{"id":10134,"date":"2015-05-21T23:26:57","date_gmt":"2015-05-21T21:26:57","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2015\/05\/21\/se-ordena-a-venezuela-el-pago-por-expropiacion-ilegal-de-las-inversiones-de-owens-illinois\/"},"modified":"2024-08-16T20:19:29","modified_gmt":"2024-08-16T18:19:29","slug":"se-ordena-a-venezuela-el-pago-por-expropiacion-ilegal-de-las-inversiones-de-owens-illinois","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2015\/05\/21\/se-ordena-a-venezuela-el-pago-por-expropiacion-ilegal-de-las-inversiones-de-owens-illinois\/","title":{"rendered":"Se ordena a Venezuela el pago por expropiaci\u00f3n ilegal de las inversiones de Owens-Illinois"},"content":{"rendered":"

OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, Caso del CIADI<\/span> No.\u00a0ARB\/11\/25<\/em><\/h2>\n

Venezuela tuvo que pagar US$372.461.982, m\u00e1s intereses, a una empresa de Owens-Illinois Group, uno de los mayores productores de contenedores de vidrio del mundo, por la expropiaci\u00f3n de sus inversiones en Venezuela. Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emiti\u00f3 el laudo respectivo el 10 de marzo de 2015.<\/p>\n

Antecedentes y reclamos<\/em><\/h3>\n

La demandante, OI European Group B.V. (O-I), es una empresa constituida conforme al derecho holand\u00e9s. A trav\u00e9s de dos empresas bajo su control\u2014Owens-Illinois de Venezuela C.A. (OIdV) y F\u00e1brica de Vidrios los Andes C.A. (Favianca)\u2014O-I pose\u00eda la mayor planta industrial de producci\u00f3n, procesamiento y distribuci\u00f3n de contenedores de vidrio de Venezuela.<\/p>\n

La intenci\u00f3n de Venezuela de expropiar OIdV y Favianca fue dada a conocer el 25 de octubre de 2010, cuando el entonces Presidente Hugo Ch\u00e1vez\u2014durante una trasmisi\u00f3n televisiva\u2014orden\u00f3 al Vice Presidente la toma de las empresas. El Decreto de Expropiaci\u00f3n fue emitido al d\u00eda siguiente, indicando a la Procuradur\u00eda General que iniciase el procedimiento adecuado conforme a la Ley de Expropiaci\u00f3n de 2002. Contingentes armados de la Guardia Nacional Bolivariana fueron enviados a las plantas para monitorear el acceso a las mismas y velar por los bienes expropiados.<\/p>\n

Ante el apremio de los empleados, Venezuela tom\u00f3 el manejo de las plantas pocos d\u00edas despu\u00e9s del Decreto de Expropiaci\u00f3n, y la producci\u00f3n nunca se detuvo. La recientemente creada empresa estatal, Venvidrio, ha estado administrando las empresas desde el 30 de abril de 2011. Al momento de la emisi\u00f3n del laudo arbitral, el procedimiento de expropiaci\u00f3n a\u00fan estaba en curso, y no se pag\u00f3 compensaci\u00f3n alguna.<\/p>\n

En septiembre de 2011, O-I inici\u00f3 un arbitraje contra Venezuela en virtud del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span><\/span>) entre Venezuela y los Pa\u00edses Bajos, alegando que dicho pa\u00eds viol\u00f3 las cl\u00e1usulas y est\u00e1ndares del TBI sobre expropiaci\u00f3n, trato justo y equitativo (FET<\/span>, por sus siglas en ingl\u00e9s), la plena protecci\u00f3n y seguridad f\u00edsica, libertad de transferencia y la cl\u00e1usula paraguas (por medio de la violaci\u00f3n de la Ley de Inversiones de Venezuela). O-I tambi\u00e9n solicit\u00f3 resarcimiento por da\u00f1os indirectos y morales, reclamando una suma total por da\u00f1os de no menos de US$929.544.714, m\u00e1s intereses.<\/p>\n

Tribunal rechaza dos objeciones jurisdiccionales de Venezuela<\/em><\/h3>\n

Venezuela objet\u00f3 que O-I no ten\u00eda una inversi\u00f3n cubierta, pero el tribunal razon\u00f3 que los activos de O-I, por su propia naturaleza, cumplen con la definici\u00f3n de \u201cinversi\u00f3n\u201d conforme al TBI y al Convenio del CIADI y al objetivo de los tratados de promoci\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico. Refiri\u00e9ndose al caso KT Asia v. Kazakhstan<\/em>, Venezuela refut\u00f3 que, al adquirir las empresas a trav\u00e9s de una reestructuraci\u00f3n societaria, sin una contribuci\u00f3n efectiva, O-I no realiz\u00f3 una \u201cinversi\u00f3n\u201d. Sin embargo, el tribunal tambi\u00e9n rechaz\u00f3 este argumento, se\u00f1alando que O-I y Owens-Illinois Group hab\u00edan adquirido las empresas leg\u00edtimamente, que realizaron importantes contribuciones de capital y reinvirtieron dividendos.<\/p>\n

O-I tambi\u00e9n solicit\u00f3 el resarcimiento de da\u00f1os por US$50 millones debido a las p\u00e9rdidas que sufrir\u00eda por causa de Venvidrio en el mercado brasilero. En la segunda objeci\u00f3n, Venezuela afirm\u00f3 que los da\u00f1os infringidos a las empresas de O-I fuera de Venezuela reca\u00edan fuera del \u00e1mbito de competencia del tribunal. Explicando que las cuestiones relativas a los da\u00f1os estaban intr\u00ednsecamente ligadas a la determinaci\u00f3n de la violaci\u00f3n, el tribunal decidi\u00f3 tratar la objeci\u00f3n de Venezuela en la etapa de consideraci\u00f3n de los m\u00e9ritos.<\/p>\n

Tribunal sostiene que la expropiaci\u00f3n fue ilegal<\/em><\/h3>\n

El principal reclamo de O-I era que Venezuela le expropi\u00f3 su inversi\u00f3n de manera il\u00edcita. El tribunal concluy\u00f3 que la expropiaci\u00f3n fue llevada a cabo en pos del inter\u00e9s p\u00fablico (para favorecer el desarrollo interno) y que no fue discriminatoria, sino que se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica, considerando que las empresas de O-I ten\u00edan el 60 por ciento del mercado de contenedores de vidrio. Sin embargo, tambi\u00e9n concluy\u00f3 que la expropiaci\u00f3n no hab\u00eda sido conducida conforme al debido proceso, ya que los bienes a ser expropiados no fueron precisamente identificados, y que Venezuela hab\u00eda demorado el pago de la compensaci\u00f3n injustificadamente.<\/p>\n

Expropiaci\u00f3n ilegal tambi\u00e9n constituye violaci\u00f3n FET, declara el tribunal<\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>Despu\u00e9s de realizar un an\u00e1lisis de la cl\u00e1usula FET contenida en el TBI, el tribunal sostuvo que este est\u00e1ndar impone la obligaci\u00f3n a Venezuela de tratar a los inversores extranjeros de conformidad con el derecho internacional y, en particular, sin arbitrariedad o discriminaci\u00f3n. Para el tribunal, dado que la expropiaci\u00f3n era il\u00edcita porque Venezuela no cumpli\u00f3 con el debido proceso y que no indemniz\u00f3 a O-I, tambi\u00e9n viol\u00f3 el FET, \u201cya que resulta dif\u00edcil imaginar una expropiaci\u00f3n directa il\u00edcita que no implique una violaci\u00f3n de ese est\u00e1ndar\u201d (p\u00e1rrafo 501). Venezuela tambi\u00e9n fue responsabilizada de haber actuado de manera arbitraria al tomar el control de las plantas de producci\u00f3n de O-I a trav\u00e9s de actos administrativos infundados, cuyo verdadero fin fue el de evitar la obtenci\u00f3n de una orden judicial tal como lo requiere la Ley de Expropiaci\u00f3n.<\/p>\n

Reclamos de plena protecci\u00f3n y seguridad, libertad de transferencias y cl\u00e1usula paraguas<\/em><\/h3>\n

El tribunal concord\u00f3 con la defensa de Venezuela que, al enviar a la Guardia Nacional a las plantas durante las primeras semanas posteriores a la expropiaci\u00f3n, el pa\u00eds estaba asegurando el cumplimiento del est\u00e1ndar de plena protecci\u00f3n y seguridad en lugar de violarlo. Tambi\u00e9n favoreci\u00f3 a Venezuela al afirmar que O-I renunci\u00f3 a su derecho a la libre transferencia amparado por el tratado cuando opt\u00f3 por transferir fondos a trav\u00e9s del mercado cambiario paralelo. Sin embargo admiti\u00f3 el reclamo relativo a la cl\u00e1usula paraguas, considerando la violaci\u00f3n de la Ley de Inversiones por parte de Venezuela como una violaci\u00f3n de tratado.<\/p>\n

No hay fundamentos suficientes para respaldar reclamo de da\u00f1os morales<\/em><\/h3>\n

O-I demand\u00f3 US$10 millones por da\u00f1os morales que, seg\u00fan aleg\u00f3 la empresa, sufri\u00f3 durante los seis meses siguientes a la expropiaci\u00f3n. Alegando que la conducta fue \u201catroz\u201d (p\u00e1rrafo 904) durante dicho per\u00edodo, O-I hizo referencia a algunos de los hechos antes reclamados como violaciones de los est\u00e1ndares FET y plena protecci\u00f3n y seguridad. Sin embargo, el tribunal sostuvo que O-I no describi\u00f3 apropiadamente los hechos y sus efectos. Concluy\u00f3 que la demandante no podr\u00eda demostrar que los funcionarios venezolanos acosaron o amenazaron a los empleados para que siguieran trabajando en las plantas, o que fueran f\u00edsicamente agresivos o amenazantes al tratar con las empresas, o que hayan causado un sufrimiento f\u00edsico o p\u00e9rdida de la reputaci\u00f3n a O-I o a sus agentes.<\/p>\n

Da\u00f1os, costos y costas \u00a0<\/em><\/h3>\n

El tribunal analiz\u00f3 en profundidad el c\u00e1lculo de los da\u00f1os pagaderos a O-I por la expropiaci\u00f3n. Finalmente adopt\u00f3 el m\u00e9todo de flujo de caja descontado (FCD), y concluy\u00f3 que el valor de mercado de las empresas expropiadas, tal como fue calculado por los expertos, era razonable y fue confirmado por \u00a0metodolog\u00edas alternativas. El valor de ambas empresas fue estimado en US$510.340.740. Tomando en cuenta la participaci\u00f3n accionaria de O-I de un 72,983 por ciento de las empresas, el tribunal le otorg\u00f3 a O-I la suma de US$372.461.982 por da\u00f1os. Tambi\u00e9n aplic\u00f3 una tasa de inter\u00e9s anual LIBOR m\u00e1s 4%, e intereses compuestos, debiendo dicho monto ser capitalizado anualmente desde la fecha del Decreto de Expropiaci\u00f3n hasta la fecha del pago.<\/p>\n

Al momento de determinar los costos, el tribunal consider\u00f3 que O-I tuvo \u00e9xito en la mayor\u00eda de sus reclamos. Orden\u00f3 a Venezuela que reembolse a O-I por su contribuci\u00f3n de US$500.000 para cubrir los costos del procedimiento, y que pague US$5.750.000 por gastos razonables de defensa, m\u00e1s intereses posteriores al laudo.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por Juan Fern\u00e1ndez-Armesto (Presidente nominado por el Presidente del Consejo Administrativo, ciudadano espa\u00f1ol), Alexis Mourre, (designado por las demandantes, ciudadano franc\u00e9s) y Francisco Orrego Vicu\u00f1a (nominado por la demandada, ciudadano chileno). El laudo se encuentra disponible, s\u00f3lo en espa\u00f1ol, en: http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4209.pdf<\/a>.<\/p>\n

Martin Dietrich Brauch<\/strong> es consejero de Derecho Internacional y asociado con sede en Latinoam\u00e9rica del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sustentable del IISD<\/span>.<\/p>\n