{"id":10511,"date":"2016-05-16T05:02:09","date_gmt":"2016-05-16T03:02:09","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/05\/16\/la-necesidad-de-un-observatorio-sobre-inversiones-y-transnacionales-para-el-sur-global\/"},"modified":"2024-08-16T20:16:27","modified_gmt":"2024-08-16T18:16:27","slug":"la-necesidad-de-un-observatorio-sobre-inversiones-y-transnacionales-para-el-sur-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/05\/16\/la-necesidad-de-un-observatorio-sobre-inversiones-y-transnacionales-para-el-sur-global\/","title":{"rendered":"La Necesidad de un Observatorio sobre Inversiones y Transnacionales para el Sur Global"},"content":{"rendered":"

En los \u00faltimos a\u00f1os se ha incrementado exponencialmente la recurrencia del arbitraje internacional basado en tratados de inversi\u00f3n con cl\u00e1usulas de soluci\u00f3n de controversias inversionista-Estado (ISDS<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s). Seg\u00fan datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD<\/span>)[1]<\/a>, de 2010 a 2015 se han registrado un promedio anual de 54 demandas de ISDS. En la mayor\u00eda (por no decir la totalidad) de las demandas, los inversionistas son motivados por la supuesta p\u00e9rdida de beneficios econ\u00f3micos como consecuencia de alguna pol\u00edtica p\u00fablica que, de manera leg\u00edtima y soberana, el Estado receptor de la inversi\u00f3n decidi\u00f3 aplicar.<\/p>\n

El sistema de inversi\u00f3n y del arbitraje internacional pone en el mismo nivel al Estado y al inversionista. \u00a0Muchos tribunales arbitrales, mayoritariamente en el \u00e1mbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI<\/span>), terminan favoreciendo al inversionista con el pago de cantidades millonarias por parte de los Estados, argumentando violaciones espec\u00edficas a los tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBIs). \u00a0Esta problem\u00e1tica se devel\u00f3 a finales de los 90, luego de haberse plegado en casi todos los pa\u00edses del Sur por pol\u00edticas aperturistas de incentivo a favor de la inversi\u00f3n extranjera directa (IED<\/span>) a trav\u00e9s de TBIs.<\/p>\n

Son varios los casos que se van sumando a la larga lista de demandas bajo el CIADI, en donde hay una fuerte presencia de pa\u00edses latinoamericanos, como Argentina (59 demandas conocidas), Venezuela (36), Ecuador (22) y Bolivia (13)[1]<\/a>. Entre los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos est\u00e1 el de la compa\u00f1\u00eda Bechtel al plantearle al Estado boliviano una demanda de US$50 millones como consecuencia de la denominada \u201cGuerra del Agua\u201d. La presi\u00f3n p\u00fablica condujo al abandono de este caso en el CIADI por parte de la empresa[2]<\/a>. En 2006 y 2009 Chevron-Texaco demand\u00f3 al Ecuador ante un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya por US$1,6 mil millones por un supuesto incumplimiento de contrato. En el 2006 Ecuador fue demandado por Occidental por US$1,77 mil millones, convirti\u00e9ndose en uno de los casos de m\u00e1s alta compensaci\u00f3n en la historia del arbitraje internacional en ese entonces. \u00a0El arbitraje m\u00e1s costoso que enfrenta Venezuela, por su parte, es por una indemnizaci\u00f3n de US$31 mil millones con la empresa ConocoPhillips. Contra Uruguay, Philip Morris plante\u00f3 una demanda por la aplicaci\u00f3n de normas de salud p\u00fablica en beneficio de su poblaci\u00f3n.<\/p>\n

En otros casos alrededor del mundo tenemos Foresti v. Sud\u00e1frica <\/em>en el 2009, en el que Sud\u00e1frica pag\u00f3 m\u00e1s de \u20ac5 millones en representaci\u00f3n legal. Sud\u00e1frica ya ha cancelado los TBIs con sus principales socios \u2013Alemania, B\u00e9lgica, Espa\u00f1a, Holanda, Luxemburgo y Suiza\u2013. Adem\u00e1s, su Presidente firm\u00f3 a inicios de 2016 la Ley sobre Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n a las Inversiones, que reemplaza a los actuales tratados y se\u00f1ala que las protecciones a los inversionistas deben ser registradas en las cortes nacionales. Indonesia por su lado, decidi\u00f3 dar por terminados sus 67 TBIs a inicios del a\u00f1o 2014, a partir de su demanda por parte de la multinacional Churchill Mining por un monto de US$1,315 mil millones, sin contar intereses. Esta medida no significa que pueda retirarse completamente del r\u00e9gimen de tratados de inversi\u00f3n, ya que est\u00e1 sujeta a sus obligaciones bajo el Acuerdo de Inversiones de la Comunidad Econ\u00f3mica de la Asociaci\u00f3n de Naciones de Sudeste Asi\u00e1tico (ASEAN<\/span>) y el tratado de libre comercio (TLC<\/span>) ASEAN-Australia-Nueva Zelanda. Igualmente, pese a que pa\u00edses como Bolivia, Ecuador, Indonesia y Venezuela denunciaron el Convenio CIADI, no est\u00e1n libres de ser demandados en raz\u00f3n de la vigencia de los TBIs v\u00eda las clausulas de supervivencia. Adem\u00e1s, existen TBIs suscritos que permiten iniciar demandas en otras jurisdicciones internacionales.<\/p>\n

Como respuesta a esta problem\u00e1tica que lesiona las propias capacidades de los Estados para responder a las demandas de las empresas transnacionales, en este art\u00edculo se describen los esfuerzos para la creaci\u00f3n de un centro de asesor\u00eda en temas de resoluci\u00f3n de controversias inversionista-Estado. Espec\u00edficamente, se enfoca en la iniciativa intergubernamental de establecer el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales<\/em>. Entre los objetivos del Observatorio est\u00e1n la generaci\u00f3n de informaci\u00f3n, discusi\u00f3n, reflexi\u00f3n e intercambio de conocimientos y experiencias en materia de inversiones y arbitraje internacional de inversi\u00f3n, a fin de promover reglas claras y transparentes. Tambi\u00e9n est\u00e1 entre sus objetivos generar condiciones equitativas entre inversionistas y Estados que permitan fomentar una inversi\u00f3n sostenible y respetuosa con la soberan\u00eda de los Estados.<\/p>\n

1. Hist\u00f3rico de iniciativas de centros de asesor\u00eda e intercambio de conocimiento en materia de inversiones y controversias de inversi\u00f3n<\/h2>\n

Tomando en cuenta el incremento considerable del n\u00famero de demandas ISDS y el elevado costo del arbitraje, resulta necesario contar con espacios de cooperaci\u00f3n de alcance multilateral-regional de asesor\u00eda que apoyen a los Estados en la resoluci\u00f3n de disputas de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Entre este tipo de iniciativas, la UNCTAD conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) en el a\u00f1o 2009 apoyaron a los pa\u00edses latinoamericanos en el lanzamiento del proyecto para la creaci\u00f3n de un centro intergubernamental de asesor\u00eda a los pa\u00edses en desarrollo. La iniciativa tuvo tal grado de maduraci\u00f3n que se habl\u00f3 de la sede inicialmente en Washington y luego en Ciudad de Panam\u00e1. Sin embargo, no lleg\u00f3 a concretarse a pesar de que el acuerdo internacional de creaci\u00f3n fue suscrito un a\u00f1o despu\u00e9s. A nivel de la Uni\u00f3n de Naciones Suramericanas (UNASUR), en las discusiones iniciales para tratar la creaci\u00f3n de un centro de facilitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de controversias en materia de inversi\u00f3n, se ten\u00eda presente incluir un centro de asesor\u00eda para la defensa de los Estados, pero finalmente su contenido se termin\u00f3 definiendo como una instancia resolutiva de las disputas inversionista-Estado. A nivel del Arco del Pac\u00edfico, desde 2008 se hizo un llamado a la creaci\u00f3n de un centro de asesor\u00eda independiente y de alta calidad t\u00e9cnica, pero tambi\u00e9n hac\u00eda \u00e9nfasis en que las instancias multilaterales deb\u00edan ser monitoreadas.<\/p>\n

En el Foro de 2012 en el marco del TLC ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, tambi\u00e9n se propuso la creaci\u00f3n de un centro, siguiendo las directrices del proyecto de la UNCTAD para los pa\u00edses latinoamericanos entre 2008 y 2010. Tal propuesta fue motivada por las limitaciones en los costos y las capacidades t\u00e9cnicas a la hora de que los Estados enfrentan disputas con inversionistas extranjeros. Ninguna de estas iniciativas se lleg\u00f3 a concluir por falta de consenso pol\u00edtico[3]<\/a>.<\/p>\n

Las preocupaciones que motivan la constituci\u00f3n de centros de este tipo giran alrededor de los costos onerosos de representaci\u00f3n y defensa, y alrededor de los recursos t\u00e9cnicos y humanos altamente calificados que precisa la defensa de los Estados. Sin embargo, otra motivaci\u00f3n importante es la tendencia por parte de los Estados a depender en todas las etapas del proceso de los buffets de abogados y consultores privados. Con esta dependencia se da cierta p\u00e9rdida de control de las estrategias de defensa soberana y de la memoria institucional frente a la dimensi\u00f3n y las implicaciones de este tipo de litigios que necesariamente demandan pol\u00edticas de Estado.<\/p>\n

Dar respuesta y proporcionar que tales servicios est\u00e9n disponibles y compartidos entre los pa\u00edses en desarrollo desde un enfoque de cooperaci\u00f3n Sur-Sur no es una opci\u00f3n sino una necesidad imperiosa, que requiere voluntad pol\u00edtica de las autoridades estatales. Construir capacidades propias, a partir del intercambio de informaci\u00f3n y experiencias, y avanzar en una plataforma amplia para la cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica en materia de inversiones entre los pa\u00edses del Sur debe ser parte de la agenda inmediata.<\/p>\n

2. Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales<\/h2>\n

Tomando en cuenta las experiencias de Bolivia con Bechtel, de Ecuador con Chevron y Occidental, de Venezuela con ConocoPhillips, de Uruguay con Phillip Morris, entre otras, se reafirma la necesidad de poner en marcha una instituci\u00f3n intergubernamental que brinde asesor\u00eda para futuras demandas y guiar a los Estados en las disputas actuales. Asimismo, deber\u00e1 provocar un ahorro a los Estados de costos de defensa y representaci\u00f3n y de los costos arbitrales, promover la facilidad y transparencia de los procesos de arbitraje, afirmar la soberan\u00eda de los Estados y fortalecer su posici\u00f3n pol\u00edtica. Con el asesoramiento del Observatorio, los Estados contar\u00e1n con herramientas adecuadas para evitar elevados costos de arbitraje y con los elementos necesarios frente a posibles sanciones y laudos.<\/p>\n

La iniciativa de la creaci\u00f3n del Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales nace dentro del marco de la I Conferencia Ministerial de Estados y Transnacionales, realizada el 22 de abril de 2013, en Guayaquil, Ecuador. En este evento estuvieron presentes representantes de los pa\u00edses de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Am\u00e9rica \u2013 Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela), adem\u00e1s de la Rep\u00fablica Dominicana. Tambi\u00e9n participaron como pa\u00edses invitados Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y M\u00e9xico. Los Estados representados declararon la creaci\u00f3n del Observatorio como un espacio que permita levantar informaci\u00f3n que sirva de insumo al momento de adoptar medidas m\u00e1s efectivas en respuesta a la problem\u00e1tica generada por las reglas del actual sistema de inversiones y arbitraje internacional. El objetivo es que el Observatorio llegue a convertirse en un referente de ayuda en la soluci\u00f3n objetiva de resoluci\u00f3n de controversias con las empresas transnacionales, haciendo que los derechos reconocidos en las Constituciones de los Estados prevalezcan sobre los tratados y se respeten aspectos ambientales, laborales y de derechos humanos[4]<\/a>.<\/p>\n

La II Conferencia Ministerial se realiz\u00f3 el 10 de septiembre de 2015, en Caracas, Venezuela, donde se definieron los objetivos y actividades que se desarrollar\u00e1n dentro del Observatorio, destac\u00e1ndose la investigaci\u00f3n, el asesoramiento y la capacitaci\u00f3n para los pa\u00edses miembros y dem\u00e1s pa\u00edses del Sur que busquen adherirse. Esta II Conferencia cont\u00f3 con la asistencia adicional de Uruguay y otros pa\u00edses de Asia y Africa, en un total de 22 pa\u00edses. El Comit\u00e9 Ejecutivo de la Conferencia Ministerial, conformado por representantes de cada pa\u00eds miembro, es la instancia encargada de dar vida a la instituci\u00f3n[4]<\/a>\u00a0como un foro intergubernamental para discutir las pol\u00edticas del actual sistema de inversiones y su sistema de arbitraje internacional.<\/p>\n

Cabe recalcar que el Comit\u00e9 Ejecutivo, integrado por representantes de los pa\u00edses miembros \u2013Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, y Rep\u00fablica Dominicana, bajo la coordinaci\u00f3n de Ecuador\u2013, ha avanzado en propuestas espec\u00edficas trabajadas a lo largo de los dos \u00faltimos a\u00f1os. Las mismas deben ser consensuadas por las autoridades respectivas con el fin de que el Observatorio empiece a funcionar a partir de la III Conferencia Ministerial a realizarse pr\u00f3ximamente.<\/p>\n

3. Observaciones finales<\/h2>\n

La creaci\u00f3n de un foro en el marco regional en este momento es fundamental debido a que tanto pa\u00edses en desarrollo como desarrollados han sido demandados y obligados a redistribuir su prepuesto anual interno para pagar cuantiosas indemnizaciones a las empresas transnacionales. En el caso de Ecuador, por ejemplo, si los laudos fallasen a favor de las trasnacionales, se calcula que el Estado tendr\u00eda que pagar aproximadamente US$3,8 mil millones, costo que se ver\u00eda reflejado en la inversi\u00f3n social. Ecuador dejar\u00eda de invertir en la construcci\u00f3n de 560 escuelas, o financiar alrededor de 585.000 viviendas de 40.80 m2\u00a0en el sector rural.<\/p>\n

La propuesta de los pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica para la creaci\u00f3n del Observatorio, como instituci\u00f3n intergubernamental, permitir\u00e1 monitorear a la \u201cindustria del arbitraje\u201d, como se la denomina, y brindar\u00e1 apoyo a los Estados con informaci\u00f3n pertinente sobre mecanismos alternativos para atraer y garantizar inversiones sostenibles, a fin de alcanzar el beneficio mutuo entre empresas y Estados.<\/p>\n

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Autores<\/h3>\n

Fredy Geovanny Trujillo Quinchuela<\/strong> es Coordinador T\u00e9cnico Encargado de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la Rep\u00fablica del Ecuador. Silvia Perugachi<\/strong> es funcionaria de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la Rep\u00fablica del Ecuador.<\/p>\n

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Notas<\/h3>\n

[1]<\/a> Investment Dispute Settlement Navigator, disponible en http:\/\/investmentpolicyhub.UNCTAD<\/span>.org\/ISDS\/FilterByYear<\/a>.<\/p>\n

[2]<\/a> The Democracy Center. (n.d.). Bechtel vs. Bolivia: Detalles del caso y la campa\u00f1a<\/em>. Extra\u00eddo de http:\/\/democracyctr.org\/bechtel-vs-bolivia-detalles-del-caso-y-la-campana<\/a>.<\/p>\n

[3]<\/a> Joubin-Bret, A. (2015, diciembre). Establishing an international advisory centre on investment disputes?<\/em> The E15 Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum. Extra\u00eddo de http:\/\/e15initiative.org\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/E15-Investment-Joubin-Bret-FINAL.pdf<\/a>.<\/p>\n

[4]<\/a> Declaraci\u00f3n de la I Conferencia Ministerial de los Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, de 22 de abril de 2013. Extra\u00eddo de http:\/\/www.cancilleria.gob.EC<\/span>\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf<\/a>.<\/p>\n