{"id":10137,"date":"2015-05-21T23:28:50","date_gmt":"2015-05-21T21:28:50","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2015\/05\/21\/tribunal-del-ciadi-determina-que-confiscacion-de-2009-por-venezuela-es-una-expropiacion-licita-y-otorga-us464-millones-en-compensacion\/"},"modified":"2024-08-16T20:19:28","modified_gmt":"2024-08-16T18:19:28","slug":"tribunal-del-ciadi-determina-que-confiscacion-de-2009-por-venezuela-es-una-expropiacion-licita-y-otorga-us464-millones-en-compensacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2015\/05\/21\/tribunal-del-ciadi-determina-que-confiscacion-de-2009-por-venezuela-es-una-expropiacion-licita-y-otorga-us464-millones-en-compensacion\/","title":{"rendered":"Tribunal del CIADI determina que confiscaci\u00f3n de 2009 por Venezuela es una expropiaci\u00f3n l\u00edcita y otorga US$46,4 millones en compensaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2><em>Tidewater Investment SRL &amp; Tidewater Caribe, C.A. v. The Bolivarian Republic of Venezuela, Caso del <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips26'>CIADI<\/span> No ARB\/10\/5<\/em><\/h2>\n<p>Una diferencia por servicios de soporte mar\u00edtimo de gas y petr\u00f3leo con Venezuela ha dado como resultado un laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).<\/p>\n<p>El tribunal concord\u00f3 con las demandantes, dos empresas del grupo Tidewater, en que la confiscaci\u00f3n emprendida por el gobierno venezolano en 2009 constituy\u00f3 una expropiaci\u00f3n en virtud del tratado bilateral de inversi\u00f3n (<span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips89'><span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips90'>TBI<\/span><\/span>) entre Barbados\u00ad\u00ad y Venezuela. De esta manera, otorg\u00f3 US$46,4 millones en compensaci\u00f3n m\u00e1s intereses compuestos desde la fecha de la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La suma por da\u00f1os otorgada fue mucho menor a los US$234 millones solicitados por las demandantes. El tribunal no admiti\u00f3 que la expropiaci\u00f3n fuera il\u00edcita en virtud del TBI en cuesti\u00f3n. Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis de los flujos de caja descontados (DCF, por sus siglas en ingl\u00e9s) llevaron a una evaluaci\u00f3n del precio justo de mercado que result\u00f3 ser significativamente menor que la sugerida por las demandantes.<\/p>\n<h3><em>Antecedentes<\/em><\/h3>\n<p>SEMARCA, una empresa venezolana del grupo Tidewater, ha prestado servicios de transporte mar\u00edtimo desde 1958. Desde 1975 en adelante, SEMARCA brind\u00f3 estos servicios a filiales de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, en el marco de varios contratos.<\/p>\n<p>El 7 de mayo de 2009, Venezuela promulg\u00f3 la \u201cLey Org\u00e1nica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos\u201d (Ley de Reserva). Al d\u00eda siguiente, el 8 de mayo de 2009, el gobierno venezolano emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 51, que identific\u00f3 a las Demandantes, junto con otros 38 prestadores de servicios, como sujetos a la Ley de Reserva. Casi inmediatamente, los activos de SEMARCA en el Lago de Maracaibo, incluidos su sede central y 11 buques, fueron confiscados por las filiales de PDVSA y, posteriormente sus cuatro buques en el Golfo de Paria. Tidewater inici\u00f3 arbitraje en febrero de 2010.<\/p>\n<p>En su Decisi\u00f3n sobre Jurisdicci\u00f3n de febrero de 2013, el tribunal desestim\u00f3 los reclamos de seis de las ocho demandantes del grupo Tidewater. El tribunal admiti\u00f3 su jurisdicci\u00f3n \u00fanicamente sobre los reclamos presentados por Tidewater Caribe, C.A., una empresa venezolana propietaria de SEMARCA en todo momento, y por Tidewater Investment SRL, una empresa de Barbados que a su vez era propietaria de Tidewater Caribe, C.A., desde 2009 (conjuntamente referidas como Tidewater).<\/p>\n<h3><em>La confiscaci\u00f3n de los activos de Tidewater tuvo efecto expropiatorio<\/em><\/h3>\n<p>El tribunal evalu\u00f3 si la confiscaci\u00f3n de los buques de Tidewater constitu\u00eda una expropiaci\u00f3n. Remarc\u00f3 que el Art\u00edculo 5 del TBI sobre expropiaci\u00f3n inclu\u00eda una explicaci\u00f3n que es com\u00fan en muchos tratados de inversi\u00f3n. Asimismo subray\u00f3 la cuesti\u00f3n del \u201cefecto\u201d, afirmando que \u201cest\u00e1 admitido en el derecho internacional que la expropiaci\u00f3n no necesita involucrar una toma del t\u00edtulo de propiedad. Es suficiente que las medidas del Estado tengan un efecto equivalente\u201d (p\u00e1rrafo 104).<\/p>\n<p>Al determinar si las medidas del corriente caso tuvieron un efecto equivalente a la expropiaci\u00f3n, el tribunal consider\u00f3 de utilidad invocar los factores en los que se bas\u00f3 el tribunal del caso <em>Pope &amp; Talbot<\/em>, es decir, si:<\/p>\n<ul>\n<li>La inversi\u00f3n ha sido nacionalizada o la medida es confiscatoria;<\/li>\n<li>El Estado ha tomado control de la inversi\u00f3n y dirige sus operaciones cotidianas;<\/li>\n<li>El Estado en este momento supervisa el trabajo de los empleados de la Inversi\u00f3n; y,<\/li>\n<li>El Estado se queda con el producto de las ventas de la compa\u00f1\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En la evidencia, incluyendo las declaraciones de los testigos de Tidewater y de las filiales de PDVSA, el tribunal concluy\u00f3 que la expropiaci\u00f3n hab\u00eda ocurrido debido a la confiscaci\u00f3n f\u00edsica de los buques.<\/p>\n<p>El tribunal tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, \u201c[M]ientras que la confiscaci\u00f3n les habr\u00eda tomado por sorpresa\u201d, no consider\u00f3 sorprendente que las Demandantes no aceptasen de manera inmediata este efecto. Adem\u00e1s agreg\u00f3 que \u201cel alcance de ese efecto sobre las inversiones de las Demandantes no fue finalmente claro hasta la confiscaci\u00f3n de los buques restantes en Corocoro [en el Golfo de Paria] alrededor de dos meses m\u00e1s tarde. En estas circunstancias, los documentos de las Demandantes que confirman la continuidad de sus operaciones en este per\u00edodo de intervenci\u00f3n son consistentes con una comprensi\u00f3n incipiente de que sus operaciones hab\u00edan sido nacionalizadas\u201d (p\u00e1rrafo 109).<\/p>\n<h3><em>Tidewater no puede determinar que la expropiaci\u00f3n fuera il\u00edcita<\/em><\/h3>\n<p>Tidewater intent\u00f3 convencer al tribunal de que la falta de pago de indemnizaci\u00f3n por parte del gobierno tornaba la expropiaci\u00f3n il\u00edcita en virtud del TBI. Analizando los alegatos de las partes, el tribunal revis\u00f3 la jurisprudencia internacional desde el caso <em>Chorzow Factory<\/em> en adelante, en torno a la legalidad de una confiscaci\u00f3n que no haya involucrado el pago de compensaci\u00f3n justa. Asimismo, destac\u00f3 los arbitrajes de inversi\u00f3n que han respetado el mismo enfoque. El tribunal del caso <em>Goetz v. Burundi<\/em>, por ejemplo, sostuvo que \u201cal haberse cumplido todas las dem\u00e1s condiciones para una toma de posesi\u00f3n l\u00edcita, la ausencia de pago de una pronta y adecuada indemnizaci\u00f3n no era suficiente \u2018para estigmatizar a esta medida como il\u00edcita en virtud del derecho internacional\u2019\u201d (p\u00e1rrafo 135).<\/p>\n<p>En este caso, Tidewater aleg\u00f3 que la toma era il\u00edcita dado que el nivel de indemnizaci\u00f3n contemplado por Venezuela conforme a la Ley de Reserva no concordaba con el nivel requerido por el TBI. El tribunal observ\u00f3 que, si bien el TBI define la indemnizaci\u00f3n que debe pagarse por expropiaci\u00f3n simplemente como el valor de mercado de la inversi\u00f3n expropiada inmediatamente antes de la expropiaci\u00f3n, la determinaci\u00f3n del valor de mercado es delegada al tribunal.<\/p>\n<h3><em>Reclamo sobre Trato Justo y Equitativo r\u00e1pidamente desestimado<\/em><\/h3>\n<p>Dado que el verdadero eje del reclamo no radica en la justicia procesal del trato dispensado por Venezuela a las demandantes, sino en la confiscaci\u00f3n de sus bienes, el tribunal consider\u00f3 simplemente impertinentes los reclamos de violaci\u00f3n de trato justo y equitativo y los argumentos basados en trato nacional y de naci\u00f3n m\u00e1s favorecida.<\/p>\n<h3><em>Factores materiales de valor justo de mercado, tales como riesgo pa\u00eds, son determinados por el tribunal<\/em><\/h3>\n<p>El tribunal concluy\u00f3 que determinar el valor justo de mercado por v\u00eda de referencia al valor de liquidaci\u00f3n de los activos de la empresa o al valor contable de dichos activos, tal como alega Venezuela, s\u00f3lo ser\u00eda apropiado si la misma no fuera una probada empresa en operaci\u00f3n. M\u00e1s bien, dado que SEMARCA no era una sociedad que cotizaba en bolsa y su negocio se limitaba a un pa\u00eds y a un cliente, un an\u00e1lisis de Flujos de Caja Descontados (DCF, por sus siglas en ingl\u00e9s) resultaba el m\u00e9todo adecuado.<\/p>\n<p>Dado que los informes de los expertos de las partes tend\u00edan a contener c\u00e1lculos extremadamente optimistas, el tribunal realiz\u00f3 su propia evaluaci\u00f3n de cada una de las seis principales variables del an\u00e1lisis DCF; a saber: \u00e1mbito de actividad, cuentas por cobrar, flujos de caja hist\u00f3ricos, riesgo de capital, riesgo pa\u00eds y riesgo comercial. En t\u00e9rminos del riesgo pa\u00eds, el experto de las demandantes adopt\u00f3 una prima de riesgo pa\u00eds del 1,5 % para atraer posibles compradores antes de la confiscaci\u00f3n de 2009; mientras que los expertos de la demandada, se encontraron en la dif\u00edcil posici\u00f3n de descontar un 14,75 % con respecto a los riesgos pol\u00edticos percibidos. El tribunal consider\u00f3 razonable la postura de la demandada adoptando una prima de riesgo pa\u00eds del 14.75%. Por \u00faltimo, el valor de mercado de los bienes expropiados fue significativamente menor al reclamado.<\/p>\n<p><em>Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Campbell McLachlan QC (Presidente nominado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, ciudadano de Nueva Zelanda), Andr\u00e9s Rigo Sureda (designado por la demandante, ciudadano espa\u00f1ol) y Brigitte Stern (nominada por la demandada, ciudadana francesa). El laudo final del 13 de marzo de 2015 se encuentra disponible en:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4206_0.pdf\">http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4206_0.pdf<\/a><\/p>\n<p><strong>Matthew Levine<\/strong> es abogado canadiense y contribuidor del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sustentable del <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips32'>IISD<\/span>.<\/p>\n<script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips26','Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips32','International Institute for Sustainable Development<!--more-->'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips33','Institut international du d\u00e9veloppement durable'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips34','Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips63','Bilateral investment treaty'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips67','Energy Charter Treaty'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips71','International Chamber of Commerce'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips89','trait\u00e9 bilat\u00e9ral d\u2019investissement'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips90','tratado bilateral de inversi\u00f3n'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips98','Chambre de commerce internationale'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips100','investissement direct \u00e9tranger'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips104','responsabilit\u00e9 sociale des entreprises'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips104','responsabilit\u00e9 sociale des entreprises'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips108','C\u00e1mara de Comercio Internacional'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips110','inversi\u00f3n extranjera directa'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips114','Sistema de Tribunales de Inversiones'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips116','European Commission'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips118','Union europ\u00e9enne'); <\/script><script type=\"text\/javascript\"> toolTips('.classtoolTips119','Uni\u00f3n Europea'); <\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tidewater Investment SRL &#038; Tidewater Caribe, C.A. v. 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