Sistema judicial de inversiones del AECG avanza hacia la implementación mientras que activistas irlandeses lanzan campaña para detener la ratificación
Cuatro decisiones adoptadas por Canadá y la Unión Europea el 29 de enero han acercado a las partes a concretar la implementación del Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) bajo el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). Las decisiones sobre apelación, interpretación, código de conducta y mediación fueron aprobadas formalmente por el Comité Mixto y el Comité de Servicios e Inversión del AECG (CSI) y entrará en vigor una vez que la disposición sobre solución de controversias del AECG entre en vigencia.
Mientras que la aplicación provisional el AECG comenzó en septiembre de 2017, la mayor parte de su Capítulo Ocho, el cual incluye disposiciones de solución de controversias entre inversionista y Estado, entrará en vigencia sólo cuando cada Estado Miembro de la UE ratifique el acuerdo—hasta el momento, 15 de 27 Estados han notificado la ratificación del AECG.
Las decisiones adoptadas el 29 de enero establecen las normas relativas al funcionamiento del Tribunal de Apelación, incluyendo su composición y procedimientos para modificar y anular las constataciones y conclusiones del STI. Las normas de mediación, que procuran facilitar una solución de controversias amigable, también fueron aprobadas.
El Código de Conducta adoptado por los magistrados del STI establece obligaciones de divulgación explícita, confidencialidad, independencia e imparcialidad, y prohíbe a los miembros del anterior Tribunal o del Tribunal de Apelación que actúen como representantes ante el Tribunal o el Tribunal de Apelación durante un período de tres años a partir del final de su mandato. La cuarta decisión adoptada establece las normas que rigen las interpretaciones vinculantes del Comité Mixto del AECG, garantizando que las disposiciones sean interpretadas como se pretendía originalmente.
Irlanda
A menudo descripto como un acuerdo comercial de «segunda generación «, ya que otorga expresamente espacio a los Gobiernos para regular en aras del interés público, el AECG, no obstante, enfrenta una creciente oposición de grupos de activistas irlandeses, país en el cual el Parlamento pospuso la votación para ratificar el acuerdo el pasado diciembre, después de una gran protesta pública. Entre las inquietudes de los activistas se incluyen la soberanía alimentaria de dicho país y el impacto sobre la sostenibilidad a largo plazo de los pequeños productores. El grupo creado recientemente, Stop CETA Ireland, lanzó una campaña contra la ratificación del AECG en febrero, que ya tiene casi 1.500 seguidores en Twitter.
Para Attracta Uí Bhroin, de la red Irish Environmental Network, la implementación del STI podría permitir que las empresas demanden a los Estados Miembros de la UE «por promulgar regulaciones progresivas». «Resulta absolutamente crucial que los individuos que no solo se preocupen por el medio ambiente, sino también por el impacto en sus bolsillos y el pago de impuestos, se dirijan a sus TD locales (Miembros del Parlamento irlandés) para expresar sus inquietudes y reclamen que no hubo suficiente debate público», añadió durante una entrevista a Action From Ireland (Afri) en YouTube channel.