acciones<\/em> y de los m\u00faltiplos de mercado<\/em>. Tambi\u00e9n otorg\u00f3 intereses tanto previos como posteriores al laudo a la tasa LIBOR en d\u00f3lares estadounidenses promedio a 6 meses m\u00e1s el 1 por ciento anual.<\/p>\n

Crystallex tambi\u00e9n solicit\u00f3 al tribunal que declare que el monto del laudo fuera neto de todos los impuestos venezolanos y canadienses, pero el tribunal rechaz\u00f3 ambas solicitudes.<\/p>\n

Considerando que \u201ccada lado plante\u00f3 argumentos v\u00e1lidos en sustento de su postura respectiva, y actu\u00f3 de manera justa y profesional\u201d (p\u00e1rrafo 959), el tribunal determin\u00f3 que cada parte deber\u00eda hacerse cargo de sus propios costos y que deber\u00edan compartir los costos del CIADI en partes iguales.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por Laurent L\u00e9vy (presidente nominado por las partes, ciudadano brasilero y suizo), John Y. Gotanda (designado por la demandante, nacional estadounidense) y Laurence Boisson de Chazournes (nominada por la demandada, nacional francesa). El laudo est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7194.pdf<\/a> y en espa\u00f1ol en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7195.pdf<\/a>.<\/p>\n

Martin Dietrich Brauch<\/strong> es consejero de Derecho Internacional y asociado con sede en Latinoam\u00e9rica del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n