{"id":10218,"date":"2015-08-04T16:55:40","date_gmt":"2015-08-04T14:55:40","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2015\/08\/04\/tribunal-del-ciadi-desestima-unanimemente-reclamacion-de-expropiacion-por-falta-de-consentimiento-por-escrito-de-papua-nueva-guinea-a-arbitraje\/"},"modified":"2024-08-16T20:18:48","modified_gmt":"2024-08-16T18:18:48","slug":"tribunal-del-ciadi-desestima-unanimemente-reclamacion-de-expropiacion-por-falta-de-consentimiento-por-escrito-de-papua-nueva-guinea-a-arbitraje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2015\/08\/04\/tribunal-del-ciadi-desestima-unanimemente-reclamacion-de-expropiacion-por-falta-de-consentimiento-por-escrito-de-papua-nueva-guinea-a-arbitraje\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI desestima un\u00e1nimemente reclamaci\u00f3n de expropiaci\u00f3n por falta de consentimiento por escrito de Pap\u00faa Nueva Guinea a arbitraje"},"content":{"rendered":"

PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Estado Independiente de Pap\u00faa Nueva Guinea, Caso CIADI<\/span> No. <\/em>ARB\/13\/33<\/em><\/h2>\n

En un laudo con fecha del 5 de mayo de 2015, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestim\u00f3 una reclamaci\u00f3n entablada por PNG Sustainable Development Program Ltd. (PNGSDP) contra Pap\u00faa Nueva Guinea por una presunta expropiaci\u00f3n ilegal. Concluy\u00f3 que Pap\u00faa Nueva Guinea no hab\u00eda dado su \u201cconsentimiento por escrito\u201d al arbitraje de reclamaciones en virtud del Convenio del CIADI.<\/p>\n

Antecedentes y reclamos<\/h3>\n

La controversia se centr\u00f3 en la presunta inversi\u00f3n de PNGSDP en Ok Tedi, una mina a cielo abierto de cobre y oro localizada en Pap\u00faa Nueva Guinea. PNGSDP pose\u00eda la mayor\u00eda de la participaci\u00f3n accionaria de la empresa de este pa\u00eds que a su vez pose\u00eda un contrato de arrendamiento minero para explotar la mina Ok Tedi.<\/p>\n

En septiembre de 2013, Pap\u00faa Nueva Guinea adopt\u00f3 el d\u00e9cimo Acuerdo Complementario de Miner\u00eda de Ok Tedi (Tenth Supplemental Mining Agreement<\/em>), mediante el cual pretend\u00eda cancelar todas las acciones de propiedad de PNGSDP en esta mina y crear nuevas acciones emitidas por el Estado. PNGSDP reclam\u00f3 que la promulgaci\u00f3n de esta ley constitu\u00eda una expropiaci\u00f3n ilegal sin compensaci\u00f3n, e inici\u00f3 un arbitraje en diciembre de 2013, remiti\u00e9ndose a dos leyes nacionales de Pap\u00faa Nueva Guinea: la Ley de Promoci\u00f3n de las Inversiones de 1992 (Investment Promotion Act<\/em>, IPA) y la Ley del Convenio de Controversias relativas a Inversi\u00f3n de 1992 (Investment Disputes Convention Act<\/em>, IDCA). Tambi\u00e9n reclam\u00f3 la violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de trato justo y equitativo, la garant\u00eda de libre transferencia, el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n y seguridad plenas, trato nacional, entre otras violaciones de ambos estatutos.<\/p>\n

Jurisdicci\u00f3n: \u00bfPap\u00faa Nueva Guinea \u201cconsinti\u00f3 por escrito\u201d al arbitraje ante el CIADI?<\/h3>\n

El tema del umbral de la reclamaci\u00f3n de PNGSDP era si Pap\u00faa Nueva Guinea hab\u00eda dado su \u201cconsentimiento por escrito\u201d a arbitraje, un requisito jurisdiccional establecido en el Art\u00edculo 25 del Convenio del CIADI (p\u00e1rrafo 44). PNGSDP aleg\u00f3 que el mismo hab\u00eda sido cumplido ya que el Art\u00edculo 39 de la IPA, ya sea en s\u00ed mismo o en conjunci\u00f3n con el Art\u00edculo 2 de la IDCA, constitu\u00eda una oferta permanente, por parte de Pap\u00faa Nueva Guinea, de arbitrar las diferencias relativas a inversi\u00f3n ante el CIADI.<\/p>\n

El lenguaje pertinente del Art\u00edculo 39 de la IPA se\u00f1ala que: \u201cLa ley del Convenio de Controversias Relativas a Inversi\u00f3n de 1978, que implementa el [Convenio del CIADI], se aplica, seg\u00fan sus t\u00e9rminos, a controversias surgidas de la inversi\u00f3n extranjera\u201d (p\u00e1rrafo 46). El Art\u00edculo 2 de la IDCA establece que: \u201cUna controversia no debe ser remitida al [CIADI] a menos que la controversia sea fundamental para la inversi\u00f3n en s\u00ed misma\u201d (p\u00e1rrafo 47).<\/p>\n

Pap\u00faa Nueva Guinea aleg\u00f3 que ninguna disposici\u00f3n constitu\u00eda un \u201cconsentimiento por escrito\u201d bajo los est\u00e1ndares del derecho internacional o nacional: el Art\u00edculo 39 de la IPA meramente establece que la IDCA \u201cse aplica, seg\u00fan sus t\u00e9rminos\u201d.<\/p>\n

Las partes discordaron sobre el est\u00e1ndar interpretativo que deber\u00eda utilizar el tribunal para evaluar las disposiciones disputadas.<\/p>\n

Pap\u00faa Nueva Guinea afirm\u00f3 que una interpretaci\u00f3n literal de las leyes IPA e IDCA resultaba apropiada conforme al derecho nacional e internacional y que exigi\u00f3 al tribunal que examinase el \u201csignificado gramatical y el sentido com\u00fan de las palabras\u201d (p\u00e1rrafo 52). Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el tribunal deber\u00eda adoptar un enfoque restrictivo, alegando que el consentimiento por escrito del Estado para arbitrar debe ser \u201cclaro y un\u00edvoco\u201d (p\u00e1rrafo 56).<\/p>\n

PNGSDP objet\u00f3 que el enfoque interpretativo correcto del Art\u00edculo 39 de la IPA era el adoptado en el caso SPP v. Egipto<\/em>, donde se sostuvo que los instrumentos jurisdiccionales no deber\u00edan ser interpretados \u201cni restrictiva ni extensivamente, sino de manera objetiva y de buena fe\u201d (p\u00e1rrafo 108). Asimismo, invoc\u00f3 el principio de \u201cefecto \u00fatil\u201d (effet utile<\/em>) en la interpretaci\u00f3n de tratados, que afirma que un texto debe ser interpretado de manera tal que un razonamiento o significado pueda ser atribuido a cualquier palabra presente en el texto (p\u00e1rrafo 252). PNGSDP tambi\u00e9n propuso un enfoque \u201ccuasi-Viena\u201d, el cual permite que el tribunal se remita a otros factores interpretativos, tales como la buena fe, objeto y prop\u00f3sito de la presunta declaraci\u00f3n unilateral de Pap\u00faa Nueva Guinea en su legislaci\u00f3n nacional relativa a las inversiones, las circunstancias que rodean la declaraci\u00f3n y la consecuente conducta estatal que podr\u00eda determinar su significado. Invocando nuevamente el caso SPP<\/em>, PNGSDP tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la literatura oficial sobre la promoci\u00f3n de las inversiones, m\u00e1s notablemente, las declaraciones encontradas en los sitios web de la Autoridad de Promoci\u00f3n de las Inversiones de Pap\u00faa Nueva Guinea y su Embajada en los Estados Unidos, deber\u00eda ser utilizada para ayudar a interpretar la legislaci\u00f3n nacional sobre inversiones.<\/p>\n

El tribunal concord\u00f3 con PNGSDP y estuvo de acuerdo con la decisi\u00f3n del caso SPP<\/em> en que los instrumentos jurisdiccionales deber\u00edan ser interpretados de manera objetiva e imparcial, en lugar de hacerlo extensiva o restrictivamente. Determin\u00f3 que ya est\u00e1 convenido que no hay una presunci\u00f3n en contra de establecer la jurisdicci\u00f3n bajo el Convenio del CIADI, y que no existe un requisito mayor para probar un acuerdo para arbitrar en este foro. Concluy\u00f3 que el est\u00e1ndar de prueba en la mayor\u00eda de los casos es \u201cla preponderancia de la evidencia o un balance de probabilidades\u201d (p\u00e1rrafo 255). El tribunal tambi\u00e9n \u201cconsider\u00f3 la historia legislativa de [las] disposiciones y el material relativo a la promoci\u00f3n de las inversiones como parte del contexto pertinente donde la legislaci\u00f3n fue adoptada y entendida\u201d (p\u00e1rrafo 274).<\/p>\n

Seg\u00fan el tribunal, en aquellos casos donde la legislaci\u00f3n nacional posee efectos tanto a nivel nacional como internacional, las disposiciones legislativas son de naturaleza \u201ch\u00edbrida\u201d y, por lo tanto, deben ser interpretadas desde una perspectiva h\u00edbrida, tomando en cuenta tanto el derecho nacional como el internacional. Cuando estos dos m\u00e9todos entran en conflicto, generalmente prevalecen los principios del derecho internacional, pese a que se trata de una determinaci\u00f3n espec\u00edfica a cada caso. El tribunal tambi\u00e9n concord\u00f3 con PNGSDP en que el principio de effet utile <\/em>de una explicaci\u00f3n estatutaria elaborada es aplicable cuando se interpretan disposiciones \u201ch\u00edbridas\u201d. Concluy\u00f3 que, pese a que una interpretaci\u00f3n por parte del Estado de su propia legislaci\u00f3n \u201cincuestionablemente merece recibir un peso considerable, \u00e9sta no puede controlar la decisi\u00f3n del tribunal con respecto a su propia competencia sobre el caso\u201d (p\u00e1rrafo 273).<\/p>\n

Despu\u00e9s de evaluar el Art\u00edculo 39 de la IDA, el tribunal concluy\u00f3 que el \u201csignificado natural y com\u00fan constituye una declaraci\u00f3n de que los t\u00e9rminos \u2014todos los t\u00e9rminos\u2014 de la IDCA se aplican a las inversiones extranjeras\u201d (p\u00e1rrafo 286). De esta manera, el Art\u00edculo 39 no podr\u00eda ser interpretado de manera cre\u00edble como un cumplimiento del requisito espec\u00edfico de consentimiento por escrito a la jurisdicci\u00f3n del CIADI bajo el Art\u00edculo 25 del Convenio de este Centro.<\/p>\n

Remiti\u00e9ndose al Art\u00edculo 2 de la IDCA, el tribunal determin\u00f3 que la disposici\u00f3n contemplaba claramente que se exig\u00eda el consentimiento futuro para la presentaci\u00f3n de reclamaciones ante el CIADI. Posteriormente, sostuvo que no hab\u00eda otra disposici\u00f3n en la IDCA que constituyera un consentimiento por escrito a la jurisdicci\u00f3n del CIADI.<\/p>\n

Para interpretar las disposiciones, el tribunal se rehus\u00f3 a utilizar los casos propuestos por las partes, es decir, Brandes Investment Partners v. Venezuela<\/em>, CEMEX v. Venezuela<\/em>, ConocoPhillips v. Venezuela<\/em> y SPP v. Egipto<\/em>, porque los mismos versaban sobre lenguaje diferente en disposiciones legislativas distintas, y por lo tanto, no brindaban un beneficio material al momento de interpretar lo que constituye el consentimiento por escrito en este caso.<\/p>\n

Pese a que el tribunal determin\u00f3 que el principio de effet utile<\/em> era aplicable para interpretar las disposiciones, el mismo no admiti\u00f3 el argumento presentado por PNGSDP de que el Art\u00edculo 39 de la IDA deb\u00eda ser interpretado de manera que \u201cdesencaden[e] la real aplicaci\u00f3n del Convenio del CIADI a la controversia\u201d (p\u00e1rrafo 306). Pese a que el tribunal admiti\u00f3 que debe darse un sentido a las palabras de los Estados, y que las interpretaciones de tratados, que tornen los significados o disposiciones particulares redundantes o sin sentido, no deber\u00edan ser favorecidas; y acord\u00f3 con Pap\u00faa Nueva Guinea que el effet utile<\/em> no lo autorizaba a reescribir las disposiciones legislativas. La intenci\u00f3n y buena fe de la parte son elementales, mientras que el effet utile<\/em> \u201cjuega un papel secundario para determinar la intenci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 307). El tribunal hizo una distinci\u00f3n entre las declaraciones unilaterales de los Estados y los casos que involucran tratados bilaterales negociados, se\u00f1alando que en algunos casos la legislaci\u00f3n de un Estado puede ser \u201cmeramente confirmatoria\u201d (p\u00e1rrafo 309). Sobre este punto, el tribunal razon\u00f3 que el objetivo de la IPA era el de detallar el r\u00e9gimen legislativo comprehensivo del Estado que rige las inversiones extranjeras. Por esta raz\u00f3n, \u201cregistrar la fuerza y el efecto de una promulgaci\u00f3n legislativa anterior, para el beneficio de los lectores (incluyendo inversionistas y tribunales), cumple un prop\u00f3sito \u00fatil\u201d (p\u00e1rrafo 312).<\/p>\n

Como resultado, el tribunal determin\u00f3 que el lenguaje utilizado en el Art\u00edculo 39 de la IPA, aun cuando fuera interpretado en conjunci\u00f3n con el Art\u00edculo 2 de la IDCA, resultaba insuficiente para establecer el \u201cconsentimiento por escrito\u201d en nombre de Pap\u00faa Nueva Guinea para arbitrar reclamaciones bajo el CIADI. El tribunal desestim\u00f3 el caso por falta de jurisdicci\u00f3n y adem\u00e1s se rehus\u00f3 a considerar otras objeciones jurisdiccionales. Se orden\u00f3 a cada parte que asumiera sus propios costos del litigio y que ambas compartieran los costos del arbitraje.<\/p>\n

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Notas<\/h3>\n

El tribunal estuvo compuesto por Gary Born (Presidente designado por el Presidente del Consejo Administrativo, ciudadano de Estados Unidos); Michael Pryles (nominado por la demandante, nacional australiano) y Duncan Kerr (designado por el demandando, ciudadano australiano). El laudo est\u00e1 disponible en: http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4257.pdf<\/a>. Traducido al espa\u00f1ol por Mar\u00eda Candela Conforti. <\/em>La traducci\u00f3n de las citas pertenece a la traductora.<\/p>\n

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Author<\/h3>\n

Marquita Davis<\/strong> es Geneva International Fellow de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y contribuidora del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sustentable del IISD<\/span>.<\/p>\n