{"id":10119,"date":"2015-05-21T23:16:29","date_gmt":"2015-05-21T21:16:29","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2015\/05\/21\/demanda-presentada-por-inversionista-aleman-contra-las-filipinas-por-la-concesion-del-aeropuerto-de-manila-fracasa-por-segunda-vez-ante-el-ciadi\/"},"modified":"2024-08-16T20:19:38","modified_gmt":"2024-08-16T18:19:38","slug":"demanda-presentada-por-inversionista-aleman-contra-las-filipinas-por-la-concesion-del-aeropuerto-de-manila-fracasa-por-segunda-vez-ante-el-ciadi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2015\/05\/21\/demanda-presentada-por-inversionista-aleman-contra-las-filipinas-por-la-concesion-del-aeropuerto-de-manila-fracasa-por-segunda-vez-ante-el-ciadi\/","title":{"rendered":"Demanda presentada por inversionista alem\u00e1n contra las Filipinas por la concesi\u00f3n del Aeropuerto de Manila fracasa por segunda vez ante el CIADI"},"content":{"rendered":"

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines, Caso del CIADI<\/span> No.\u00a0ARB\/11\/12<\/em><\/h2>\n

Un segundo tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha llegado a la etapa de dictado del laudo en una controversia que lleva largo tiempo entre la multinacional alemana Fraport y la Rep\u00fablica de Filipinas.<\/p>\n

El tribunal del CIADI declar\u00f3 que las ilegalidades asociadas con la inversi\u00f3n inicial de Fraport dieron como resultado una falta de competencia en la materia en virtud del tratado bilateral de inversi\u00f3n (TBI<\/span>) entre Alemania y Filipinas de 1997. Al mismo tiempo, el tribunal rechaz\u00f3 su jurisdicci\u00f3n sobre las contrademandas relativas a la presunta corrupci\u00f3n y fraude de Fraport.<\/p>\n

El tribunal orden\u00f3 a Fraport a pagar US$5 millones por los honorarios y costos incurridos por las Filipinas, en la aplicaci\u00f3n parcial del principio \u201cel que pierde paga\u201d.<\/p>\n

Antecedentes<\/em><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>A principios de la d\u00e9cada de 1990, el gobierno filipino del entonces Presidente Ramos, decidi\u00f3 establecer una tercera terminal de pasajeros en el aeropuerto principal de Manila. Un consorcio local obtuvo la licitaci\u00f3n para el proyecto y constituy\u00f3 Philippines International Air Terminals Co., Inc.<\/em> (PIATCO) para llevar a cabo el contrato de concesi\u00f3n.<\/p>\n

En 1999, Fraport, una operadora aeroportuaria con vasta experiencia, compr\u00f3 acciones tanto en PIATCO y como en una \u201ccascada\u201d de empresas filipinas que pose\u00edan intereses en la misma empresa. Entre 2001 y 2002, la relaci\u00f3n entre PIATCO y el gobierno comenz\u00f3 a deteriorarse. En noviembre de 2002, a medida que la construcci\u00f3n de la nueva terminal llegaba a su fin (seg\u00fan Fraport), el entonces Presidente Macapagal-Arroyo anunci\u00f3 que el contrato de concesi\u00f3n era legalmente inv\u00e1lido y que no har\u00eda honor al mismo. En consecuencia, la Corte Suprema de Filipinas declar\u00f3 que la concesi\u00f3n era nula desde el principio. Conforme al procedimiento de expropiaci\u00f3n establecido en la legislaci\u00f3n interna, un tribunal transfiri\u00f3 la posesi\u00f3n de la terminal al gobierno, que comenz\u00f3 a operarla en 2008. El procedimiento del tribunal nacional para determinar el monto de compensaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 en curso.<\/p>\n

En 2007, un primer tribunal del CIADI desestim\u00f3 la demanda de Fraport en virtud del TBI entre Alemania y las Filipinas declarando que la misma evad\u00eda una ley interna (es decir, la ley \u201cAnti-Dummy<\/em>\u201d).\u00a0No obstante, en 2010, un comit\u00e9 ad hoc<\/em>del CIADI anul\u00f3 el laudo de 2007.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la anulaci\u00f3n del laudo de 2007, Fraport present\u00f3 una nueva solicitud de arbitraje ante el CIADI en 2011.<\/p>\n

Admisi\u00f3n como condici\u00f3n precedente a la inversi\u00f3n<\/em><\/h3>\n

Las Filipinas objet\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del tribunal en base a que el negocio de Fraport no hab\u00eda sido aceptado en conformidad con la legislaci\u00f3n interna, y por lo tanto, no calificaba como una inversi\u00f3n en el marco del TBI.<\/p>\n

El Art\u00edculo 1(1) de este Tratado define \u201cinversi\u00f3n\u201d como \u201ctodo tipo de activo aceptado de acuerdo con las respectivas leyes y regulaciones de cada Estado Contratante\u201d. Si bien Fraport intent\u00f3 alegar que el lenguaje deber\u00eda ser entendido como una \u201ccl\u00e1usula de admisi\u00f3n\u201d, el tribunal determin\u00f3 que se trataba de un \u201crequisito de legalidad\u201d. Luego, el tribunal se remiti\u00f3 al caso EDF International and others v. Argentina<\/em> y observ\u00f3: \u201cAunque no est\u00e9 presente la especie de requisito de legalidad expl\u00edcita que existe en este caso, aun ser\u00eda apropiado considerar la legalidad de la inversi\u00f3n. Tal como han reconocido otros tribunales, existe un principio internacional bien establecido que excluye la aplicaci\u00f3n de remedios legales internacionales respecto de inversiones ilegales, al menos cuando tal ilegalidad apunte a la esencia de la inversi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 332). [La traducci\u00f3n nos pertenece]\n

\u00a0No se admite inversi\u00f3n debido a violaci\u00f3n de legislaci\u00f3n interna<\/em><\/h3>\n

Las Filipinas argument\u00f3 con \u00e9xito que los acuerdos relativos a las acciones a trav\u00e9s de los cuales Fraport invirti\u00f3 en PIATCO y sus afiliadas generaron el incumplimiento de legislaci\u00f3n interna. La Ley Anti-Dummy<\/em> proh\u00edbe la intervenci\u00f3n extranjera en el manejo, operaci\u00f3n, administraci\u00f3n o control de un servicio p\u00fablico; sin embargo, los acuerdos de compra de acciones de Fraport dictaban que los accionistas filipinos en PIATCO, en ciertas circunstancias, deb\u00edan actuar bajo recomendaci\u00f3n de Fraport. El tribunal reconoci\u00f3 que estos acuerdos violaron la legislaci\u00f3n nacional y que la empresa no hab\u00eda sido \u201cadmitida\u201d en conformidad con el Art\u00edculo 1(1) del TBI. Por lo tanto, no hab\u00eda una \u201cinversi\u00f3n\u201d a los efectos de dar lugar a la jurisdicci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n

Fraport sugiri\u00f3, infructuosamente, que los acuerdos accionarios constituyeran una mera \u201cplanificaci\u00f3n\u201d para intervenir en el manejo, operaci\u00f3n, administraci\u00f3n o control de PIATCO y que dicho plan no era una raz\u00f3n suficiente para que el tribunal declarara la violaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n nacional. Fraport tambi\u00e9n afirm\u00f3 que hab\u00eda modificado los acuerdos accionarios que se encontraban en falta, pero el tribunal concluy\u00f3 que, a los efectos de la legislaci\u00f3n nacional, la infracci\u00f3n original no podr\u00eda ser subsanada. Finalmente, el tribunal no acept\u00f3 que Fraport hubiera actuado meramente de buena fe conforme las recomendaciones de la defensa local. En cambio, encontr\u00f3 que lo hab\u00eda hecho a sabiendas de la ilegalidad, y no obstante, decidi\u00f3 tomar el riesgo.<\/p>\n

Acusaciones de corrupci\u00f3n y fraude no sustanciadas<\/em><\/h3>\n

El tribunal tambi\u00e9n consider\u00f3 si la jurisdicci\u00f3n estaba corrompida y si las demandas eran inadmisibles como resultado de la corrupci\u00f3n y fraude de Fraport. Sostuvo que, en virtud de la dificultad de probar la corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de evidencia directa, podr\u00eda considerarse la prueba circunstancial, pero debe ser clara y contundente como para convencer razonablemente al tribunal de que los hechos hab\u00edan ocurrido tal como se alegaron. En este caso, luego de examinar las presentaciones y la evidencia subyacente, el tribunal no se mostr\u00f3 satisfecho con el cumplimiento de este est\u00e1ndar.<\/p>\n

No hay jurisdicci\u00f3n sobre contrademandas<\/em><\/h3>\n

Filipinas entabl\u00f3 doce contrademandas, bas\u00e1ndose, primordialmente en el hecho de que la demora en la finalizaci\u00f3n de la nueva terminal era adjudicable a Fraport o a PIATCO. Aleg\u00f3 que la referencia a \u201ctodo tipo de divergencias […] concernientes a una inversi\u00f3n\u201d en el Art\u00edculo 9 del TBI, representa el consentimiento de las partes a admitir el arbitraje de contrademandas. Adem\u00e1s argument\u00f3 que la estrecha conexi\u00f3n f\u00e1ctica entre la demanda original y las contrademandas implica que las mismas surgieron directamente del objeto de la disputa conforme la Regla de Arbitraje 40(1) del CIADI.<\/p>\n

Despu\u00e9s de declarar que no ten\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre los reclamos presentados por Fraport, el tribunal concluy\u00f3 que consecuentemente carec\u00eda de competencia para atender las contrademandas presentadas por la accionada, considerando su conexi\u00f3n necesaria con el objeto de la diferencia, conforme al Art\u00edculo 46 del Convenio del CIADI.<\/p>\n

Principio \u201cel que pierde paga\u201d es apropiado hasta cierto punto<\/em><\/p>\n

El tribunal remarc\u00f3 que, si bien tradicionalmente las partes de un arbitraje en materia de inversi\u00f3n deben asumir sus propias costas legales y compartir los costos del arbitraje equitativamente, existe un n\u00famero de casos que no han seguido este principio, asignando las costas y costos en base al principio de \u201cel que pierde paga\u201d. Bajo las circunstancias de este arbitraje en particular, concluy\u00f3 que en cierto grado ser\u00eda apropiado aplicar dicho principio, y orden\u00f3 que Fraport pagase US$5 millones para cubrir los honorarios y gastos incurridos por la demandada.<\/p>\n

Notas<\/em>: el tribunal estuvo compuesto por Piero Bernardini (Presidente designado por acuerdo mutuo de las partes, ciudadano italiano), Stanimir A. Alexandrov (nominado por la demandante, ciudadano b\u00falgaro) y Albert Jan van den Berg\u00a0(nominado por la demandada, holand\u00e9s). El laudo final del 10 de diciembre de 2014 se encuentra disponible en: http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw4114.pdf<\/a><\/p>\n

Matthew Levine<\/strong> es abogado canadiense y contribuidor del Programa de Inversi\u00f3n para el Desarrollo Sustentable del IISD<\/span>.<\/p>\n