A principios de la d\u00e9cada de los noventa el Estado boliviano se embarc\u00f3 en un periodo neoliberal<\/em>. Dicho periodo estuvo marcado por (i) la construcci\u00f3n de un andamiaje constitucional y legal, tendente al blindaje de la inversiones extranjeras, que alcanzaba incluso a su propio marco regulatorio y competencial de control, y (ii) un proceso de vaciamiento patrimonial del Estado, a trav\u00e9s de la privatizaci\u00f3n de los recursos naturales y las empresas estrat\u00e9gicas del Estado en favor de empresas transnacionales.<\/p>\n En ese \u00e1mbito, Bolivia suscribi\u00f3 su primer tratado bilateral de inversiones (TBI<\/span><\/span>) el 23 de marzo de 1987 con Alemania y prosigui\u00f3 con otros pa\u00edses hasta el a\u00f1o 2004. El Estado boliviano, as\u00ed, lleg\u00f3 a suscribir veintid\u00f3s (22) TBIs[1]<\/a> de los cu\u00e1les fueron ratificados veintiuno (21). En 1990 se promulg\u00f3 la denominada Ley de Inversiones[2]<\/a> y al a\u00f1o siguiente Bolivia se adhiri\u00f3 a la Convenci\u00f3n sobre Reconocimiento y Ejecuci\u00f3n de la Sentencias Arbitrales Extranjeras[3]<\/a> (a\u00fan en vigencia). Luego, en 1994 ratific\u00f3 el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI<\/span>)[4]<\/a>.<\/p>\n El 22 de enero del 2006 se inici\u00f3 el primer mandato constitucional del Presidente Evo Morales y, con ello, el denominado \u201cproceso de cambio\u201d en Bolivia. La administraci\u00f3n del Presidente Morales trajo consigo una serie de transformaciones en materia de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Los principales hitos de dichas transformaciones fueron: (i) el proceso de nacionalizaci\u00f3n de los hidrocarburos[5]<\/a>; y (ii) la Asamblea Constituyente, que dio origen a la actual Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE).<\/p>\n Con relaci\u00f3n al proceso de nacionalizaci\u00f3n, es destacable que, a casi 10 a\u00f1os de su inicio, el Estado boliviano ha solucionado de forma amigable una decena de controversias, contando con apenas un solo laudo arbitral en su contra, cumplido en un plazo de cuatro meses. En ese sentido, Bolivia se convierte en el pa\u00eds que mayores nacionalizaciones ha llevado a cabo en los \u00faltimos a\u00f1os y el que menos litigios ha generado al respecto[6]<\/a>.<\/p>\n Con relaci\u00f3n al proceso constituyente boliviano, la alta representatividad de los sectores sociales permiti\u00f3 adoptar una nueva visi\u00f3n de pa\u00eds, particularmente, respecto a la funci\u00f3n del Estado en la econom\u00eda y, por ende, las pol\u00edticas sectoriales en materia de recursos naturales y el tratamiento a las inversiones extranjeras. En ese marco, se incluy\u00f3 en la CPE el art\u00edculo 320, que introdujo una nueva base para el tratamiento de la inversi\u00f3n extranjera y su relaci\u00f3n con la inversi\u00f3n nacional.<\/p>\n El art\u00edculo 320 dispone lo siguiente:<\/p>\n I. La inversi\u00f3n boliviana se priorizar\u00e1 frente a la inversi\u00f3n extranjera.<\/p>\n II. Toda inversi\u00f3n extranjera est\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podr\u00e1 invocar situaci\u00f3n de excepci\u00f3n, ni apelar a reclamaciones diplom\u00e1ticas para obtener un tratamiento m\u00e1s favorable.<\/p>\n III. Las relaciones econ\u00f3micas con estados o empresas extranjeras se realizar\u00e1n en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podr\u00e1 otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones m\u00e1s beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.<\/p>\n IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de pol\u00edtica econ\u00f3mica interna, y no aceptar\u00e1 imposiciones no condicionamientos sobre esta pol\u00edtica por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.<\/p>\n V. Las pol\u00edticas p\u00fablicas promocionar\u00e1n el consumo interno de productos hechos en Bolivia.<\/p><\/blockquote>\n Dicho art\u00edculo ha sido objeto de sendos debates por su alegada redacci\u00f3n at\u00edpica<\/em>, en un contexto actual en el que persiste el espejismo que la inversi\u00f3n extranjera, per se<\/em>, constituye un est\u00edmulo para el crecimiento econ\u00f3mico de los Estados y permite el desarrollo de los pa\u00edses receptores de la misma.<\/p>\n La experiencia en Bolivia ha demostrado que la atracci\u00f3n de la inversi\u00f3n extranjera por la inversi\u00f3n extranjera misma no genera el esperado desarrollo para los pa\u00edses importadores de aquella y se constituye, m\u00e1s bien, en un mecanismo de financiamiento y transferencia de recursos desde el sur<\/em> al norte<\/em>. Contrariamente, en el caso boliviano, ha sido la participaci\u00f3n del Estado como promotor de una econom\u00eda plural<\/em> inclusiva (compuesta por el Estado, el sector privado, las cooperativas y las formas de producci\u00f3n comunitarias) y el crecimiento de la demanda interna, apoyados en una pol\u00edtica de atracci\u00f3n de inversi\u00f3n extranjera y de inversi\u00f3n p\u00fablica, los que han generado el despegue de su crecimiento econ\u00f3mico[7]<\/a> reconocido en diferentes organismos y foros internacionales[8]<\/a>.<\/p>\n El art\u00edculo 320 de la CPE retoma un importante principio de los pa\u00edses latinoamericanos, olvidado bajo la hegemon\u00eda de los TBIs: que el tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser discriminatorio en contra de los inversionistas nacionales[9]<\/a>. La igualdad entre la inversi\u00f3n nacional y la extranjera en Bolivia se materializa en el hecho que ambas quedan sometidas a la jurisdicci\u00f3n, a las leyes y a las autoridades bolivianas, sin posibilidad de invocar situaci\u00f3n alguna de excepci\u00f3n. Del art\u00edculo 320 tambi\u00e9n se desprende el actual marco legal de tratamiento a las inversiones, particularmente, las actuales Ley de Promoci\u00f3n de Inversiones (LPI)[10]<\/a> y Ley de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje (LCyA)[11]<\/a>.<\/p>\n La elaboraci\u00f3n de la Ley N\u00ba 708, de 25 de junio de 2015, denominada LCyA, estuvo a cargo de la Procuradur\u00eda General del Estado y el Ministerio de Justicia. La LCyA fue producto de un amplio consenso entre las instituciones del Estado, las empresas p\u00fablicas y el sector privado, y fue elaborada (i) en virtud de la preservaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico<\/em> y la autonom\u00eda de la voluntad de las partes<\/em>, (ii) a objeto de otorgar seguridad jur\u00eddica (previsibilidad) tanto al Estado como al inversionista (iii) en un marco de igualdad y equidad para ambos.<\/p>\n La LCyA contiene varias nuevas figuras que no estaban presentes en la antigua Ley N\u00ba 1770, de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n, como ser:<\/p>\n Bajo la LCyA, todas las controversias sobre inversi\u00f3n en las que sea parte el Estado boliviano estar\u00e1n regidas por un r\u00e9gimen especial, ya sea para la conciliaci\u00f3n o el arbitraje. Dichas controversias, para estar sometidas al r\u00e9gimen especial, deber\u00e1n cumplir al menos tres condiciones: (i) que la controversia surja de una relaci\u00f3n contractual o extracontractual cuyo \u00e1mbito no haya sido excluido de la aplicaci\u00f3n de la LCyA; (ii) que el Estado sea una parte en dicha controversia; y (iii) que la controversia est\u00e9 relacionada con una inversi\u00f3n, de la forma que ha sido definida en la LPI.<\/p>\n Las caracter\u00edsticas de la conciliaci\u00f3n y el arbitraje en materia de inversiones bajo la LCyA son las siguientes:<\/p>\n En el caso particular del arbitraje en materia de inversi\u00f3n extranjera, se tienen las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n Una vez finalizado el proceso de producci\u00f3n normativa y establecido el marco constitucional y legal de protecci\u00f3n de las inversiones extranjeras, queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores la elaboraci\u00f3n de un nuevo modelo de tratado de protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de inversiones. De ser positivamente considerado por el Estado boliviano, el nuevo modelo deber\u00e1 ser elaborado dentro de los l\u00edmites establecidos por el nuevo marco constitucional y legal, y salir de la l\u00f3gica tradicional de los tratados de protecci\u00f3n de inversiones, en los que se establece a favor de los inversionistas extranjeros todo un men\u00fa de derechos[19]<\/a> y ninguna obligaci\u00f3n.<\/p>\n Si bien los primeros pasos para propiciar tiempos de cambio en la forma de protecci\u00f3n a las inversiones extranjeras han sido dados, entre otros, por pa\u00edses como Bolivia, los mismos surgieron de debates que, poco tiempo atr\u00e1s, parec\u00edan discurrir por sendas extraviadas y que, en su momento, enfrentaron la intimidaci\u00f3n de una alegada desinversi\u00f3n. Sin embargo, los constantes tropiezos del sistema de protecci\u00f3n internacional de inversiones que todav\u00eda no encuentra una respuesta apropiada a la necesidad de seguridad y certeza jur\u00eddica, tan necesarios para preservar los intereses privados a la vez que el inter\u00e9s p\u00fablico<\/em>, exigen una mayor atenci\u00f3n por parte de los Estados, particularmente, aquellos sobre los cu\u00e1les recaer\u00e1 el peso de sus propias decisiones irrazonadas.<\/p>\n Pablo Menacho Diederich<\/strong> es abogado con Maestr\u00eda en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Fue Director General de Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Ministro de Defensa Legal del Estado y Consejero de la Embajada de Bolivia ante el Gobierno de los Estados Unidos. Actualmente se desempe\u00f1a como Subprocurador de Defensa y Representaci\u00f3n Legal del Estado. Las opiniones expresadas en este art\u00edculo son de exclusiva responsabilidad del autor, y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Procuradur\u00eda General del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier otra instituci\u00f3n o entidad boliviana.<\/p>\n [1]<\/a> Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores. (2013). Memoria: Denuncia y renegociaci\u00f3n de tratados internacionales para su adecuaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado<\/em>.<\/p>\n [2]<\/a> Estado Plurinacional de Bolivia. (1990). Ley N\u00ba 1182, de 17 de septiembre de 1990<\/em>. Disponible en http:\/\/medios.economiayfinanzas.gob.bo\/MH\/documentos\/LEY_1182_LEY_DE_INVERSIONES.pdf<\/a>.<\/p>\n [3]<\/a> Ratificada mediante la siguiente ley: Estado Plurinacional de Bolivia. (1994). Ley N\u00ba 1588, de 12 de agosto de 1994<\/em>. Disponible en http:\/\/www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo\/normas\/view\/22122<\/a>.<\/p>\n [4]<\/a> Bolivia, en ejercicio de su soberan\u00eda, denunci\u00f3 el Convenio mediante nota recibida por el Banco Mundial en fecha 2 de mayo de 2007. En aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 71, Bolivia dej\u00f3 de ser uno de los Estados Contratantes del Convenio el 3 de Noviembre de 2007.<\/p>\n [5]<\/a> Estado Plurinacional de Bolivia. (2006). Decreto Supremo N\u00ba 28701, de 1\u00ba de mayo de 2006<\/em>. Disponible en http:\/\/medios.economiayfinanzas.gob.bo\/VPC\/documentos\/decretos\/DS_N%C2%BA_28701_NACIONALIZACION_HIDROCARBUROS.pdf<\/a>.<\/p>\n [6]<\/a> Procuradur\u00eda General del Estado. (2014). Memoria institucional \u2013 Gesti\u00f3n 2014<\/em>, p 35. Disponible en http:\/\/www.procuraduria.gob.bo\/images\/docs\/informepge2015.pdf<\/a>.<\/p>\n [7]<\/a> Ver Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas. (2014, 21 de agosto). Memoria de la Econom\u00eda Boliviana 2013<\/em>. Disponible en http:\/\/www.economiayfinanzas.gob.bo\/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=3299&id_item=646&seccion=269&categoria=1523<\/a>.<\/p>\n [8]<\/a> Quispe, A. (2015. 4 de febrero). Comit\u00e9 de reestructuraci\u00f3n de la deuda es presidido por Bolivia. La Raz\u00f3n<\/em>. Disponible en http:\/\/www.la-razon.com\/economia\/Eleccion-comite-reestructuracion-deuda-presidido-Bolivia_0_2211378864.html<\/a>.<\/p>\n [9]<\/a> Dicho principio lo encontramos inserto en la normativa de la Comunidad Andina (CAN), en la Decisi\u00f3n 24 (R\u00e9gimen com\u00fan de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regal\u00edas) y en la Decisi\u00f3n 220 (Sustituci\u00f3n de las Decisiones 24 y conexas sobre el r\u00e9gimen com\u00fan de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regal\u00edas). Disponibles en http:\/\/www.comunidadandina.org\/Normativa.aspx?GruDoc=07<\/a>.<\/p>\n [10]<\/a> Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley N\u00ba 516, de 4 de abril de 2014<\/em>. Disponible en http:\/\/www.planificacion.gob.bo\/marco-legal<\/a>. Ver Brauch, M. D. (2014, agosto). Investment Treaty News Quarterly<\/em>, 5<\/em>(3), 11\u201315. Disponible en http:\/\/www.IISD<\/span>.org\/sites\/default\/files\/publications\/IISD<\/span>_ITN<\/span>_august_2014_es.pdf<\/a>.<\/p>\n [11]<\/a> Estado Plurinacional de Bolivia. (2015). Ley N\u00ba 708, de 25 de junio de 2015<\/em>. Disponible en http:\/\/www.procuraduria.gob.bo\/images\/docs\/LeyArbitraje.pdf<\/a>.<\/p>\n [12]<\/a> Id.<\/em>, art\u00edculo 4.<\/p>\n [13]<\/a> Id<\/em>., art\u00edculo 48.<\/p>\n [14]<\/a> Id<\/em>., art\u00edculos 54 y 55.<\/p>\n [15]<\/a> Id<\/em>., art\u00edculo 86.<\/p>\n [16]<\/a> Id<\/em>., art\u00edculo 67.<\/p>\n [17]<\/a> Id<\/em>., art\u00edculo 96(IV).<\/p>\n2. El \u201cproceso de cambio\u201d: nacionalizaci\u00f3n de los recursos naturales, la nueva Constituci\u00f3n y su art\u00edculo 320<\/h2>\n
3. Ley de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje<\/h2>\n
\n
4. R\u00e9gimen Especial: controversias con el Estado en inversiones<\/h2>\n
\n
\n
5. Hacia un nuevo modelo boliviano de tratados sobre inversi\u00f3n<\/h2>\n
\nAutor<\/h3>\n
\nNotas<\/h3>\n