{"id":10472,"date":"2016-05-16T04:02:08","date_gmt":"2016-05-16T02:02:08","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2016\/05\/16\/tribunal-del-ciadi-otorga-danos-por-expropiacion-indirecta-de-venezuela-en-una-inversion-en-industria-del-acero\/"},"modified":"2024-08-16T20:16:49","modified_gmt":"2024-08-16T18:16:49","slug":"tribunal-del-ciadi-otorga-danos-por-expropiacion-indirecta-de-venezuela-en-una-inversion-en-industria-del-acero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2016\/05\/16\/tribunal-del-ciadi-otorga-danos-por-expropiacion-indirecta-de-venezuela-en-una-inversion-en-industria-del-acero\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI otorga da\u00f1os por expropiaci\u00f3n indirecta de Venezuela en una inversi\u00f3n en industria del acero"},"content":{"rendered":"

Tenaris S.A. y Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA vs. la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Caso del CIADI<\/span> No. ARB\/11\/26<\/em><\/h2>\n

Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha emitido su laudo sobre la nacionalizaci\u00f3n de una empresa de propiedad extranjera que produce hierro briqueteado en caliente (HBC) para la industria del acero de Venezuela. La suma de los da\u00f1os e intereses anteriores al laudo otorgada por el tribunal llega a un total de US$172.801.213,70.<\/p>\n

El tribunal acept\u00f3 su jurisdicci\u00f3n en virtud del tratado bilateral de inversi\u00f3n entre Venezuela y Luxemburgo (TBI<\/span> con Luxemburgo) y del tratado bilateral entre Venezuela y Portugal (TBI con Portugal).<\/p>\n

En cuanto a los m\u00e9ritos, el tribunal rechaz\u00f3 el reclamo de que la interferencia en la inversi\u00f3n antes de la expropiaci\u00f3n diera como resultado una responsabilidad internacional. Sin embargo, reconoci\u00f3 que Venezuela hab\u00eda nacionalizado ilegalmente la inversi\u00f3n de las demandantes lo cual provoc\u00f3 una expropiaci\u00f3n indirecta.<\/p>\n

Antecedentes<\/em><\/h3>\n

Las demandantes son una sociedad constituida de conformidad con la legislaci\u00f3n de Luxemburgo (Tenaris) y una sociedad constituida seg\u00fan las leyes de Portugal (Talta). Tenaris posee el 100 por ciento de la propiedad de Talta a trav\u00e9s de una empresa intermediaria.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Mediante la privatizaci\u00f3n de la industria del acero de Venezuela en la d\u00e9cada de 1990, una filial de Tenaris (SIDOR) se convirti\u00f3 en la principal exportadora de acero terminado de Venezuela y de Sudam\u00e9rica, siendo la mayor consumidora de HBC. Consecuentemente, Tenaris junto con SIDOR establecieron una empresa venezolana conocida como Matesi para adquirir cierta capacidad de producci\u00f3n de HBC (PosVen). Entre las condiciones que precedieron a esta transacci\u00f3n era que Matesi firmara contratos para el abastecimiento de materias primas, que eran indispensables para la producci\u00f3n de HBC, con un n\u00famero de entidades estatales en t\u00e9rminos no menos favorables de los que gozada su predecesora. La mayor\u00eda accionaria de Tenaris en Matesi fue luego transferida a Talta.<\/p>\n

En 2008, el Presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez anunci\u00f3 que SIDOR ser\u00eda nacionalizada, decisi\u00f3n que posteriormente fue ratificada por el parlamento. En 2009, el Presidente Ch\u00e1vez anunci\u00f3 la intenci\u00f3n de nacionalizar Matesi y otros productores de HBC. La confirmaci\u00f3n formal fue emitida poco tiempo despu\u00e9s. En 2010, el Presidente venezolano anunci\u00f3 que Matesi ser\u00eda expropiada, ya que se hab\u00eda demostrado que no era posible llegar a un acuerdo con los accionistas sobre los t\u00e9rminos de la nacionalizaci\u00f3n. El arbitraje gira en torno a las circunstancias en que las demandantes perdieron el uso y goce de su inversi\u00f3n en Matesi.<\/p>\n

La <\/em>\u201csi\u00e8ge social\u201d y \u201csede\u201d en los TBIs requiere administraci\u00f3n efectiva, demostrada por las demandantes <\/em>\u00a0<\/strong><\/h3>\n

El primer tema de consideraci\u00f3n del tribunal era si las demandantes hab\u00edan establecido un \u201csi\u00e8ge social\u201d y \u201csede\u201d en Luxemburgo y en Portugal, respectivamente, conforme a los t\u00e9rminos espec\u00edficos de los TBIs.<\/p>\n

Venezuela aleg\u00f3 que los TBIs no solo requer\u00edan el establecimiento sino que el lugar donde se realizaba la administraci\u00f3n efectiva de la empresa deb\u00eda estar ubicado en el Estado de origen de la misma. Tambi\u00e9n argument\u00f3, bas\u00e1ndose en lo presentado ante la Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos y en otros documentos, que \u201cTenaris es una compa\u00f1\u00eda argentina, con 27.000 empleados, miles de millones de d\u00f3lares de ingresos y oficinas en los pisos 26\u00b0 y 30\u00b0 de un edificio de oficinas de 30 pisos en Buenos Aires\u201d (p\u00e1rrafo 120).<\/p>\n

Para decidir sobre esta objeci\u00f3n, el tribunal consider\u00f3 en primer lugar el significado com\u00fan de los t\u00e9rminos \u201csi\u00e8ge social\u201d y \u201csede\u201d. Bas\u00e1ndose en las presentaciones de las partes, el tribunal hall\u00f3 evidente que no se trataba de t\u00e9rminos coherentes \u201cde la jerga jur\u00eddica\u201d y que, de hecho, los mismos pose\u00edan varios significados comunes.<\/p>\n

Entonces el tribunal procedi\u00f3 a considerar el significado de estos t\u00e9rminos en su contexto as\u00ed como el objeto y prop\u00f3sito de los TBIs. As\u00ed, concluy\u00f3 que, dado el contexto, cada uno de estos t\u00e9rminos \u201cdebe connotar algo diferente a la cuesti\u00f3n puramente formal del domicilio de una oficina registrada o sede estatutaria, o algo m\u00e1s all\u00e1 de esta cuesti\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 150). Por lo tanto, el tribunal determin\u00f3 que \u201csi\u00e8ge social\u201d y \u201csede\u201d en los TBIs en cuesti\u00f3n, en este caso, significaban el lugar de administraci\u00f3n efectiva. A la luz de los alegatos y las pruebas recibidas, el tribunal concluy\u00f3 que el lugar de administraci\u00f3n efectiva de Tenaris y Talta se encontraba establecido en Luxemburgo y Portugal, respectivamente, y por ende, acept\u00f3 su jurisdicci\u00f3n ratione personae <\/em>respecto de las demandantes.<\/p>\n

Tribunal rechaza objeci\u00f3n de Venezuela de que la controversia era meramente contractual <\/em><\/h3>\n

Venezuela tambi\u00e9n objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal bas\u00e1ndose en reclamos relativos a que el suministro insuficiente o discriminatorio de materias primas a Matesi originaron una diferencia puramente contractual. Las demandantes respondieron que sus reclamaciones de discriminaci\u00f3n surgieron \u00fanicamente a ra\u00edz de las violaciones de las cl\u00e1usulas de los TBIs de trato justo y equitativo (FET<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s) y de no menoscabo. Alegaron que el proveedor era CVG FMO, una entidad estatal con un monopolio soberano.<\/p>\n

El tribunal analiz\u00f3 esta segunda objeci\u00f3n haciendo una distinci\u00f3n entre la jurisdicci\u00f3n para entender las demandas y la responsabilidad final en torno a dichas reclamaciones conforme a los TBI. En la etapa jurisdiccional, la cuesti\u00f3n determinante no era si las alegaciones de las demandantes sobre los hechos eran ciertas. Por lo tanto, el argumento presentado por Venezuela de que CVG FMO hab\u00eda actuado en su capacidad comercial y privada, si bien se trataba de una cuesti\u00f3n clave para determinar la responsabilidad final, no constitu\u00eda un obst\u00e1culo para la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

Nacionalizaci\u00f3n ilegal resulta en expropiaci\u00f3n indirecta bajo los TBIs <\/em><\/h3>\n

El tribunal tambi\u00e9n abord\u00f3 las demandas surgidas de la nacionalizaci\u00f3n de Matesi bas\u00e1ndose en que \u201c[n]o hay dudas, Venezuela nacionaliz\u00f3 Matesi\u201d (p\u00e1rrafo 451). Por ende, la cuesti\u00f3n era determinar si la nacionalizaci\u00f3n de SIDOR por Venezuela en 2008 y posteriormente de Matesi en 2009 constitu\u00eda una expropiaci\u00f3n indirecta ilegal, tal como afirmaron las demandantes, o si la nacionalizaci\u00f3n hab\u00eda sido totalmente legal bajo el derecho venezolano, ya que los TBIs s\u00f3lo aplicaban si la expropiaci\u00f3n fuera realizada de manera formal.<\/p>\n

El tribunal se mostr\u00f3 convencido de que \u201cVenezuela no implement\u00f3 los procedimientos que estableci\u00f3 para efectuar la nacionalizaci\u00f3n de SIDOR y sus empresas filiales y, en especial, Matesi\u201d (p\u00e1rrafo 493). Concluy\u00f3 que, al hacerlo, Venezuela incumpli\u00f3 de manera manifiesta los requisitos del proceso \u201ca medida\u201d de legislaci\u00f3n local para nacionalizaci\u00f3n, que result\u00f3 en una expropiaci\u00f3n indirecta conforme a los TBIs. El tribunal prosigui\u00f3 observando que este caso es \u201csimilar a ADC [v.] Hungr\u00eda,en el cual el inversor afectado no tuvo: \u201cuna oportunidad razonable, en un plazo razonable, para reclamar por sus derechos 1eg\u00edtimos y lograr que sea o\u00eddo su reclamo\u201d (p\u00e1rrafo 496).<\/p>\n

Eventos anteriores a expropiaci\u00f3n indirecta no llegan a constituir violaci\u00f3n de tratado <\/em><\/h3>\n

Seg\u00fan las demandantes, Venezuela viol\u00f3 las disposiciones FET, no-discriminaci\u00f3n y no menoscabo de ambos TBIs debido a la discriminaci\u00f3n de CVG FMO hacia Matesi, es decir, la inversi\u00f3n de las demandantes.<\/p>\n

Pese a que la filial de las demandantes (SIDOR) recib\u00eda peri\u00f3dicamente los tipos de insumos necesarios para la producci\u00f3n de HBC por parte de Matesi, SIDOR se vio obligada a vender estos insumos a CVG FMO. De acuerdo con las demandantes, su contrato de suministro con CVG FMO era \u201cde fundamental importancia para [su] decisi\u00f3n de invertir en Matesi, y condici\u00f3n que deb\u00eda cumplirse para que ellas compraran los activos de PosVen\u201d (p\u00e1rrafo 322).<\/p>\n

En cuanto a la determinaci\u00f3n de si CVG FMO discrimin\u00f3 a Matesi, el tribunal concluy\u00f3 que la evidencia presentada apuntaba a determinadas fallas. Sin embargo, luego determin\u00f3 que CVG FMO no era un \u00f3rgano del Estado a los fines del Art\u00edculo 4 de los Art\u00edculos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Il\u00edcitos de la Comisi\u00f3n de Derecho Internacional (CDI) ni se encontraba facultada por Venezuela para ejercer atribuciones del poder p\u00fablico conforme al Art\u00edculo 5 de la CDI.<\/p>\n

Las demandantes alegaron que los graves disturbios que impidieron el acceso a la planta y la retenci\u00f3n de unos 20 miembros de su personal administrativo, contra su voluntad, resultaron en la violaci\u00f3n de las obligaciones de Venezuela bajo el est\u00e1ndar de seguridad y protecci\u00f3n de los TBIs.<\/p>\n

El tribunal acept\u00f3 el alegato de las demandantes de que la obligaci\u00f3n no se limitaba exclusivamente a la protecci\u00f3n f\u00edsica frente a terceros sino que tambi\u00e9n se extend\u00eda a los efectos adversos provenientes del Estado receptor y sus \u00f3rganos. Posteriormente remarc\u00f3 que las demandantes meramente pretend\u00edan una sentencia declaratoria por los da\u00f1os sufridos durante el proceso de nacionalizaci\u00f3n, pero que la presunta falta de protecci\u00f3n y seguridad ocurri\u00f3 despu\u00e9s de la nacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n

Tribunal no utiliza metodolog\u00eda de Flujo de Caja Descontado para determinar da\u00f1os<\/em><\/h3>\n

Habiendo concluido que la expropiaci\u00f3n ocurri\u00f3 sin una compensaci\u00f3n oportuna y adecuada, el tribunal procedi\u00f3 a determinar la indemnizaci\u00f3n a ser pagada por Venezuela. En cuanto al c\u00e1lculo de dicha indemnizaci\u00f3n, el tribunal consider\u00f3 que las disposiciones pertinentes de los TBIs eran muy similares a las contenidas en los Art\u00edculos de la CDI, que seg\u00fan su opini\u00f3n, son los que mejor reflejan lo dispuesto por el derecho consuetudinario internacional.<\/p>\n

Los peritos de las partes acordaron que, cuando no se dispone de operaciones realizadas como entre partes independientes, la mejor forma de determinar el valor de los bienes, por lo general, es la metodolog\u00eda de Flujo de Caja Descontado. Sin embargo, el tribunal observ\u00f3 que \u201cel diablo est\u00e1 en los detalles\u201d (p\u00e1rrafo 521). Mientras que el perito de las demandantes propuso un valor de US$239 millones, los peritos de Venezuela llegaron a un valor de US$0. El Tribunal concluy\u00f3 que en las circunstancias de este caso existen errores importantes en los enfoques principales adoptados por ambas partes.<\/p>\n

El mismo procedi\u00f3 a analizar otros enfoques para determinar el Valor Justo de Mercado retomando finalmente la noci\u00f3n del precio acordado en una transacci\u00f3n realizada en condiciones de mercado. En este contexto, el tribunal estudi\u00f3 la adquisici\u00f3n de las acciones de Matesi en 2004 por parte de SIDOR y las demandantes. Esta transacci\u00f3n brind\u00f3 datos pertinentes en torno a los criterios de una operaci\u00f3n en condiciones de mercado.<\/p>\n

Finalmente el tribunal orden\u00f3 a Venezuela el pago de US$87.300.000 por la violaci\u00f3n de las disposiciones de los TBIs, as\u00ed como intereses anteriores al laudo desde la Fecha de Valuaci\u00f3n, 30 de abril de 2008, hasta la fecha del laudo, a una tasa del 9 por ciento anual, por la suma de USD 85.501.213,70 dentro de los seis meses de la fecha del laudo.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por John Beechey (Presidente nominado por acuerdo de las partes, ciudadano brit\u00e1nico), Judd Kessler (designado por las demandantes, ciudadano estadounidense) y Toby Landau\u00a0(nominado por la demandada, ciudadano brit\u00e1nico). El laudo final del 29 de enero de 2016 est\u00e1 disponible en espa\u00f1ol en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw7099.pdf<\/a>.<\/p>\n

Matthew Levine<\/strong> es abogado canadiense y contribuidor del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n