{"id":10128,"date":"2015-05-21T23:22:24","date_gmt":"2015-05-21T21:22:24","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2015\/05\/21\/tribunal-declara-abuso-de-proceso-en-reestructuracion-societaria-de-demandantes-peru-recupera-gastos\/"},"modified":"2024-08-16T20:19:34","modified_gmt":"2024-08-16T18:19:34","slug":"tribunal-declara-abuso-de-proceso-en-reestructuracion-societaria-de-demandantes-peru-recupera-gastos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2015\/05\/21\/tribunal-declara-abuso-de-proceso-en-reestructuracion-societaria-de-demandantes-peru-recupera-gastos\/","title":{"rendered":"Tribunal declara abuso de proceso en reestructuraci\u00f3n societaria de demandantes; Per\u00fa recupera gastos"},"content":{"rendered":"

Ren\u00e9e Rose Levy and Gremcitel S.A. v. Republic of Peru, Caso del CIADI<\/span> <\/em>No. ARB\/11\/17<\/em><\/h2>\n

En un laudo dictado el 9 de enero de 2015, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestim\u00f3 un reclamo presentado por Ren\u00e9e Rose Levy (ciudadana francesa) y Gremcitel S.A. (Gremcitel) contra Per\u00fa por razones jurisdiccionales. El tribunal concluy\u00f3 que hubo un abuso de proceso en la reestructuraci\u00f3n societaria llevada a cabo por las demandantes, cuyo \u00fanico objetivo era el de obtener acceso a arbitraje contra Per\u00fa en virtud del Tratado Bilateral de Inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Francia y Per\u00fa.<\/p>\n

Antecedentes factuales<\/em><\/h3>\n

Morro Solar es un sitio hist\u00f3rico de Per\u00fa, protegido bajo el derecho peruano desde 1977. En 1995, Levy Group compr\u00f3 terrenos que rodean a Morro Solar para desarrollar el proyecto de bienes ra\u00edces y turismo Costazul. Entre 2003 y 2004, los terrenos y los derechos del proyecto fueron consolidados bajo la empresa demandante Gremcitel, incorporada por Levy Group en Per\u00fa.<\/p>\n

En 2001, Levy Group present\u00f3 una propuesta ante el Instituto Nacional de Cultura (INC) de Per\u00fa para la delimitaci\u00f3n hist\u00f3rica de Morro Solar. En 2013, el INC decidi\u00f3 que no hab\u00eda razones para retirar el estatus de protecci\u00f3n del sitio, exigiendo a Levy Group que presentase un proyecto especificando la prospecci\u00f3n y excavaci\u00f3n de los terrenos en el lugar, y subrayando que cualquier plan de desarrollo urbano depender\u00eda de la aprobaci\u00f3n del INC.<\/p>\n

Este Instituto tambi\u00e9n cre\u00f3 una comisi\u00f3n para estudiar la delimitaci\u00f3n del Morro Solar. Los estudios fueron presentados en un informe de 2005, y en una resoluci\u00f3n de 2007, basada en dicho informe, se formaliz\u00f3 la delimitaci\u00f3n. Justo un d\u00eda despu\u00e9s de que la resoluci\u00f3n de 2007 fuera emitida, el control directo de Gremcitel fue transferido a la demandante, la Sra. Levy.<\/p>\n

Levy y Gremcitel presentan reclamos de FET<\/span><\/em><\/h3>\n

Para la Sra. Levy y Gremcitel, la resoluci\u00f3n de 2007 impon\u00eda sobre sus tierras un estatus de intangibilidad que no exist\u00eda anteriormente, frustrando sus expectativas leg\u00edtimas para el desarrollo del proyecto Costazul. En mayo de 2011, iniciaron un arbitraje, alegando que Per\u00fa hab\u00eda violado el est\u00e1ndar de trato justo y equitativo (FET, por sus siglas en ingl\u00e9s) en el marco del TBI y solicit\u00f3 compensaci\u00f3n por da\u00f1os cuantificados por un experto en US$41 mil millones.<\/p>\n

El estatus de las demandantes como \u201cinversoras\u201d cuando surgi\u00f3 la controversia<\/em><\/h3>\n

La primera objeci\u00f3n de Per\u00fa a la jurisdicci\u00f3n del tribunal fue que las demandantes no hab\u00edan demostrado que eran \u201cinversoras\u201d conforme al significado del TBI y del Convenio del CIADI cuando los acontecimientos dieron lugar a la controversia. El tribunal razon\u00f3 que el \u201ctratado debe estar en vigencia y el nacional o sociedad ya debe haber realizado su inversi\u00f3n cuando ocurre la supuesta violaci\u00f3n, para que el Tribunal tenga jurisdicci\u00f3n sobre una violaci\u00f3n de los est\u00e1ndares sustantivos del Tratado que afecte a dicha inversi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 146). Per\u00fa tambi\u00e9n afirm\u00f3 que \u201cla fecha cr\u00edtica es aquella en que, el Estado adopta la medida controvertida, incluso cuando dicha medida represente la culminaci\u00f3n de un proceso o serie de sucesos\u201d (p\u00e1rrafo 146). Estableciendo la fecha de publicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de 2007 como la fecha cr\u00edtica, el tribunal concluy\u00f3 que tanto la Sra. Levy (en su car\u00e1cter de ciudadana francesa) como Gremcitel (posteriormente bajo el control directo de la Sra. Levy) cumpl\u00edan con los requisitos personales y temporales para calificar como \u201cinversoras\u201d.<\/p>\n

Abuso de proceso evita que el tribunal pueda ejercer su jurisdicci\u00f3n<\/em><\/p>\n

Per\u00fa aleg\u00f3 que el control de Gremcitel fue transferido a Levy debido a su nacionalidad francesa, con el \u00fanico fin de permitir a Levy Group entablar una reclamaci\u00f3n de tratado en una diferencia que \u201cera existente o previsible, y por lo dem\u00e1s puramente dom\u00e9stica\u201d (p\u00e1rrafo 85). Alegando que constitu\u00eda un abuso de proceso, Per\u00fa objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

El tribunal razon\u00f3 que una reestructuraci\u00f3n llevada adelante con la intenci\u00f3n de invocar la protecci\u00f3n del tratado no es ileg\u00edtima en s\u00ed misma. Sin embargo, llevar esto a cabo para invocar protecciones de tratado podr\u00eda constituir un abuso de proceso si una controversia futura espec\u00edfica es \u201cprevisible […] como una probabilidad muy alta y no meramente como una posible controversia\u201d, seg\u00fan la prueba del caso Pac Rim v. El Salvador<\/em> (p\u00e1rrafo 185). El tribunal coincidi\u00f3 con las demandantes en que no podr\u00eda presumirse una determinaci\u00f3n de abuso de derecho, sino que se requiere que haya un alto umbral solo \u201cen circunstancias muy excepcionales,\u201d de acuerdo con el caso Chevron and Texaco v. Venezuela<\/em> (p\u00e1rrafo 186). Posteriormente, cit\u00f3 el caso Mobil v. Venezuela<\/em> al tomar en cuenta \u201ctodas las circunstancias del caso\u201d (p\u00e1rrafo 186) para determinar si, cuando Levy adquiri\u00f3 el control de Gremcitel, la diferencia era \u201cprevisible como una probabilidad muy alta\u201d.<\/p>\n

Para el tribunal, el hecho de que la transferencia de las acciones de Gremcitel a la Sra. Levy fuera perfeccionada \u201ccon gran apremio\u201d y un d\u00eda antes de que la resoluci\u00f3n de 2007 fuera emitida no fue una mera coincidencia. Sino que el tribunal se mostr\u00f3 convencido de que las demandantes\u2014a trav\u00e9s de sus contactos en el INC\u2014tuvieron conocimiento del contenido del informe de 2005 y pudieron prever que la delimitaci\u00f3n de los terrenos ser\u00eda formalizada en 2007.<\/p>\n

Las demandantes explicaron que la transferencia de acciones fue el resultado de una decisi\u00f3n familiar de internacionalizar el proyecto. Sin embargo, el tribunal no pudo explicarse como la transferencia de acciones a un miembro de la familia con nacionalidad extranjera internacionalizar\u00eda el<\/em> proyecto<\/em>; m\u00e1s bien, coincidi\u00f3 con la opini\u00f3n de Per\u00fa de que la \u00fanica intenci\u00f3n por detr\u00e1s de la transferencia era internacionalizar la diferencia dom\u00e9stica <\/em>que cristalizar\u00eda de forma inminente para lograr acceso a arbitraje CIADI (p\u00e1rrafo 191).<\/p>\n

Adem\u00e1s, el tribunal consider\u00f3 \u201cextremadamente serio\u201d que las demandantes hayan intentado, por medio de documentos que no solo han resultado \u201cno ser fiables, si no claramente enga\u00f1osos\u201d, demostrar que la Sra. Levy ya era una accionista indirecta de Gremcitel en 2005 (p\u00e1rrafo 194). En la audiencia, la notario p\u00fablica admiti\u00f3 que en dos ocasiones, por pedido de las demandantes, hab\u00eda alterado la fecha de las resoluciones corporativas relacionadas con la transferencia de las acciones. Las demandantes utilizaron estos documentos para intentar fabricar la jurisdicci\u00f3n del tribunal, lo cual a su entender, adjudica a las demandantes \u201cun patr\u00f3n de conducta manipuladora que arroja una luz negativa sobre sus acciones\u201d (p\u00e1rrafo 194).<\/p>\n

A la luz de los hechos antedichos, el tribunal concluy\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n societaria en virtud de la cual la Sra. Levy se convirti\u00f3 en la principal accionista de Gremcitel constituy\u00f3 un abuso de proceso, lo cual impide la jurisdicci\u00f3n del tribunal en esta diferencia. Bas\u00e1ndose en consideraciones de econom\u00eda procesal, el tribunal afirm\u00f3 que era innecesario abordar la tercer objeci\u00f3n jurisdiccional presentada por Per\u00fa\u2014es decir, que las demandantes no pose\u00edan una \u201cinversi\u00f3n\u201d, ya que no pudieron demostrar que ten\u00edan derecho a desarrollar el proyecto Costazul, y que no hicieron ninguna contribuci\u00f3n monetaria ni corrieron riesgo alguno.<\/p>\n

Per\u00fa obtiene laudo sobre costos<\/em><\/h3>\n

Bas\u00e1ndose en la determinaci\u00f3n de un abuso de proceso por parte de las demandantes, el tribunal orden\u00f3 que las mismas pagasen la totalidad de los gastos del proceso, incluyendo los honorarios de los \u00e1rbitros.<\/p>\n

Las costas totales de las demandantes se elevan a m\u00e1s de US$1,5 millones, mientras que las de Per\u00fa llegan a casi US$5,3 millones. Para el tribunal, esta disparidad muestra que las demandantes buscaron minimizar los gastos del proceso, que no es el caso de Per\u00fa. Por lo tanto, consider\u00f3 justo que las demandantes pagasen a la demandada US$1,5 millones como aporte a los gastos y honorarios de la misma, osea la misma suma que las demandantes consideraron necesaria para presentar el caso.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal del CIADI estuvo compuesto por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Presidente nominada por el Presidente del Consejo Administrativo, ciudadana suiza), Eduardo Zuleta (designado por las demandantes, colombiano) y Ra\u00fal E. Vinuesa (nominado por la demandada, ciudadano argentino y espa\u00f1ol). El laudo est\u00e1 disponible en: https:\/\/ICSID<\/span>.worldbank.org\/ICSID\/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC5652_En&caseId=C1640<\/a>.<\/p>\n

Martin Dietrich Brauch<\/strong> es consejero de Derecho Internacional y asociado con sede en Latinoam\u00e9rica del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sustentable del IISD<\/span>.<\/p>\n